El gobierno de Daniel Ortega ya le pagó a Costa Rica la indemnización de $378.890 (¢216,7 millones) por los daños ocasionados en la punta norte de isla Calero, conocida como isla Portillos, en el extremo norte de la provincia de Limón.
El dinero se depositó mediante una transferencia internacional a la cuenta reserva del Ministerio de Hacienda, en el Banco Central de Costa Rica, el 7 de marzo anterior, en acatamiento a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), del pasado 2 de febrero.
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Ese fue el monto que la CIJ fijó como compensación por los daños materiales causados en Calero, tras las invasiones del ejercito nicaragüense a ese territorio costarricense desde el 2010.
El pago se hizo casi un mes antes de la fecha límite del 2 de abril que habían fijado los jueces del alto tribunal de La Haya, Holanda.
Así lo constató el gobierno, luego de que el canciller nicaragüense, Denis Moncada, informara a su homólogo costarricense, Manuel González, sobre el depósito, en una nota diplomática con fecha del 9 de marzo del 2018.
"Hemos verificado que el monto fue debidamente acreditado, por lo que nos complace que el Gobierno de Nicaragua haya cumplido su obligación hacia Costa Rica, según lo dispuso la Corte Internacional de Justicia. Acciones como esta contribuyen a que ambos países puedan gradualmente construir una mejor relación, para beneficio de sus pueblos", dijo González en un comunicado de prensa.
El monto desembolsado por Nicaragua incluye el pago de intereses desde diciembre del 2015 a una tasa del 4%.
En un principio, el gobierno de Ortega solo pretendía pagar $188.000, mientras que Costa Rica determinó, mediante estudios ambientales, que el monto a pagar era de $6,7 millones. Al final los jueces establecieron una cifra intermedia.
El 7 de junio del año pasado fue cuando el gobierno de Luis Guillermo Solís pidió a la Corte de La Haya determinar el monto de la indemnización, ante la negativa de Nicaragua de realizar el pago.
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Desde el 16 de diciembre del 2015, ese tribunal dispuso que Nicaragua tenía la obligación de pagar por los daños causados.
"Nicaragua ha realizado varias actividades en el territorio bajo disputa desde el 2010, lo que incluye excavar tres caños y establecer una presencia militar en algunas partes del territorio, estas actividades violaron la soberanía territorial de Costa Rica. Nicaragua es responsable por tales violaciones, por lo tanto tiene la obligación de indemnizar por los daños causados por sus actividades ilícitas", dijo ese día el presidente de la Corte, Ronny Abraham.