Por: Aarón Sequeira 24 agosto, 2016
El abuso del licor puede ser contraproducente para los deportistas que requieren de una adecuada hidratación, ya que estas bebidas tienen efectos diuréticos. | ISTOCK
El abuso del licor puede ser contraproducente para los deportistas que requieren de una adecuada hidratación, ya que estas bebidas tienen efectos diuréticos. | ISTOCK

El presidente Luis Guillermo Solís firmó esta mañana la reforma legal que racionaliza los cobros municipales por la explotación de patentes de licor, de manera que estos dependan del tamaño del negocio.

Solís le dio el visto bueno a una nueva escala de pagos que va desde unos ¢160.000 hasta poco más de ¢1 millón por trimestre, en favor de las municipalidades.

La iniciativa, aprobada en el Congreso en mayo, beneficiará a medianos y pequeños negocios que, desde hace dos años, debían pagar igual que los grandes bares. Tal era el caso de bares y cantinas pequeñas.

Guillermo Sanabria, presidente de la Cámara Nacional de Patentados, alabó que finalmente se le pueda quitar un riesgo de cierre a los pequeños negocios, evitándoles cobros hasta de ¢424.000.

La ley 9047 reforma el artículo 10 de la Ley de Regulación de Bebidas Alcohólicas, al cual la Sala IV ya le había derogado varios incisos. Regirá una vez que sea publicada en el diario oficial La Gaceta.

Características. La nueva ley establece que el cobro de las patentes se debe hacer de acuerdo al valor de las ventas anuales netas del último periodo fiscal, el valor de los activos y el número de empleados, entre otros factores que entran en la fórmula de cálculo.

A esa fórmula serán sometidos bares, restaurantes, licoreras y hasta marinas. Y las tarifas se definirán en fracciones o multiplicaciones del salario base de un oficinista 1, que hoy está en poco más de ¢400.000.

La reforma, además, otorga seis meses a las personas con patentes no explotadas para activarlas o renunciar a ellas sin tener que hacer pago alguno a la municipalidad respectiva.

Luis Guillermo Solís destacó el consenso político que se tejió en torno a la reforma, en especial la venia de los diputados cercanos a las municipalidades. En el proceso también participaron cámaras de restaurantes, de hoteles, de turismo y de patentados.

El presidente alabó al legislador socialcristiano William Alvarado, presidente de la Comisión legislativa de Asuntos Municipales. Este último reconoció que al principio no le convencía la idea de debilitar los ingresos tributarios de los gobiernos locales, pero se decidió a apoyar el proyecto al conocer noticias sobre bares cerrados y pequeños negocios afectados por los costos de las patentes.

Sanabria añadió que urge una condonación de deudas para los patentados que han tenido que recurrir a préstamos para rescatar sus negocios y que hoy están ahogados en esas deudas.