Josué Bravo. 9 septiembre
Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica, durante una entrevista con la sección Diálogos de La Nación el 25 de abril anterior. Fotos: Mayela López
Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica, durante una entrevista con la sección Diálogos de La Nación el 25 de abril anterior. Fotos: Mayela López

Pilar Garrido, ministra de Planificación, reafirmó que las nuevas reglas para el pago de salarios públicos, contenidas en la reforma fiscal, aplican para todo el sector estatal, lo que incluye a todos los poderes del Estado y a todas las instituciones autónomas.

“La ley es clara en el alcance que tiene, que aplica a todo el sector público. Aprovecho para reiterar que es muy importante, para el logro de las metas del Estado, seguir al pie lo que se señala y cumplir con el principio de legalidad, que es tan básico para personas servidoras públicas”, declarar la jerarca.

La ministra se refirió al asunto a raíz de que cuatro universidades públicas, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Poder Judicial se excluyeron de aplicar la totalidad de los ajustes establecidos en la ley. Estas entidades suman casi 89.000 funcionarios.

Por consiguiente, insistió en que todas las entidades estatales deben transformar los pluses y anualidades en montos nominales, en vez de seguir calculándolos como porcentajes del salario base (o del salario más pluses, en ciertos casos), como ocurría antes de que la normativa entrara a regir.

“Mi interpretación no puede ser otra que la de la ley. La ley se tiene que cumplir”, fundamentó.

En la CCSS, dos acuerdos entre las autoridades y los sindicatos permitieron que 57.000 trabajadores sigan recibiendo los pluses como antes.

Sin embargo, la Contraloría General de la República, ordenó a la Junta Directiva de la CCSS ignorar ambos pactos con los sindicatos y cumplir con la reforma fiscal en esta materia.

Mientras, la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) evitaron la transformación del pago de pluses de unos 30 pluses que reciben los 17.700 empleados que suman entre las cuatro.

Estas cuatro casas de estudias alegan que son autónomas y presentaron una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que un juez suspenda parte del reglamento, emitido por el Ministerio de Planificación (Mideplán),el cual le marca la cancha a los trabajadores del Estado.

Garrido mencionó que cada uno de los casos anteriores es diferente. Citó el ejemplo del Poder Judicial, que alega que el reglamento de la reforma fiscal omitió explicar que la reforma no deroga sus leyes especiales.

La ministra reconoce que, independiente de las razones expresadas por cada institución que se eximió, el capítulo de empleo público no tuvo un transitorio que permitiera a cada entidad asimilar su aplicación, como sí ocurrió con el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Por ello, justificó que el Mideplán haya emitido dos decretos, uno en febrero y otro en mayo del corriente año, para reglamentar las reformas de empleo público que ayuden a lograr las metas contenidas en la reforma tributaria en materia macroeconómica.

Si el país logra estabilizar su economía, asegura, se podrá garantizar a futuro el “crecimiento, empleo y mantener bienestar social”.