El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, les pidió a los diputados elevar las sanciones por el bloqueo de vías durante movimientos de huelga.

La petición la hizo en una comparecencia, este lunes, ante la Comisión Especial sobre Huelgas de la Asamblea Legislativa.

Durante su exposición, Soto sostuvo que también se debe explicar mejor el verbo “dificultare” referido al tránsito en vías nacionales, que está en el artículo 263 bis del Código Penal, porque existen estrategias de los manifestantes para impedir y prácticamente bloquear el derecho de paso de personas ajenas a las manifestaciones.

“Hay una modalidad que nos generó muchísimas dificultades, lo que se conoce como tortuguismo. En el artículo 263 bis, se habla de quien ‘dificultare’ el tránsito, pero eso genera un gran vacío, porque tortuguismo como tal podría ser más amplio”, comentó el jerarca.

Soto puso como ejemplo la técnica del círculo. Esta se usa cuando manifestantes caminan 100 o 200 metros, luego se devuelven sobre sus pasos y hacen una especie de círculo en la carretera.

De esa forma, alegaban que no estaban obstaculizando totalmente el tránsito, sino solamente caminar lentamente.

Hoy, ese artículo dice así: “Se impondrá pena de diez a treinta días de prisión a quien, sin autorización de las autoridades competentes, impidiere, obstruyere o dificultare, en alguna forma, el tránsito vehicular o el movimiento de transeúntes”.

El jerarca agregó: “En manifestaciones de servicios de transporte también la usan. Se vuelve muy difícil de perseguir porque, aunque el verbo definitorio es ‘dificultare’, hay un vacío y las personas que lo hacen tienen muy claro que la sanción es de 10 a 30 días multa, lo que no acarrea realmente la sanción”.

Añadió que, finalmente, la afectación para el resto de la población es significativa.

En cuanto al costo de la atención de la huelga nacional, Michael Soto detalló que solo en la primera semana se gastaron ¢86 millones por parte del Ministerio de Seguridad Pública.

No obstante, el costo total de esa atención para la MSP ascendió hasta los ¢860 millones, en rubros como salarios (¢577 millones), alimentación (¢125 millones), combustible (¢112 millones), agentes químicos (¢32 millones), vajilla plástica (¢10 millones) y gas propano (¢2,3 millones).

Pero más allá de eso, el ministro Soto advirtió de que la atención de la huelga nacional contra el plan fiscal desmejoró la atención de la Fuerza Pública de la seguridad ciudadana a través de los megaoperativos que desde mayo venían realizando.

Según el jerarca de Seguridad, durante el mes de setiembre no fue posible hacer los operativos que, de acuerdo con su criterio, venían teniendo efectos positivos en el combate a la criminalidad.

Solo en junio, se realizaron 722 aprehensiones relacionadas con esos megaoperativos, mientras que en julio y agosto se detuvieron 500 y 555 personas, respectivamente. La cifra cayó en setiembre, cuando solo hubo 33 aprehensiones.

Entre octubre del 2018 y febrero del 2019, la cifra de detenciones oscilaron entre los 347 y 391.

En cuanto a las detenciones relacionadas directamente con delitos relacionados con la huelga nacional, Michael Soto refirió que se dieron 31 en Limón, 11 en San José, 2 en Guanacaste y 1 en San Carlos.

Por lo demás, ante consulta del diputado Carlos Ricardo Benavides, Soto especificó que presentaron cerca de 50 denuncias ante el Ministerio Público por diversos comportamientos de manifestantes durante las huelgas, precisamente documentando los comportamientos con videos y actas levantadas por asesores legales del MSP.

El ministro hizo una especial referencia a la lentitud con que los tribunales de justicia han resuelto las declaratorias de huelga, pues enfatizó que estratégicamente eso dificultó bastante la atención de las manifestaciones, los bloqueos y el tortuguismo.

Soto enfatizó en numerosas ocasiones que él respeta el derecho de las personas de manifestarse, pero también alegó que se deben ajustar los conceptos para evitar que haya afectación a las demás personas que no tienen relación con las manifestaciones.

“Yo respeto el derecho de la gente a manifestarse, pero no en contra de los derechos del resto de la población”, dijo.

Ante consulta de Benavides, el jerarca de Seguridad confirmó que no hay ninguna espontaneidad en el bloqueo y tortuguismo que aplicaron los huelguistas en diferentes puntos del país, en particular en los cuatro principales puntos de expendio de combustible de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Añadió que hubo varias situaciones que dificultaron la atención de la huelga, primero en cuanto a asuntos logísticos, pues los primeros días se dificultó la alimentación de los policías, así como el desarrollo de largas jornadas.

También, explicó que hubo pedradas, escupitajos y provocaciones contra los policías en diferentes partes del país.

En Paso Canoas, por ejemplo, el ministro dijo que los manifestantes proponían que se pusieran indígenas panameños al frente de las líneas de la policía y que se le golpeara a los efectivos de la Fuerza Pública, para provocar a los policías y que cámaras grabaran esas eventuales agresiones y, de esa forma, evidenciar supuesta violencia policial instigada por el Gobierno.

Diputado: ‘Yo desearía agarrar el tráiler y tirárselo encima’

Durante la presentación de las sugerencias de Michael Soto al proyecto de ley 21.049, el diputado independiente Erick Rodríguez Steller, aseguró que él, si fuera un trailero afectado por un bloqueo de 36 horas, sería uno de los primeros en tomar el vehículo e irse encima de los manifestantes.

“Si yo fuera trailero, después de estar 36 horas pegado, viendo los productos perderse, yo sería uno de los primeros que desearía agarrar el trailer y tirárselo encima. Perdón, pero es cierto”, afirmó Rodríguez antes de preguntarle al ministro sobre la diferencia entre bloqueo y tortuguismo.

“No se trata de ser violento, sino de que es desesperante ver que algunos abusan del derecho de otras personas”, alegó Rodríguez.

Según él, una manifestación no es pacífica