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Rodrigo Chaves empezó su gobierno directamente con un periodo de sesiones extraordinaria que le dio el control de la agenda legislativa por un trimestre. Ahora, terminó el segundo periodo de control de esa agenda. Foto: (Rafael Pacheco Granados)
Al término de las sesiones extraordinarias que van de noviembre a enero, en las que el Gobierno controla la agenda de la Asamblea Legislativa, fue mínimo el avance de las principales reformas planteadas por la administración de Rodrigo Chaves.
Algunos proyectos estrella fueron sacados de la corriente legislativa con la promesa de una mejora y otros ni siquiera llegaron.
El plan de venta del Banco de Costa Rica (BCR), anunciado por Chaves cuando cumplió 100 días de gobierno, fue retirado de la corriente legislativa el 29 de noviembre ante los cuestionamientos de transparencia de la Contraloría General de la República (CGR) y la oposición de al menos tres bancadas: Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR) y Frente Amplio (FA).
Diputados de Liberación Nacional (PLP) e, incluso, del Liberal Progresista (PLP) también cuestionaban el texto.
El plan tiene por objetivo conseguir recursos para atenuar la deuda pública y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, prometió presentar un nuevo texto, pero este no llegó al término de enero.
El otro proyecto anunciado por Chaves el 16 de agosto, con el mismo objetivo, fue la venta del 49% de las acciones del Instituto Nacional de Seguros (INS), pero pasaron las sesiones extraordinarias y no ha llegado a la Asamblea Legislativa.
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El Poder Ejecutivo también prometió para finales de diciembre o principios de enero un proyecto para crear el esquema de renta global en el cobro del impuesto de renta. Ese compromiso se consolidó, incluso, cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó el cumplimiento del programa de equilibrio fiscal de Costa Rica.
El FMI calificó el plan de fundamental, pero el Gobierno tampoco lo ha ingresado a la Asamblea.
En ese momento, el Gobierno también anunció que, con asesoría del Fondo Monetario, presentaría otro proyecto de ley para adaptar la regla fiscal a las necesidades del Estado. La regla es un mecanismo legal que impide disparar el gasto público.
Sin embargo, el plan no llegó y, más bien, en enero pasado, el FMI criticó otro proyecto de ley que había presentado el Gobierno para aflojar la regla y permitir un aumento del gasto público, al considerar que socavaría la credibilidad en el mecanismo.
Este proyecto no ha tenido un avance significativo en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Buses, jornadas 4-3, marihuana
Otros dos proyectos convocados por el Gobierno en la agenda de extraordinarias tuvieron poco avance por la lluvia de mociones presentada por el Frente Amplio.
Uno es el plan para aumentar de 15 a 18 años la antigüedad máxima de los buses y el otro es la reforma para introducir las jornadas laborales 4-3.
Sobre este último plan, las fracciones, incluida la de Gobierno, construyeron un nuevo texto que reduciría de 12 a 11 horas las jornadas laborales diarias en este esquema, pero las cámaras empresariales se opusieron.
El proyecto de marihuana recreativa avanzó en el trámite de audiencias a sectores, pero ha recibido críticas de casi todos los comparecientes.
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El plan para convertir los órganos desconcentrados del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en divisiones de este cartera recibió dictamen afirmativo, pero no ha sido discutido en plenario.
En tanto, el proyecto para fusionar el Ministerio de Vivienda, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) ha afrontado una fuerte oposición de las bancadas, las cuales señalan que la redacción desaparecería el bono de vivienda.
Tampoco avanzó el proyecto para otorgar un subsidio a los arroceros por la reducción de aranceles. De hecho, fue retirado de la agenda en noviembre.
También se estancó el proyecto para pasar al Banco Central la liquidez de las instituciones públicas, en vez de que estas tengan el dinero en cuentas de bancos comerciales. El objetivo de este plan es reducir presión sobre la Hacienda Pública.
Asimismo, no se ha votado el proyecto para eliminar las pensiones que cinco instituciones públicas concedían a sus funcionarios públicos, ni fue presentado el plan para regular las plataformas de trabsporte como Uber y DiDi.
Eurobonos y presupuesto
La principal iniciativa aprobada fue el permiso para colocar deuda en el mercado internacional, conocida como eurobonos.
El año legislativo, conocido como legislatura, va desde mayo de un año a abril del año siguiente. Cada legislatura se divide en dos periodos: sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias, de seis meses cada uno.
Además de los eurobonos, se dio la aprobación obligatoria, en el primer mes de estas extraordinarias, del Presupuesto de la República para el ejercicio económico 2023.
Adicionalmente, los congresistas aprobaron en diciembre el proyecto para la apertura del mercado interno de deuda pública, que elimina el doble impuesto que se cobraba a los inversionistas extranjeros que invertían en bonos de deuda interna costarricense.
Ahora, viene un periodo de tres meses de sesiones ordinarias, de febrero a abril, en el que los diputados tienen el control de la agenda legislativa.
Aunque la intención de Zapote era darle un empujón a sus iniciativas y lograr eventualmente la aprobación, también frenó el avance de proyectos propios de las bancadas, entre ellas el plan del Frente Amplio contra las terapias de conversión.
¿Cómo lo califican los diputados?
La jefa de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Daniela Rojas, criticó la falta de una ruta clara de parte del Ejecutivo y dijo que eso produjo un periodo “para nada productivo”.
“Faltó la convocatoria de proyectos importantes para bajar el costo de la vida y generar oportunidades a los costarricenses. Tampoco hubo voluntad para avanzar en temas de seguridad ciudadana, pese a que hay proyectos en la agenda en esa dirección”, dijo.
Rojas también lamentó que el proyecto de jornadas 4-3 siga trabajo en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
El jefe del Frente Amplio, Jonathan Acuña, dijo que la aprobación de eurobonos fue lo positivo del periodo, aunque enfatizó que por momentos el Ejecutivo trató de presionar de formas inaceptables, lo que bloqueaba avances.
“Entre lo negativo, hay dos ausencias muy marcadas. No convoca proyectos de ley sobre combate a la corrupción, a pesar del discurso muy marcado. Es una ausencia evidente. La otra es que tampoco se convocaron proyectos para combate al fraude fiscal, lo que ha sido evidente en los últimos días”, reclamó Acuña.
El frenteamplista comentó que ha sido un trimestre marcado por polémicas entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde “los puentes siguen endebles y hay tensión constante, por las formas del presidente que tienden a creer que logrará avances mediante la presión”.
“Esto ha implicado la mayor parte del tiempo una solicitud de respeto de parte de la Asamblea hacia otro poder de la República”, detalló.
En cambio, la vocera oficialista, Pilar Cisneros, se declaró “muy satisfecha por lo logrado”, pues dijo que fue un periodo más corto a causa del receso de fin de año y porque la discusión del Presupuesto Nacional consumió mucho tiempo en noviembre.
“Se gastaron varias sesiones en la discusión del defensor, sin resultado concreto”, dijo. Entre lo aprobado destacó eurobonos y el plan de gastos del 2023, además de la apertura del mercado interno.
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