Rebeca Madrigal Q.. 18 octubre, 2019
La Municipalidad de Escazú fue una de las investigadas por la Contraloría. Archivo de La Nación
La Municipalidad de Escazú fue una de las investigadas por la Contraloría. Archivo de La Nación

Un funcionario de la Municipalidad de Escazú recibió, entre octubre del 2018 y junio del 2019, un monto de ¢130.000 colones mensuales por un incentivo llamado “prohibición por trabajo”, el cual ni siquiera tiene sustento jurídico.

El mismo funcionario recibió un 65% adicional al salario base por prohibición, aunque este plus solo corresponde a algunos puestos y oficios. Su puesto es el de coordinador de la Ventanilla Única de atención al Ciudadano y al Gestor de Cobros, en el que no aplica la prohibición.

La municipalidad argumenta que el funcionario recibe el plus de prohibición porque un juez ordenó mantener las mismas condiciones que tenía en el puesto anterior, aunque ya no ejerza funciones que lo ameriten.

Ese es uno de los casos que detectó la Contraloría General de la República (CGR) en cuatro informes de fiscalización de incentivos en las municipalidades de Carrillo, La Cruz, Escazú y Heredia.

“En dos municipalidades se determinó el reconocimiento de porcentajes o montos mayores a los establecidos por la normativa, tanto en prohibición como dedicación exclusiva. En los cuatro municipios se detectó la falta legal para reconocer el incentivo de prohibición”, señaló Francisco Hernández, asistente técnico del área de Desarrollo Local de la Contraloría,

La investigación también encontró irregularidades en el pago de anualidades, pues en todos los casos estudiados este incentivo se paga sin ningún tipo de evaluación de por medio.

En la misma municipalidad de Escazú se reconocen tres incentivos que tienen la misma naturaleza: reconocer la antigüedad. Estos son mérito, antigüedad y anualidad, que se pagan con 4%, 3% y 4% del salario base, respectivamente. Todos están establecidos en la convención colectiva.

Pagos improcedentes

Por ejemplo, en la municipalidad de Carrillo, dos funcionarios de confianza, el asesor legal del Consejo y un asesor de la alcaldía, reciben un 65% adicional de su salario por prohibición, pese a que este tipo de empleados no recibe esa remuneración.

Allí mismo, se otorgó el reconocimiento por el incentivo de dedicación exclusiva a funcionarios con grados académicos de licenciatura en carreras que no tienen afinidad al puesto.

En la Municipalidad de Heredia tampoco consta, tal como lo exige la ley, la documentación que respalde el pago de dedicación exclusiva a sus funcionarios, ni el respaldo para el pago de puntos de carrera profesional.

La Contraloría General mostró dudas con respecto al pago de prohibición de algunos funcionarios en las municipalidades de Heredia y La Cruz.

Los incentivos en estas municipalidades significan más de ¢6.000 millones para este año: ¢2.931 en Escazú, ¢1.768 en Heredia, ¢2.788 en Carrillo y ¢546 en La Cruz.

Los datos constan en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos de la CGR.

Sobre la aplicación de la reforma fiscal, el órgano contralor no entró en una revisión de su cumplimiento en cuanto a los ajustes en los pluses porcentuales que deben pagarse, desde diciembre del año pasado, en montos fijos nominales.