EscucharLa fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) podría pedir a miembros del Poder Ejecutivo que asistan en los próximos días ante el plenario del Congreso, para que rindan un informe de las actuaciones del Gobierno en materia de seguridad y violencia.
No obstante, será hasta el próximo lunes que los diputados socialcristianos determinarán si interpelan al ministro de Seguridad Pública, Juan Diego Castro, o al ministro de Información, Alejandro Soto, explicó el jefe de fracción socialcristiano Bernal Aragón.
La invitación para que funcionarios del Ejecutivo asistan al Congreso a rendir cuentas se fundamenta en que ellos estiman que las autoridades nacionales perdieron el manejo del secuestro de Regula Susana Siegfried y Nicola Fleuchaus.
"Es el colmo que en algo tan delicado como esto (el secuestro) tengan más información los medios de comunicación del país que los funcionarios del Gobierno. Eso es serio y grave, que la prensa maneje información clasificada y el ministro de Información, Alejandro Soto, no", expresó Aragón.
La invitación a Castro quedará sujeta a la evaluación de los socialcristianos de las implicaciones que todavía tendría sobre el funcionario, el voto de censura que le impuso el Congreso el pasado 14 de diciembre. No obstante, el PUSC es del criterio de que debe "pedir un informe sobre el manejo de la seguridad del país".
La decisión del Congreso sobre Castro fue apoyada en esa oportunidad por la mayoría de los diputados, quienes reaccionaron ante sus comentarios sobre el Congreso. También fue determinante en el rompimiento de relaciones del Ministro con los diputados el haber realizado una "parada" frente al Parlamento, con efectivos de Seguridad Pública.
"Nuestra policía quedó ayuna de información y realizan un operativo policiaco estético para limpiar la mala imagen", comentó Aragón.
Abordado sobre el mismo tema, ayer el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Luis Gerardo Villanueva, se mostró a favor de que personeros de Gobierno hicieran un diagnóstico de la situación en materia de seguridad y el secuestro, que duró 71 días.
"El Gobierno debe ser transparente. Estamos ante la presencia de delincuentes que podrían actuar en objetivos políticos, si no personales o turísticos", comentó.
Villanueva no objetó que fuera Castro el que acudiera ante el plenario legislativo, pero prefirió que lo hiciera Soto, pues este había tenido un mayor protagonismo en la comisión oficial que atendió el secuestro.
