A pesar de que el gobierno de Carlos Alvarado cedió a la presión de las cooperativas y eliminó la propuesta para cobrarles el impuesto sobre la renta en el plan fiscal, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, dijo esta tarde que ella, en lo personal, aprueba cobrarles ese tributo a las grandes organizaciones de este tipo.
La jerarca de la hacienda pública respondió, ante consulta de varios medios de comunicación, que esa es una de las mociones de fondo reiteradas al plan fiscal que ella con todo gusto avalaría, pues considera que serviría para mejorar la recaudación prevista en la iniciativa legal.
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Cuando se le consultó sobre el hecho de que el Gobierno hubiera tomado la decisión de que se quedara ese cobro tributario fuera del plan, Aguilar insistió: “Yo en lo personal lo apruebo, veremos cuál es la decisión que toman los diputados”.
La única manera en que ahora, en la actual etapa del trámite legislativo, se pueda restablecer el impuesto sobre la renta para las cooperativas es que se apruebe una moción que reiteró la diputada María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), para cobrar un 30% de renta a las corporaciones cooperativistas que tengan excedentes por más ¢106 millones anuales.
Actualmente, este tipo de corporaciones están exentas del tributo.
El tema se dirimirá luego de que La Nación reveló que el dirigente cooperativista, Rodolfo Navas, estaba recogiendo ¢70 millones entre cooperativas para desarrollar una campaña de defensa frente a la reforma fiscal, lo que incluía ¢4 millones para reuniones con diputados.
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Si bien la reforma fiscal no grava en este momento con renta a las cooperativas, sí aumenta de un 5% a un 10% el impuesto a la repartición de excedentes que hagan estas a sus asociados, quienes son sus propietarios.
Aunque esa es de las mociones que la ministra de Hacienda con gusto aprobaría, Aguilar advirtió que hay otras “de muy alto riesgo” y que podrían debilitar aún más la iniciativa tributaria.
Se trata de las iniciativas que pretenden eliminar el impuesto sobre el valor agregado (IVA) a los bienes de la canasta básica, por ejemplo, que bajarían sensiblemente el rendimiento que Hacienda prevé en el proyecto, actualmente apenas cercano al 1,4% del producto interno bruto (PIB).
“Si las otras mociones son de alto riesgo (las que afectarían las tarifas del IVA), estas son de elevadísimo riesgo”, dijo la ministra Rocío Aguilar sobre aquellas mociones que podrían eliminar artículos o el título completo con reformas y adiciones a la Ley de Salarios de la Administración Pública.
“Recuerden que el rendimiento esperado viene, una parte de ingreso, y la otra de gastos. En buena medida, tienen que ver con la posibilidad que tenga el Estado de que las remuneraciones crezcan más cerca del costo de vida y no como sucede hoy día, que crecen muy por encima del costo de vida, con independencia de cuál sea el decreto de salarios, porque los pluses y la forma en que están estructurados permite crecer muchísimo más”, dijo la jerarca hacendaria.
Ante consulta de La Nación, Aguilar aseguró que, aunque los huelguistas no han hablado directamente de que su oposición al plan fiscal es directamente por las reformas a los pluses salariales, ella está convencida de que ese es el principal punto de sus reclamos.
La ministra también aseguró que ella, en lo particular, se opondría a la propuesta de José María Villalta, del Frente Amplio, y otros partidos minoritarios, para que durante el trámite siguiente del plan fiscal se pueda abrir el plenario para la aprobación de mociones de fondo nuevas.
“Yo me opondría a esa posibilidad porque ya los cambios que se le han hecho han degradado el proyecto. La única forma en que estaría de acuerdo es si (los diputados) me prometen, bajo juramento, que es para aumentar la recaudación del proyecto”, dijo Aguilar.