Casa Presidencial
El presidente Luis Guillermo Solís se declaró satisfecho con la decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de hacerse a un lado del debate sobre un recorte a las pensiones del Poder Judicial.
Según Solís, desde el principio, su administración colocó en la agenda nacional la necesidad de ponerle un tope a las jubilaciones de lujo, para alcanzar una mayor equidad social y mejores controles del gasto público.
En ese sentido, el presidente afirmó que ve "con enorme satisfacción" cualquier esfuerzo para lograr dichos objetivos.
Este lunes, durante la sesión de Corte Plena, los magistrados tomaron la decisión pública de no defender sus pensiones, que hoy superan los ¢9 millones al mes. Ellos proponían un tope de ¢7,1 millones a las nuevas jubilaciones, pero los diputados hablan de ¢4,7 millones.
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"Constituye una gran satisfacción para mí saber que los magistrados, en un acto que refleja un gran respeto a ese concepto del tope de pensiones, dejan en libertad a los diputados para que hagan el trabajo que corresponde como legisladores y definan los límites a las pensiones en el debate sobre los topes en general", afirmó el mandatario este martes después de la Conferencia de Prensa del Consejo de Gobierno.
Solís adelantó que su Gobierno insistirá en lograr avances en la definición de techos a las pensiones de lujo que paga el Estado.
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Ya en junio pasado, los diputados aprobaron cuatro proyectos de ley para limitar las pensiones de Gobierno y exdiputados que paga el régimen de Hacienda.
Después de esa aprobación, que causaría un ahorro de ¢21.000 millones al año, tres exdiputados, un exministro y un exempleado bancario decidieron recurrir a la Sala Constitucional con recursos de amparo en los que piden la anulación de las leyes, porque sienten que violentan sus derechos adquridos.
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Luis Guillermo Solís prefirió no adelantar sus expectativas sobre la resolución de esos recursos judiciales.
En el caso de la Corte, el presidente tampoco quiso referirse a las críticas que lanzaron los magistrados contra las intenciones de reducirles sus pensiones.
El magistrado Ernesto Jinesta, presidente de la Sala Constitucional, incluso afirmó que pauperizar las pensiones de la Corte era riesgoso, pues podría provocar actos de corrupción entre sus funcionarios.
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"Tal y como lo he señalado esa es la opinión de los señores magistrados y ellos son los que tiene que responder por esa opinión. Lo que me corresponde es insistir en que el debate está colocado en la Asamblea", dijo al respecto Solís.