Cinco municipalidades les pagaron dietas a 24 regidores y síndicos que asistieron a las sesiones de sus respectivos concejos municipales, pese a que se encontraban incapacitados.

Entre enero del 2017 y abril del 2019, los ayuntamientos de San José, Alajuela, Cartago, San Carlos y Desamparados cancelaron ¢12,6 millones a ediles que tenían órdenes de incapacidad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del Instituto Nacional de Seguros (INS).

El hallazgo lo hizo la Contraloría General de la República (CGR), al revisar los desembolsos de los gobiernos locales que gastan más dinero en dietas. En conjunto, esos cantones destinan ¢3.054 millones por año a ese rubro.

La CGR determinó que los pagos son irregulares porque el Reglamento para el Otorgamiento de Incapacidades y Licencias a los Beneficiarios del Seguro de Salud de la CCSS establece que, durante la incapacidad, el asegurado queda inhabilitado para desempeñar cualquier actividad "remunerada y no remunerada, pública o privada, tanto en su horario ordinario, como fuera de él, así como cualquier actividad intelectual, física o recreativa que interfiera con la recomendación médica”.

Según el reporte del ente contralor, en Desamparados fue donde se hizo el mayor gasto en dietas de servidores incapacitados, con un monto que ascendió a ¢6,7 millones.

En San José, en tanto, los pagos sumaron ¢2,8 millones; en Alajuela ¢1,9 millones; en Cartago ¢950.000 y en San Carlos ¢190.000.

Según el ente contralor, las municipalidades investigadas carecen de controles para verificar si alguno de los miembros de sus Concejos Municipales –conformados por regidores y síndicos, propietarios y suplentes– está incapacitado y, por tanto, inhabilitado para acudir a las sesiones municipales.

Por orden de la Contraloría, los cinco gobiernos locales deberán recuperar las sumas pagadas de forma anómala. El plan para el cumplimiento de dicha orden deberán presentarlo a más tardar el 16 de diciembre.

Las dietas son los pagos que reciben los regidores y síndicos por asistir a las sesiones semanales del Concejo Municipal, el órgano que ejerce el control político de cada cantón. Pueden cobrar el beneficio los miembros que lleguen dentro de los primeros quince minutos de cada sesión.

La Municipalidad de Alajuela paga las dietas más altas del país. El año pasado, un regidor podía cobrar hasta ¢1,6 millones al mes, un monto que excedía en más de ¢500.000 la suma que recibían los directivos del Banco Central. El costo total de cada sesión ascendía a ¢7 millones, luego de sumar los pagos a cada uno de los 50 integrantes del Concejo.

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El estudio del ente contralor también encontró que las municipalidades fiscalizadas tampoco disponen de un registro de asistencia efectivo, que permita verificar que los miembros del Concejo llegan a tiempo y permanecen durante toda la duración de cada sesión. Para solventar la falencia, la CGR ordenó la implementación de un método tecnológico de control de asistencia al Concejo.

Sesiones pagadas pese a prohibición

La inspección de la Contraloría identificó que, entre el 2017 y el 2019, en varias ocasiones las municipalidades de Cartago y Desamparados pagaron dietas por dos o más sesiones semanales del Concejo, pese a que el artículo 30 del Código Municipal establece que solo corresponde el pago de una reunión por semana.

Según el ente contralor, los pagos de más se hicieron como consecuencia de cambios que hicieron los ediles en las fechas de sus sesiones ordinarias de diciembre y de Semana Santa, con lo cual varias reuniones coincidieron en una misma semana.

La Contraloría se remitió a criterios propios y otro de la Procuraduría General de la República, en los que se indica que por ley solo corresponde el pago de una sesión ordinaria a la semana. Y, si por algún motivo se realizan más convocatorias, las mismas no generan ninguna obligación de pago.

No obstante, en Cartago se pagaron ¢10,3 millones por cuatro reuniones reprogramadas; mientras que Desamparados gastó ¢35,7 millones por el mismo motivo.

El ente contralor concluyó que las municipalidades fiscalizadas pagaron dietas “al margen del ordenamiento jurídico aplicable y en perjuicio de las finanzas municipales”, por lo cual les ordenó implementar un reglamento que señale a los responsables de determinar la procedencia de los pagos de dietas.