Sofía Chinchilla C.. 30 enero
Steven Núñez, ministro de Trabajo (centro) se dirigió a los diputados de la comisión que analiza el proyecto de ley que definiría los servicios públicos considerados esenciales. Lo acompañaron Ricardo Marín, viceministro del Área Laboral y Adriana Víquez, directora jurídica del Ministerio de Trabajo. Foto: José Díaz / Agencia Ojo por Ojo.
Steven Núñez, ministro de Trabajo (centro) se dirigió a los diputados de la comisión que analiza el proyecto de ley que definiría los servicios públicos considerados esenciales. Lo acompañaron Ricardo Marín, viceministro del Área Laboral y Adriana Víquez, directora jurídica del Ministerio de Trabajo. Foto: José Díaz / Agencia Ojo por Ojo.

El Ministerio de Trabajo les sugirió a los diputados crear una categoría de servicios públicos “trascendentales”, en los cuales los sindicatos tendrían que garantizar una operación mínima en caso de huelga.

Ricardo Marín, viceministro del área Laboral, afirmó que ese sería el caso, por ejemplo, de los servicios del Ministerio de Educación Pública (MEP) o de Internet. Alegó que, aunque su suspensión no significa un peligro inmediato para la vida, la seguridad o la salud; sí habría serias consecuencias en caso de una interrupción prolongada.

La recomendación del Ministerio es que dichos planes se materialicen como protocolos o normas institucionalizadas, para cada institución que preste el servicio fundamental y sus sindicatos.

"Planes preventivos, por ejemplo, que el grupo colectivo de trabajadores o el sindicato le avise en este caso al empleador, sea público o privado, cómo va a ser ese plan reparador, cómo va a ser ese preaviso, con unos días de anticipación de la huelga, cuál va a ser la afectación, cómo van a brindar esos servicios mínimos, y de manera inmediata cómo interactuar las maneras de resolución alterna de conflictos y que no se prolongue", explicó Marín.

Trabajo propone que en los servicios trascendentales, cuando se inicien huelgas, de forma paralela al servicio mínimo se activen procesos de resolución alternativa de conflictos, para evitar que la protesta se extienda y afecte los derechos fundamentales de la población.

Steven Núñez, ministro de Trabajo, explicó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que la suspensión prolongada en la prestación de un servicio no esencial podría acarrear consecuencias graves para la población, en la misma medida que los servicios considerados fundamentales, como los de salud y de seguridad pública.

El jerarca ofreció la visión a los diputados de la comisión de Asuntos Sociales del Congreso, donde se analiza un proyecto de ley que declararía en cuáles servicios públicos esenciales se restringirían las huelgas.

Las autoridades laborares sugirieron a los legisladores que, en dicha iniciativa, se contemple la creación de planes que garanticen un funcionamiento mínimo en las instituciones cuyos servicios se consideren trascendentales, en caso de que sus funcionarios inicien una huelga.

Así, la institución sabría con anticipación de cuál personal dispondría y podría tomar las previsiones necesarias.

Marín planteó que los diputados valoren la posibilidad de que la garantía de servicio mínimo se extienda inclusive a los servicios que actualmente se consideran esenciales y donde las huelgas están prohibidas, para proteger el derecho de los funcionarios de participar en movimientos de protesta y a la vez asegurar que los servicios más básicos no se suspendan.

De acuerdo con el jerarca, dicha afectación en los servicios educativos quedó demostrada en la huelga de maestros del año anterior, en la cual los docentes se ausentaron de las aulas durante 89 días.

“Si lo llevamos a la huelga de 89 días y consideramos la prolongación y la afectación sobre las personas menores de edad estudiantes, y por la apuesta que ha hecho Costa Rica desde 1948 que se dio la abolición del ejército, y teniendo presente que damos alrededor del 7% del PIB a educación, considero que Costa Rica tomó una ruta y, por ende, teniendo en cuenta ese contexto de 89 días en donde personas perdieron su ciclo formativo, debe ser un servicio esencial”, declaró el ministro.

Núñez, además, pidió a los diputados que agreguen los servicios carcelarios y telefónicos en la lista de las actividades consideradas esenciales.

El proyecto de ley que analiza la comisión ya plantea que se declaren esenciales, entre otros, el suministro de combustibles, agua potable, alimentos, electricidad y medicamentos, además de los servicios de aeropuertos nacionales e internacionales.

También, contempla los comedores escolares, la recolección de basura y la atención médica de menores en la red de cuido, así como la educación pública, la seguridad ciudadana, la educación pública y la resolución jurisdiccional de conflictos como servicios esenciales.

En la actualidad, los juzgados laborales califican si un servicio público es esencial o no amparados en la Reforma Procesal Laboral. En una resolución reciente, por ejemplo, un tribunal declaró que el suministro de combustible de Recope no es esencial.

La posición que expuso el Ministerio de Trabajo sobre los servicios educativos dista de la que defendió en la misma comisión Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), quien se opone a que la educación se considere un servicio esencial, por considerar que su suspensión no pone en riesgo la vida de los estudiantes.

En cambio, la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) sí manifestó que la educación puede considerarse un servicio esencial si una huelga se extiende por un tiempo prolongado.