Luis Guillermo Solís vetaría proyecto que daría ¢3.000 millones a empleados de Bancrédito

El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, vetaría el proyecto de Ley de protección y defensa de las personas trabajadoras del Banco Crédito Agrícola de Cartago.

Así lo informó este jueves, por vía de comunicado de prensa, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, quien recomendaría dicho veto a raíz de los criterios negativos que generó esa propuesta.

El proyecto establece la posibilidad de entregarles a los empleados del Bancrédito un incentivo adicional a sus derechos laborales, que sumaría unos ¢3.000 millones, a criterio del interventor de la entidad.

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En un criterio conjunto de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y el Consejo de Supervisión del Sistema Financiero Nacional (Conassif), la bonificación propuesta por los legisladores en el proyecto de ley “no resulta acorde con el propósito de la bonificación establecida en la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público”.

El punto es que ese tipo de bonificaciones se establecen para empleados que renuncien por dedicarse a “actividades ajenas al sector público”.

Además, dicha superintendencia manifestó que sería dañina para el patrimonio de la entidad bancaria, como ya lo había determinado el interventor del Bancrédito.

“La magnitud potencial de lo que implicaría esta bonificación es de, mínimo, alrededor de ¢3.000 millones, lo cual representa un 7,5% del patrimonio total actual del Banco”, determino la Sugef.

Según dicha institución, el Bancrédito cerró el 2017 con un nivel de pérdidas por el orden de los ¢27.551 millones.

“Esta bonificación nunca ha estado contemplada y, de llegarse a la aprobación de este proyecto de ley, implicaría una carga que elevaría sobremanera el pasivo laboral, para lo cual el banco no tendría liquidez para su pago oportuno”, detalla el criterio de la Sugef enviado el Congreso.

El Banco Central advierte, además, de que podría haber inconstitucionalidades en el proyecto impulsado por los diputados cartagineses Paulina Ramírez Portuguez y Julio Rojas Astorga, del PLN; Emilia Molina Cruz y Marco Vinicio Redondo Quirós, del PAC; Jorge Rodríguez Araya, del PUSC; Francisco Camacho Leiva, del Frente Amplio, y Mario Redondo Poveda, de la ADC.

Específicamente, la junta directiva del BCCR cree que se podrían estar violentando los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, así como la jurisprudencia de la Sala IV sobre el derecho de todo ciudadano a la libre concurrencia, oportunidad de participación y acceso a puestos públicos.

La Supén y la División Económica del Central se oponen al proyecto porque consideran imprudente e indeseable debilitar las cuentas individuales que los trabajadores del Bancrédito tienen en el Régimen Obligatorio de Pensiones, al plantearse que se les devuelvan los aportes que han efectuado por 16 años.

Las dudas que tiene la Presidencia de la República sobre el proyecto para los empleados del Bancrédito han generado mucha molestia en diputados como Jorge Rodríguez, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

La Tesorería Nacional manifestó, en su respuesta, que el proyecto es innecesario desde el punto de vista legal, porque ya hay legislación que apoya los derechos de los trabajadores.

“La propuesta contiene roces de legalidad y se encuentra totalmente supeditada a otra situación indeterminada, sea el cierre del Bancrédito; por tanto, se recomienda rechazar el proyecto de ley, toda vez que las actuaciones de los Poderes de la República deben estar sometidas a la Constitución”, dice la nota remitida por la Tesorería.

Además, la aprobación de la iniciativa legal podría implicar “el uso de recursos públicos sin justificación, en beneficio de un grupo particular” de 769 empleados bancarios, “máxime en la actual coyuntura fiscal, caracterizada por un alto nivel de déficit y endeudamiento público”.

De vuelta a comisión

Ante la amenaza de Zapote, los legisladores se pusieron de acuerdo para devolver la iniciativa a la Comisión de Cartago, tal como informó este jueves, en el plenario, la oficialista Emilia Molina.

"Vamos a eliminar el artículo 5, que es el de los ¢3.000 millones. Siempre estuve en contra, porque tenía la claridad de que no podía ir en el proyecto", comentó Molina.

La legisladora expuso que se tomó la decisión de devolver el proyecto y modificarlo el lunes, para quitarle el artículo que establece el pago de esa bonificación.

Gerardo Vargas Varela y Jorge Arguedas, del Frente Amplio, anunciaron su oposición a la iniciativa de devolver el plan, porque dijeron que si se le quita el artículo 5, el que habla de la bonificación, ya perdería cualquier sentido, porque ese es el objetivo principal de la iniciativa.