La jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), Guiselle Cruz, aseguró que la oficina de análisis de datos de Casa Presidencial le “ayudó mucho” a la entidad que ella representa.
Según la ministra, la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) puso a su alcance información relevante que le sirvió al MEP para tomar decisiones en dos asuntos específicos: priorizar los centros educativos más urgidos de inversión en infraestructura y ejecutar mejor el presupuesto del Ministerio.
“La unidad de datos nos ayudó en dos procesos muy importantes para nosotros. Uno es la priorización de centros educativos y el plan de inversión de infraestructura. Nosotros relacionamos variables socioeconómicas con el tema de matrícula, para poder colocar los recursos donde la gente más los necesita".
"También, (les ayudó) con el análisis presupuestario del MEP, para una mejor ejecución del presupuesto; logramos detectar una partida importante que también la trasladados al tema de infraestructura”, comentó Cruz en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, este martes.
La UPAD está bajo un escrutinio público, político y judicial luego de que, el 17 de febrero, un decreto estableció que tendría acceso a datos confidenciales de los habitantes que estén en manos de instituciones públicos. El presidente Carlos Alvarado derogó el decreto el viernes 21 de febrero.
De hecho, la noche de este lunes, el presidente Carlos Alvarado admitió que hubo “errores” en la conformación de esa unidad y calificó de “legítimas” las inquietudes relativas al decreto mediante el cual fue creada.
LEA MÁS: Presidente admite ‘error’ en conformación de UPAD
Incluso, la Fiscalía General de la República abrió una causa penal para confirmar o descartar si esa oficina accedió a datos confidenciales de los habitantes.
Este martes, en la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, la ministra de Educación agregó: “A nosotros nos ha ayudado mucho para poder hacer análisis, correlacionar variables, para poder hacer más efectivo el presupuesto del Ministerio y colocar los recursos donde la gente más los necesite”.
Además, Cruz explicó que, gracias a información sobre el Liceo de Chacarita de Puntarenas, la cual aparece en las bases de datos elaboradas por la UPAD, el MEP pudo determinar que era necesario invertir en esa institución educativa.
"Por eso está Chacarita en el plan de inversión de obra pública, porque Chacarita tiene una alta densidad de matrícula, pero además está en una zona que requiere la intervención, entonces nos ayudó en ese sentido”, explicó.
Según la ministra, ella conocía de la existencia de esa oficina. Incluso, contó que se reunió con los encargados de esa instancia en varias ocasiones, intercambios que, en su criterio, fueron muy provechosos.
“Conversando aquí, en Casa Presidencial, sobre mis necesidades a la hora de hacer un plan de infraestructura, y como yo no tenía la información total, coincidimos en que la unidad de análisis de datos la tenía y nos reunimos con los muchachos un par de veces. Le garantizo que ha sido efectivo todo el proceso de asesoría que nos dieron”, prosiguió.
Por su parte, Michael Soto, ministro de Seguridad, también confirmó que sabía que existía esa unidad, aunque desconocía su nombre.
“Voy a contestar aunque no me parece que sea el momento. En la página de Internet del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se genera información sobre zonas vulnerables, es decir, zonas donde ocurren más delitos, a qué horas y los modos de operar. Esa es información pública y que está en línea.
“Yo, en algún momento, he conversado con alguna de las personas que están en el grupo (en la UPAD) sobre ese tipo de información. Es decir, las zonas donde ocurren más delitos, cuáles son los lugares donde ocurren más homicidios, a qué hora ocurren, los días de la semana. Entonces, efectivamente, en esa línea de información de criminalidad pública, para todas las personas, en algún momento conversé con uno de ellos.
“No sabía el nombre de la UPAD, lo conocí por los medios de prensa, pero sabía que uno de los compañeros ocupan datos públicos que tenían que ver con temas de criminalidad”, argumentó Soto.
La UPAD la integraban tres personas: Diego Fernández, coordinador, y los economistas Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos.