Los contribuyentes de al menos nueve municipalidades siguen pagando a sus funcionarios anualidades superiores a las que estableció la reforma fiscal.
Así consta en los presupuestos públicos 2020 presentados a la Contraloría General de la República (CGR) por los gobiernos locales de Talamanca, Pococí, Quepos, Turrialba, Pérez Zeledón, Garabito, San Ramón, Corredores y Limón.
Allí las anualidades se reconocen todavía en términos porcentuales entre 3% y 4% del salario base, pese a que la reforma fiscal fijó montos nominales (calculados con base en salarios de julio del 2018) basados en 1,94% para salarios profesionales y 2,94% para no profesionales, a partir del 4 de diciembre del 2018.
Para mantener ese cálculo, los municipios se fundamentaron en las convenciones colectivas vigentes; algunas cumplen décadas sin renegociar y otras han sido renegociadas, recientemente, al margen de la reforma fiscal.
En este último caso están Pérez Zeledón y San Ramón, que reconocieron, pese a la entrada en vigencia de la reforma fiscal, anualidades de 3% en sus pactos colectivos homologados, por error, por el Ministerio de Trabajo posterior a la publicación de esta ley.
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La Procuraduría General de la República (PGR) ha advertido, en reiterados criterios, sobre la imposibilidad de que las convenciones colectivas estén por encima de la ley fiscal. Esto porque interpreta que anualidades y otros incentivos concedidos en esos pactos, se deben ajustar al nuevo marco legal.
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En otros casos, como la Municipalidad de Talamanca, su alcalde Marvin Gómez argumentó ante la CGR que se debía ajustar a la convención colectiva porque el sindicato de dicho ayuntamiento así lo advirtió.
Gómez respondió, ante una solicitud de aclaración de la CGR, que el pago de los incentivos de anualidad se aplica de acuerdo con la convención colectiva, “la cual se encuentra vigente y es de tratamiento obligatorio para las partes que la suscriban”, indicó.
Añadió a su respuesta un documento del Sindicato de Trabajadores de Limón, en que el que amenazan a las autoridades municipales sobre posibles incumplimientos de la convención colectiva.
El secretario general del sindicato, Winston Norman Scott, firmó un texto donde dice: “Solicito que se incluyan en el presupuesto para el periodo 2020 todos los beneficios convencionales para los funcionarios, partidas para el sindicato, de lo contrario tendríamos a presentar la denuncia ante la CGR solicitándoles la no tramitación del presupuesto”.
Dicha convención colectiva está vigente desde 1998 sin que se haya renegociado un nuevo pacto.
En Quepos, Diana Ramírez, encargada de Recursos Humanos, explicó que los funcionarios actuales recibirán el porcentaje de 4% hasta que el Ministerio de Trabajo homologue el convenio recién negociado y ajustado a la reforma fiscal. Mientras tanto, los funcionarios reciben pagos porcentuales sobre esa cifra.
Por otro lado, la Municipalidad de Corredores se impuso su propio plazo para la aplicación de la ley fiscal.
El 4% que aplican en ese municipio se congeló a partir del 2020 y no de julio del 2018.
“Para el presupuesto ordinario 2020, la retribución por anualidades se tomó de la siguiente manera: Las anualidades de años anteriores se tomaron al 4% sobre salario base según convención colectiva, dicha anualidades quedan a partir 2020 monto fijo. Las anualidades del periodo 2020 se calcularon al 1,94% para profesionales y al 2,54% para técnicos y otros según la nueva Ley de Fortalecimiento”, argumentó dicho gobierno local ante la CGR.
Otro gobierno local que paga el mismo porcentaje es Garabito. En la base legal del pago de incentivos entregada a la CGR consta la cifra reconocida y se aclara que la convención colectiva está vigente.
La Municipalidad de Pococí mantiene la anualidad del 3% “hasta la negociación de la convención colectiva”, mientras que el mismo porcentaje se mantiene en la Municipalidad de Limón, donde además se siguen pagando los salarios de forma bisemanal, lo cual quedó derogado con la ley fiscal.
En Turrialba, la municipalidad empezará a reconocer las nuevas anualidades de la reforma fiscal a partir del 2020, pues en el 2019 se mantuvieron con el mismo pago del 3%, según consta en una aclaración hecha a la CGR durante la tramitación de su presupuesto.