Steven Núñez, ministro de Trabajo, declaró en el Congreso que el Gobierno procurará que las convenciones colectivas que se renegocien en este periodo fijen ocho años para el pago de la cesantía, tal como lo establece el Código de Trabajo y como se paga a la mayoría de empleados del sector privado.
En comparecencia ante los diputados de la comisión de reforma fiscal, el jerarca sostuvo que el Ministerio de Trabajo se apegará al tope establecido en el Código. Actualmente, casi 30 instituciones públicas pagan hasta 20 años de cesantía a sus empleados, aun si el empleado renuncia.
Así lo hacen en acuerdo con los sindicatos mediante convenciones colectivas. En algunas municipalidades, ni siquiera existe tope.
Sin embargo, en el último mes, la Sala Constitucional estableció un tope de 12 años para el pago de cesantía y declaró inconstitucional que se pague la indemnización a funcionarios que renuncian.
Solo este año, se podrán renegociar 15 convenciones colectivas.
Si bien el Ministerio de Trabajo es la entidad que homologa las convenciones colectivas, los jerarcas y sindicatos tienen libertad de negociar.
La directora de Asuntos Laborales del MTSS, Adriana Quesada, aseguró a La Nación, que la labor de homologar conlleva solo revisar los derechos mínimos, pero no interviene en los topes.
Núñez acudió a la Asamblea Legislativa para defender las reformas a empleo público que está en la reforma fiscal, denominado proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Con el texto actual, fijaría las anualidades entre un 1,94% y un 2,54% del salario base, además de que concedería rango legal al pago de dedicación exclusiva y mantendría los porcentajes vigentes para el pago de prohibición.
Así como está, la reforma lesionaría las iniciativas del Gobierno para ahorrar en salarios en los próximos meses, pues el Ministerio de Hacienda tomó medidas más profundas por la vía ejecutiva.
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Al respecto, el ministro no se refirió a posibles cambios que pretenda introducir la administración Alvarado Quesada en una nueva reforma de empleo público.
Pese a las reiteradas consultas de los diputados, Núñez no pudo responder el impacto a las finanzas públicas que tendrán los cambios en los pluses salariales.
El jerarca relegó las consultas sobre el impacto y posibles cambios al salario escolar a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.
Además, confirmó a los diputados que el Ministerio de Planificación es la entidad que presentará una reforma al empleo público, que es un compromiso de gobierno por cumplirse en el plazo de un año.
Lo que sí confirmó el ministro y exdiputado es que la reforma a empleo público no afectará a los funcionarios actuales.
La diputada Silvia Hernández, de Liberación Nacional (PLN), indicó que Núñez era el indicado para responder estas consultas, pero no lo hizo.
Núñez también fue consultado por acciones de reactivación económica por el diputado socialcristiano, Pedro Muñoz, a lo cual respondió que se están haciendo esfuerzos en el teletrabajo en el sector público.