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Previo a su reelección como magistrada, los magistrados de la Corte Plena cuestionaron a la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia Zamora, por la regulación del TSE sobre las encuestas de intención de voto, así como la desinformación que circula en redes sociales en las elecciones.
Zamora fue reelecta por un periodo de seis años, con el voto de 20 magistrados. Además de ser magistrada, ella se convirtió en presidenta del órgano electoral en diciembre del 2021 después de la renuncia de Luis Antonio Sobrado.
Luego de la presentación de un informe, en el que Zamora señaló desafíos para la democracia y los partidos políticos, el magistrado Paul Rueda intervino para cuestionar al TSE por lo que considera un papel pasivo frente a encuestas con dudosas metodologías.
“Creo que en esa área ha fallado; no se ha contado con el acompañamiento técnico requerido para distinguir los estudios que cumplen estándares; los requerimientos son demasiado básicos y no se logra hacer una distinción de cuáles estudios están debidamente sustentados”, dijo Rueda en la sesión.
El magistrado sugirió un acompañamiento de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR) para determinar cuáles encuestas podrían ser engañosas, un tema conocido mediáticamente, sin que se refiriera a una empresa específica.
Rueda dijo expresar su preocupación porque las encuestas son pautas para que los partidos políticos consigan financiamiento privado.
“Me parece que el TSE debe mejorar los controles de las empresas encuestadoras, tener un equipo técnico que, de manera científica, logre distinguir, examinar y analizar, sobre todo, entre aquellas empresas que realizan estos trabajos que son determinantes para el financiamiento de los partidos políticos; que logren distinguir de los trabajos sustentados y con metodologías científicas y los que no”, señaló Rueda.
Zamora respondió que el TSE carece de herramientas constitucionales para restringir las encuestas. La normativa que deben cumplir las casas encuestadores es la inscripción y la presentación de la ficha técnica del estudio, así como citar a la persona que contrató el estudio de intención de voto. Algunas empresas reportan que hicieron los trabajos con recursos propios.
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Desinformación
Otra de las mayores preocupaciones que resaltaron los altos jueces es el manejo de redes sociales y su impacto sobre el elector y la democracia.
La magistrada Iris Rocío Rojas planteó a Zamora preguntas respecto al alcance y las acciones que tiene el TSE en relación a esta problemática.
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“Hoy sabemos que, a través del manejo de redes sociales, se han intervenido elecciones en el mundo, incluyendo Estados Unidos. La democracia está en riesgo. ¿Por qué? Porque no son los electores con información veraz los que van a elegir quienes guían las riendas de su país, sino los medios sociales a través de estos mecanismos que podrían pervertir las bases del sistema democrático y lo están haciendo”, manifestó.
Zamora compartió las mismas preocupaciones. Sin embargo, explicó que el alcance del TSE es limitado, pues las plataformas como Facebook brindan muy poca información por la protección de sus usuarios.
Sin embargo, indicó que el TSE ha estado en contacto con estas empresas y, en cuanto a la desinformación, esta autoridad ha actuado bajo una estrategia que permita comunicar de forma oportuna cuando recaen dudas sobre la información.
En relación con las encuestas que se realizan por redes sociales, al margen de lo estipulado por los reglamentos electorales, Zamora reconoció que es “muy difícil” restringirlas por la poca colaboración de las plataformas.
