La gran influencia que ejerce la esfera política en el Poder Judicial de Costa Rica hace que el país aún esté lejos de alcanzar una plena independencia en el ejercicio de la justicia, según el juez emérito español Andrés Ibañez.
"No se puede hablar de Poder Judicial, si no hay independencia y una separación respecto al ámbito de la política, esto es fundamental", dijo a La Nación el magistrado de la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo de España.
Este principio básico que señala el experto en derecho no se estaría cumpliendo en nuestro país, ya que son los diputados los que finalmente eligen a los magistrados, quienes a su vez, conforman la Corte Suprema, convirtiendo a la cúpula de la justicia costarricense en un ente politizado.
El reconocido juez español, con más de 20 años de experiencia como magistrado y autor de gran cantidad de libros en materia de derecho, estuvo de visita en el país, invitado por la Asociación Costarricense de la Judicatura, como expositor de su congreso nacional titulado: Fortalecimiento de la Justicia.
En entrevista con La Nación, Ibáñez repasó algunos de los principales aspectos que considera necesarios para que un sistema judicial, como el costarricense, pueda alcanzar una plena independencia, en vista de la avalancha de críticas que ha enfrentado el Poder Judicial por los presuntos nexos del magistrado suspendido de la Sala Tercera, Celso Gamboa, con el polémico empresario cementero, Juan Carlos Bolaños.
Dicha situación ha generado discusiones dentro del mismo seno del Poder Judicial para realizar reformas que blinden al sistema de justicia de nuevos cuestionamientos.
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¿Cuando los magistrados son electos por una Asamblea Legislativa, podemos hablar que hay un sistema judicial independiente?
Radicalmente, no.
En Europa, cuando se redactan las nuevas constituciones tras la época del nazismo y el fascismo, particularmente en Italia, lo primero que se hace es establecer, de una manera drástica, elementos que garantizan la independencia y así es como nace el Consejo Superior de la Magistratura, una entidad autónoma y pluralista, no un juguete en manos de la Corte Suprema como ocurre aquí.
¿Es este el mejor sistema para la elección de magistrados?
Yo creo que ha sido el sistema más interesante y que mejor ha funcionado. Lo digo porque la garantía de independencia que ha prestado el Consejo de la Magistratura italiano, no lo ha prestado ninguna otra institución, hay que pensar por ejemplo en la respuesta judicial a la mafia y al terrorismo en aquellos años en que hubo 24 muertes de jueces.
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¿La selección de candidatos a magistrados puede venir también de fuentes externas o es algo que se debe mantener únicamente en el seno del Consejo?
Todos lo sistemas tienen sus ventajas y su coste, entonces, un Consejo de la Magistratura como el italiano, ha podido garantizar por mucho tiempo el mejor sistema de designación: nombramientos transparentes, justificados expresamente, con criterios de selección predeterminados, yo creo que es a lo máximo que se puede llegar.
¿Existe un perfil ideal de las personas que deben ser seleccionadas para los cargos de Magistrados?
Uno de los datos fundamentales es la capacidad de independencia, que a lo largo del ejercicio profesional un juez ha podido acreditarse, por ejemplo, para acceder a la Casación (Corte Suprema) se exige cierta antigüedad. Un juez que ha ejercido durante 20 años su profesión evidentemente ha dado muestras de la calidad de ese ejercicio, por tanto lo que se haya hecho en el plano profesional es un factor fundamental.
También puede ser interesante que sea una persona estudiosa, en definitiva, se trata de valorar capacidades y además de valorarlos de una forma transparente y en un régimen de pluralismo.
¿Cómo recupera la confianza de los ciudadanos un Poder Judicial que ha sido señalado por corrupción?
Primero habría que ver de qué corrupción estamos hablando, de cuántos magistrados, de cuántos fiscales, porque ha habido corrupción también en Italia, Berlusconi ha corrompido jueces. pero estamos hablando de casos muy puntuales.
En el caso de Costa Rica solo sé que ha habido implicaciones puntuales, un magistrado, un fiscal, algo así, no se puede decir que la magistratura sea globalmente corrupta.
Es cierto que puede haber una forma de corrupción suave cuando la magistratura no es independiente de la política, entonces se autolimita en sus actuaciones, esa es una forma de corrupción, pero estamos hablando de otra cosa, una magistratura politizada, una cúpula judicial politizada, seguramente no responderá en este terreno, con la agilidad , con la energía suficiente, pero bueno, esto es otra historia.
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¿Cuál es el plazo óptimo que un magistrado deba permanecer en el cargo?
Así como creo que los jueces deben ser vitalicios y permanecer en el cargo hasta la jubilación, salvo que incurran en algún proceso disciplinario o penal, los nombramientos de la casación, lo que sería una Corte Suprema, no me parecería mal que fueran temporales.
Es decir, que se reclute a jueces con una cierta antigüedad y experiencia, que pasen a ejercer durante un tiempo como magistrados, y que luego vuelvan a sus puestos, pero claro, estamos hablando de una Corte Suprema dedicada solo a dictar sentencias, no a gobernar la judicatura, yo creo que esto hay que separarlo drásticamente.
¿Los cargos que son vitalicios dan algún tipo de seguridad? ¿Por qué los prefiere?
Yo no veo problema, no solo no veo problema, sino que la estabilidad es un valor, lo que no quiere decir que el juez pueda ser eternamente juez, cumpla o no cumpla, yo creo que debe haber un control de la calidad del trabajo, del desempeño, un control que respete la independencia, que pueda ser objeto de disciplina o de algún tipo de evaluación de desempeño que sea compatible con la independencia.
Por ejemplo, los jueces de algunos países de esta área, son sometidos a examen cada ‘x’ años, una evaluación discrecional de la que puede desprenderse el cese de las funciones, un juez sometido a ese tipo de control no es independiente, va a estar constantemente mirando al superior, al que le va a evaluar, precisamente para continuar en el cargo.
Creo que ese es un riesgo que debe eliminarse, la función necesita estabilidad e inamovilidad, y esto es un valor que debe contrapesarse con las buenas exigencias, no digo que esto se dé de gratis, pero siempre con respeto a la independencia.
¿Entonces, cuál sería el mejor proceso para la destitución de los magistrados?
Que las causales estén bien predeterminadas y por tanto el magistrado, el juez, sepa a qué atenerse, por otro lado, que no se pueda iniciar un expediente de este tipo sino es con una acusación fundada y con posibilidades de defensa y además de forma pública, también un proceso con posibilidades de recurrir la sanción ante otra instancia, por ejemplo judicial, creo que el juez en el supuesto de que pueda ser sujeto de disciplina no debe tener menos garantías que cualquier ciudadano objeto de proceso penal, porque el proceso penal y el disciplinario se parecen mucho, son las garantías propias del debido proceso.
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En Costa Rica los diputados tienen la autoridad para cesar de su cargo a un magistrado...
Sinceramente eso es una barbaridad, en Argentina hablan de proceso político, no se puede someter a un juez a proceso político, si incurre en indisciplina tiene que haber un organismo independiente, plural, que evalúe su conducta, pero lo que no puede ser es someterlo a un proceso político, porque no es un cargo político.
¿Cómo se puede lograr la transparencia desde el Poder Judicial?
La transparencia se logra con actuaciones públicas y con resoluciones bien fundadas, es decir, publicidad: de los procesos, de las denuncias, de las acusaciones, de las pruebas y sentencias, para que la población las conozca y sepa de las razones de los jueces.
¿Por donde debería empezar Costa Rica para llegar a este punto que usted describe?
Fundamental, la garantía de independencia judicial y segundo que los jueces estén dotados de una buena formación, para lo cual habrá que cuidar el ingreso y también la formación permanente.
Es importante que la carga de trabajo no sea abrumadora, que puedan trabajar en unas condiciones razonables y que cuando un juez en tribunal tenga que hacer frente a casos graves de corrupción, en los que están implicados el poder político o poderes fácticos importantes, tenga la protección necesaria y el apoyo necesario de una institución que tendría que ser una especie de Consejo de la Magistratura, autónomo, pluralista, que fuese el encargado de gobernar la justicia.
Lo que no puede ser, es esa especie de cóctel de funciones gobierno y de enjuiciamiento, porque aquí lo estoy oyendo, el problema de la magistratura costarricense no es que sea de nombramiento político, es que además no ponen sentencias, están dedicados a tareas de gobierno, a pasear por el mundo y esto acá se está denunciando, lo dicen todos, o sea, que el problema es bien real, con una particularidad, que ahora tiene una visibilidad que antes no tenía