Silvia Artavia.   22 julio
El Liceo Técnico Profesional de Pococí es uno de los centros educativos que permanece cerrado este lunes. Foto: Reiner Montero, corresponsal.

Una madre de dos alumnos del Liceo de Boca Arenal, en Cutris de San Carlos, presentó un recurso de hábeas corpus contra los ministerios de Educación y de Seguridad por “la indiferencia” que mostraron ante los bloqueos de un pequeño grupo de estudiantes en la entrada de ese centro educativo, la semana anterior, lo que impidió a sus hijos recibir lecciones.

La mujer, de apellidos Quirós Gátjens, alegó que, con la inacción, fueron violentados los derechos de acceso a la educación y el libre tránsito de los menores, quienes sí tenían la intención de asistir a clases, pero no pudieron hacerlo por la obstrucción ocasionada por unos cuantos estudiantes.

La denunciante acudió a la Sala Constitucional el pasado 17 de julio, cuando el centro educativo cumplía dos días de permanecer cerrado debido a las protestas.

En la denuncia, Quirós Gátjens detalló que la colocación de cadenas, ligas y candados en la entrada de la institución educativa, por parte de los manifestantes, impidió a docentes y personal educativo realizar sus labores habituales.

“Aduce (la denunciante) que los amparados son víctimas del bloqueo realizado por un grupo de estudiantes a la institución en que estudian...

“Acusa que las autoridades recurridas son indiferentes ante esta situación, como es el caso del Ministerio de Educación recurrido, que no ha hecho nada para permitir el libre acceso a las instalaciones educativas. Considera violentados los derechos fundamentales de los amparados (sus hijos)”, reza el recurso, bajo el expediente número 19-012671-0007-CO y firmado por el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo.

El máximo órgano constitucional dio curso a la denuncia un día después, el 18 de julio.

Inicialmente, Quirós Gátjens quiso presentar un recurso de amparo. Sin embargo, la Sala consideró que la gestión debía tramitarse como un recurso de hábeas corpus, “dado que lo reclamado por la recurrente podría incidir sobre la libertad personal de los tutelados”.

La ley concede a los recurridos tres días naturales, a partir de la notificación del recurso, para que rindan un informe. Este documento deben prepararlo, en forma conjunta, el director regional del MEP en San Carlos, el director del Liceo de Boca Arenal y los ministros de Educación, Giselle Cruz, y de Seguridad, Michael Soto.

De no presentar el informe, advierte la Sala, el recurso de hábeas corpus sería declarado con lugar.

De igual manera, “cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir a quienes lo rindan en las penas del perjurio o del falso testimonio”, agregó el ente constitucional.

“La desobediencia a órdenes emanadas de la Jurisdicción Constitucional, conforme se dispone en el artículo 71 de la citada Ley, se encuentra penalizada con prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa”, prosiguió la Sala.

La oficina de prensa del Ministerio de Educación Pública confirmó que esta cartera fue notificada sobre el hábeas corpus y solicitó rechazar el recurso.

“Ni por acción ni por omisión, el cierre del centro educativo ha sido promovido por las autoridades ministeriales, que en pleno respeto de la Constitución Política y de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, han buscado el restablecimiento y continuidad del servicio educativo”, dicta el extracto de la respuesta enviada por el MEP a la Sala IV.

“El MEP respondió a la Sala Constitucional la semana pasada todas las acciones que ha emprendido para procurar la apertura de ese (el Liceo de Boca Arenal) y otros centros educativos en el país, las cuales consisten en jornadas de diálogo, coordinación de atención de estudiantes en los centros cerrados con ayuda del PANI y la Fuerza Pública”, comunicó el MEP.

Adicionalmente, el Ministerio respondió que la apertura de ese colegio es competencia de la Dirección Regional de San Carlos, que ha llevado a cabo distintas acciones en ese sentido.

Entre estas, la visita al colegio por parte del supervisor del circuito 07, el 15 de julio, cuando los estudiantes se comprometieron a abrir el centro educativo, asegura la oficina de comunicación del ente rector en materia de Educación.

La Nación intentó comunicarse con el ministro de Seguridad, pero a las 6:30 p. m. de este lunes no había sido posible conversar con él.

Mañana, martes 23 de julio, a las 9 a. m., los alumnos de undécimo año del país realizan la prueba de Redacción y Ortografía de bachillerato, lo que obliga a las autoridades a redoblar esfuerzos para garantizar el libre tránsito en los colegios.

Cierres continúan este lunes

Este lunes 22 de julio, había 12 centros educativos cerrados. Cuatro son de la Dirección Regional de Coto (Colegio Finca Naranjo, CTP Henri Francois Pittier, Colegio La Casona, y el Liceo Rural El Progreso); dos de la Dirección Regional de Guápiles (CTP de Pococí y el Liceo de Pocora y uno en la Dirección Regional de Limón (Liceo San Carlos de Pacuarito).

La mayor afectación se da en la Dirección Regional Norte Norte; allí hay cuatro centros cerrados (CTP de Guatuso, Liceo de Katira, Escuela Costa Ana, Unidad pedagógica Río Celeste y Liceo Las Delicias).

Uno de los cierres más críticos se presentó la semana pasada, el viernes 23 de julio, cuando 10 estudiantes del Colegio Técnico Profesional (CTP) de Pital de San Carlos evitaron el ingreso de 1.340 alumnos al centro educativo.

Así lo denunció el director de esa institución, Roberto Céspedes Mora, quien tuvo que ingresar a la oficina de la Dirección por un portón trasero, por la fuerza, pues el colegio había estado cerrado durante toda la semana por las manifestaciones.

Las protestas en ese colegio fueron convocadas por el autodenominado Movimiento Estudiantil de Secundaria (Medse), que emplea argumentos falsos y contradictorios sobre educación dual, baños individuales y pruebas FARO.

De hecho, el líder de ese grupo, un joven de undécimo año llamado Kennett Sánchez Marín, estudia en el CTP de Pital.

La cartera de Educación sostuvo conversaciones con el Ministerio Público y la Fiscalía de San Carlos para que se investigue si el cierre e interrupción de lecciones en ese centro educativo constituye un delito.

El MEP no descarta presentar otras gestiones contra quienes siguen impidiendo el libre acceso a otras instituciones educativas.