¿Se imagina que su salario aumente casi al doble en dos años sin que cambien sus responsabilidades? Esto fue una realidad para 46 altos funcionarios de la Corte gracias a un beneficio llamado índice gerencial.
Se trata de un plus que, entre el 2008 y el 2010, fue aprobado por los magistrados para incrementar sus propios sueldos y los de otros altos cargos del Poder Judicial en porcentajes que oscilaron entre un 26% y un 96% según el caso.
El beneficio privilegia a una cúpula que ostenta los puestos de más alto rango de la Corte y, por consiguiente, los salarios más costosos.
Además de los 22 magistrados, lo reciben 24 jerarcas más como los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial, el director y el subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el jefe y el subjefe de Defensa Pública, el fiscal general y los directores y subdirectores administrativos.
¿Cómo nació?
En el 2008, la Corte Plena y el Consejo Superior solicitaron al Departamento de Personal realizar el Informe para la definición del estrato gerencial en el Poder Judicial y su correcta ubicación salarial, con el fin de ajustar los sueldos de los jerarcas con mayor rango.
La justificación fue que sus salarios no eran competitivos en comparación con los de la empresa privada y con los de otras entidades públicas.
Parte del argumento también fue que sus ingresos eran muy distintos a los de sus similares en instancias judiciales de Latinoamérica y Europa.
El 11 de agosto del 2008, en la sesión N.° 26 de la Corte Plena, los magistrados aprobaron la creación del incentivo, como un sobresueldo que aumentaría los salarios de la clase gerencial entre un 10% y un 58%, según el cargo.
En esa primera ocasión, de los 18 magistrados presentes, 11 votaron a favor de la aprobación del índice gerencial, mientras que 7 se manifestaron en contra.
La creación provocó aumentos hasta del 58% en los salarios base. Por ejemplo, el del director del OIJ subió de ¢753.000 a ¢1.187.000 mensuales.
Fernando Cruz, actual presidente interino de la Sala Constitucional, fue uno de los oponentes, pues consideró que era un ajuste “desproporcionado”.
La misma postura tuvo la Comisión de Relaciones Laborales del ente, que contestó lo siguiente cuando se le solicitó el criterio sobre el estudio de puestos:
“La Comisión estima que el informe, al delimitar restrictivamente su objetivo en la forma dicha, revive una vieja cultura de creación de privilegios indebidos y desproporcionados para grupos reducidos de personas, con merma del bienestar del mayor número”, se lee en el acta de aprobación del índice gerencial del 2008.
Incluido en el salario base
Dos años más tarde, en el 2010, los magistrados le dieron otro empuje al índice gerencial.
El argumento, en aquella ocasión, fue que recién se habían otorgado incrementos a otros sectores del Poder Judicial, lo cual acercaba los sueldos de la clase gerencial con los de otros estratos.
Como para los magistrados resultaba desequilibrante que sus salarios se equipararan a los de jueces, fiscales, defensores públicos y jefaturas del sector administrativo, decidieron adjudicarse un nuevo aumento.
Esta vez lo hicieron no como un sobresueldo, sino agregando el índice gerencial como un componente del salario base. Con esto, se garantizaban que el resto de pluses recibidos también se incrementaran, pues estos dependen del salario base.
Así se lee en la sesión N.° 32 del 8 de noviembre del 2010: “Actualmente, en el índice salarial, el incremento otorgado no se refleja en el salario base, lo cual limita la relación existente entre los sueldos que componen el Estrato Gerencial y el resto de clases anchas vigentes a nivel institucional… De manera natural, el incremento debe adicionarse al salario base existente, con el fin de proporcionar, en lo correspondiente, el pago del resto de pluses asociados a este estipendio”.
En esa oportunidad, los 16 magistrados presentes votaron a favor, en forma unánime.
Fue así como el índice gerencial se incluyó como un componente dentro del sueldo base para los 46 miembros de la clase gerencial, aumento que se vio reflejado en un incremento salarial del 25% para todos los favorecidos.
Con ello, el salario del director del OIJ subió a ¢1.479.000, lo que implicó un ajuste de un 96% en dos años.
Para el magistrado presidente de la Corte, el sueldo base subió en un 68% entre el 2008 y el 2010. Pasó de ¢1,3 millones a casi ¢2,2 millones.
Entre el 2008 y 2017, el pago del cuestionado plus le ha demandado a la Corte más de ¢2.071 millones.
En dos años, los miembros de la cúpula recibieron aumentos entre el 26% y el 96%. En promedio, el aumento de un 60% para los beneficiados.
El otorgamiento de ese plus fue la causa de que el salario base del director general del OIJ pasara de ¢753.000 en el 2008, a ¢1.479.000 en el 2010, por citar un ejemplo.
Se trató de un privilegio concebido en tiempos en que los salarios base del Poder Judicial se encontraban muy por encima de los del sector privado.
En el segundo semestre del 2008, el sueldo mínimo de un empleado de la empresa privada era de ¢179.799, frente a ¢254.200 en la Corte.
Lo mismo se evidenció en el 2010. Entonces, la relación era de ¢214.698 frente a ¢297.800.
Dos jueces de Trabajo impugnaron este beneficio ante la Sala IV por considerarlo desproporcionado y escandaloso. De hecho, dos de los magistrados que lo aprobaron tendrán que resolver la acción.
Tras múltiples consultas hechas desde el 26 de junio a la oficina de prensa del Poder Judicial sobre el índice gerencial, no fue posible conversar con algún vocero.
Incluso, desde el 29 de junio se solicitó una entrevista con Roxana Arrieta, directora interina del departamento de Gestión Humana de la entidad, la cual tampoco fue concedida antes de esta publicación.
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Uno de muchos pluses
El índice gerencial es solo uno los privilegios que cancela el Poder Judicial a sus empleados.
Además de los incentivos que aprovechan todos los funcionarios públicos –como anualidades y dedicación exclusiva– ellos gozan de una lista de 21 pluses más, tipificados en el presupuesto institucional como “otros incentivos salariales”.
El índice gerencial es parte de este último grupo, en el que también destaca el índice de competitividad, un plus que alcanza hasta un 22,3% para que los salarios no pierdan valor adquisitivo y que reciben los 12.400 funcionarios de la Corte.
En esa entidad, una de las que paga los sueldos más altos del sector sector público, los empleados ganan, en promedio, ¢1 millón mensual solo en incentivos.
La institución destina casi ¢155.000 millones para costear esos beneficios, lo que equivale a una tercera parte de su presupuesto, que para este 2018 es de ¢474.800 millones.
Se trata de dinero que el Gobierno le transfiere para sufragar sus gastos, proveniente del cobro de impuestos entre los contribuyentes.
De hecho, ese rubro de beneficios especiales creció en un 44% en los últimos años. En el 2010, el monto destinado para incentivos fue de ¢107.000 millones.
Además, el Poder Judicial gasta mucho más en incentivos que en salarios base. Estos últimos costarán ¢102.000 millones este año, frente a los ¢155.000 millones que se cancelarán en pluses.
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