Esteban Oviedo, Aarón Sequeira. 13 marzo
Michael Soto, ministro de Seguridad, durante una comparecencia en el Congreso. Foto: Melissa Fernández
Michael Soto, ministro de Seguridad, durante una comparecencia en el Congreso. Foto: Melissa Fernández

Michael Soto, ministro de Seguridad, relató que él le gestionó a Diego Fernández, excoordinador de análisis de datos de Casa Presidencial, una reunión en el OIJ para que obtuviera información que permitiera identificar la incidencia de delitos en las cercanías de las instituciones públicas.

El jerarca dijo que refirió al analista al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) porque él procede de allí y sabe que la Policía Judicial dispone de la georreferenciación de los delitos, la cual en su criterio "es información total y absolutamente pública”.

Así se refirió Michael Soto a un correo electrónico del 5 de diciembre del 2018 en que Diego Fernández le solicitó al OIJ una base de datos de los delitos registrados entre enero del 2015 y noviembre del 2018, con variables como tipo de delito, fecha, hora o tipo de arma, así como una base de datos de delitos desagregada según los cuadrantes del país.

Fernández escribió que la intención era proveerle información al ministro de Seguridad para que expusiera sobre el tema ante el Consejo de Gobierno.

Sobre las estadísticas de delitos por cuadrantes, el analista agregó en el correo a la Policía Judicial: “El propósito es contar con el detalle de los delitos con el mayor detalle territorial posible para cruzar con otras fuentes de información, como las variables sociodemográficas e institucionales, con el fin de diseñar estrategias de intervención interinstitucional de forma localizada”.

Esta semana, en información suministrada a los medios y a diputados, el OIJ informó de que, dos días antes de enviar el correo electrónico, el analista de datos se reunió con funcionarios de la dirección de Planes y Operaciones del Organismo para solicitar información sobre denuncias ingresadas al OIJ, “así como la georreferenciación de los sitios en que ocurrieron los delitos mediante coordinadas geográficas que muestren el lugar de su realización”.

El OIJ sostuvo que, en ese encuentro, se le explicó al asesor presidencial que la ubicación geográfica no se le podía brindar “por considerarse información sensible”, pero que sí le podía suministrar “cuadrantes de delitos”, es decir, un “mapa de calor” que muestra polígonos o cuadrículas de 250.000 metros cuadrados, con una colocación que permite conocer la intensidad en la comisión de delitos en cada cuadrante del país.

El ministro de Seguridad confirmó qué él coordinó esa reunión.

“Ante una solicitud que le habían hecho de Casa Presidencial, él (Diego Fernández) quería que nosotros (Ministerio de Seguridad) le diéramos la información georreferenciada de delitos, que es información total y absolutamente pública. ¿Por qué? Porque es por provincia, cantón, distrito, pero es el punto exacto, exacto, exacto para ponerlo en un mapa. Eso es totalmente público”.

"A él le habían pedido que hiciera un cruce entre criminalidad e institucionalidad. Se lo explico así: en los alrededores de la institucionalidad normalmente hay muchos delitos, en los alrededores del hospital Calderón Guardia, se mueve mucho paciente, hay mucho delito; en los alrededores del San Juan de Dios.

"Él quería hacer un cruce con esa información, esa era la información que él quería que se expusiera. Para esa exposición, lo que él ocupaba era la georreferenciación, pero el Ministerio no tiene georreferenciación.

"Yo, que vengo del OIJ, sé que el OIJ tiene georreferenciación. Entonces, cuando me pide eso, le digo que yo no puedo darle eso, pero sé que el OIJ lo tiene y le puedo coordinar para que lo atiendan.

“Él se va a reunión al OIJ y el OIJ le dio provincia, cantón, distrito, lo mismo que está en la página del OIJ, y no le dieron georreferenciación. Esa es la historia; era para exponer sobre criminalidad cruzada con institucionalidad”.

El ministro añadió que la información fue presentada al Consejo de Gobierno con base en un mapa de calor, no de georreferenciación.

“Usted sabe que yo trabajo en esto, ese es mi tema, el cruce de datos. Yo trabajo con análisis criminal y lo que querían ver en Presidencia era ese cruce de información”.

"El OIJ no le dio la información, ya lo dijo ahí públicamente. Lo que hizo este muchacho fue con mapa de calor, no por georreferenciación.

“La información sí se presentó (al Consejo de Gobierno). Yo expuse, no la información de él, él expuso esa y yo expuse la que yo tengo, la ordinaria, que es si habían subido o bajado delitos contra la propiedad, homicidios. Yo hice una rendición de cuentas de la criminalidad del año 2018. Eso fue lo que hice y él sí hizo, sin la georreferenciación, criminalidad cruzada con institucionalidad”.

Interpretaciones y reacción de analista

Ante la información divulgada por el OIJ, diputados como Jonathan Prendas y María Inés Solís, de Nueva República (PNR) y de la Unidad Social Cristiana (PUSC), concluyeron que los analistas de datos solicitaron información sensible.

"Solicitan hasta las ubicaciones geográficas, con inclusive la ubicación exacta de dónde están sucediendo estos delitos, a lo que el OIJ responde que eso es información que no es de uso público, que es información sensible", alegó Solís.

Por su parte, Prendas dijo: "Yo creo que el ministro tiene la posibilidad y el conecte para poder tener acceso a esa información, al venir del OIJ precisamente, y no necesitaba una tercerización en la búsqueda para poder tener información sensible. Yo creo que Fuerza Pública tiene la posibilidad de tener esos datos y no necesitaba que el presidente les ayudara".

Ambos diputados también concluyeron, con base en la lectura del correo de Fernández, que el analista quería la información de los denunciantes de los delitos, al pedir que se incluyeran las variables “víctima” y “subvíctima” en la base de datos de delitos.

Al respecto, Diego Fernández afirmó mediante su abogado Cristian Arguedas: “Todas las variables que se solicitan, incluidas las que usted consulta (víctima y subvíctima) son las que cuenta la base de datos que publica el OIJ en formato abierto”.

"Como puede observarse en el sitio de datos abiertos del OIJ, tienen una variable llamada “victimas” que permite clasificar los distintos delitos según su víctima, en categorías como ‘vivienda’, ‘edificación’, ‘persona’, ‘vehículo’, entre otros.

"Adicionalmente, cuando uno descarga esas tablas de datos, encuentra que incluyen una variable de subvíctima, que es similar a la anterior, pero con un mayor nivel de detalle o desagregación, es decir con más categorías generales.

"De modo que la consulta que se hizo tiene relación con información que es pública sobre este tema. Nunca se pretendió nombres individuales de persona alguna.

“Todos esos datos son de acceso público y con las variables propias que se publican porque son las de interés para realizar un análisis estadístico que permita tener información de utilidad para tomar decisiones sobre este tema, ya sea en materia de prevención o lucha contra la inseguridad ciudadana”.

Diego Fernández renunció a su puesto el 4 de marzo después de que la Fiscalía General allanó la Casa Presidencial para determinar si la Presidencia accedió a datos confidenciales de los habitantes o no.