El polémico enclave portuario en bahía Portete se construyó en tierras que la Municipalidad de Limón debía supervisar.
A esa conclusión llegó el Registro Nacional tras realizar un análisis de documentos y planos catastrados de la zona, a solicitud de la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico, la cual investiga la edificación del muelle ilegal, donde la Policía capturó, en noviembre de 2014, una lancha cargada con marihuana comprimida.
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Según dicha institución, esa tierra donde se ubica el embarcadero de 22.000 m² forma parte de la zona marítimo-terrestre (ZMT), que debe ser administrada por el Ayuntamiento.
"La zona de estudio se encuentra dentro del área en la que es aplicable la ley N.° 6.043 de ZMT, delimitada en la actualidad por el Instituto Geográfico Nacional", señala el informe entregado a los diputados.
El criterio del Registro Nacional viene a despejar las dudas sobre quién era el responsable de custodíar ese terreno y por ende, de evitar la construcción del enclave portuario.
Inicialmente, el alcalde de Limón, Néstor Mattis, negó ante los diputados que el municipio tuviese responsabilidad sobre esas tierra. Argumentó que esa propiedad no era del gobierno local, sino que estaba a nombre del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
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Esa versión fue desmentida por el ICT y ahora también rechazada por el Registro Nacional con base en el artículo 35 de la ley de ZMT, el cual reza: "Las municipalidades correspondientes mantendrán bajo su custodia y administración las áreas de la zona marítimo terrestre no reducidas a dominio privado mediante título legítimo".
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Por la construcción del embarcadero, la Fiscalía acusó a siete personas por un supuesto delito de usurpación de bienes de dominio público.
Uno de los imputados es el empresario limonense Gilberth Bell Fernández, apodado Macho Coca, quien fue arrestado como sospechoso de liderar una organización de tráfico de drogas.
Bell admitió ante el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) haber construido el muelle ilegal y se atribuyó la posesión de los terrenos contiguos. Así consta en los documentos que envió, el 28 de julio pasado, cuando gestionó un permiso para descargar mariscos en ese sitio.
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