Política

Luego de reprobar en cinco auditorías, Hacienda logra explicar cómo usó el crédito del CAF

Contraloría avaló el sexto reporte del Gobierno sobre el empleo de los $500 millones destinados a financiar bonos Proteger y para pagar deuda pública

Luego de cinco criterios negativos, una sexta auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) aprobó los reportes del Gobierno sobre el uso que le ha dado a $500 millones (¢290.710 millones) provenientes de un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Aunque realizó observaciones sobre puntos que deben ser corregidos, la CGR concluyó que "la información revisada está, en todos sus aspectos significativos, conforme el objetivo y el alcance planteado, sobre el cumplimiento del artículo 2 de la Ley N.° 9.833″.

Dicha ley, mediante la cual la Asamblea aprobó el préstamo del CAF, establece que el Poder Ejecutivo deberá brindar informes quincenales al ente contralor sobre el manejo de dicho préstamo, aprobado en marzo por la Asamblea Legislativa.

El crédito, inicialmente solicitado solo para pagar deuda pública, fue avalado por los diputados para además atender a las personas afectadas por emergencia sanitaria de la covid-19.

En el reporte más reciente del Ministerio de Hacienda, se incluyeron datos adicionales a los primeros reportes, como estadísticas demográficas y socioeconómicas de las personas beneficiarias del Bono Proteger.

Además, se agregó un desglose del tipo de títulos, la fecha de cancelación y los montos que se amortizaron con esos recursos.

Según el informe de Hacienda con corte al 15 de setiembre, se habían ejecutado ¢208.344 millones del préstamo, y quedaban disponibles ¢82.365 millones.

El reporte detalla que ¢17.100 millones se dirigieron al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y ¢57.383 a la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo, para que ambas entidades ejecuten el Bono Proteger. De esos recursos, se devolvieron ¢15 millones por 134 entregas erróneas del bono.

El documento muestra que el IMAS ha entregado el beneficio a 45.933 personas, mientras que el Ministerio de Trabajo lo ha hecho con 493.708.

Asimismo, ¢133.861 millones se usaron para la amortización de la deuda pública.

Del monto disponible del crédito, quedan ¢69 millones para el Bono Proteger y ¢82.296 millones para la deuda.

En las auditorías anteriores, la Contraloría había criticado la falta de dicha información, así como la poca divulgación por parte del Gobierno acerca del uso del dinero.

Los primeros documentos presentados por el Ejecutivo eran tan breves que la CGR se abstuvo de opinar en las primeras dos auditorías, mientras que otras tres tuvo un criterio adverso.

Ahora, la Contraloría solicitó ajustes en siete aspectos del reporte, pero optó por no reprobarlo. En su lugar, emitió una opinión modificada.

Según la entidad, “la opinión modificada se refiere a que, excepto por algunos aspectos importantes, la opinión es favorable en lo relativo al cumplimiento del objetivo, alcance y criterios de auditoría”.

Entre los puntos a mejorar, el ente contralor indicó que “se mantiene una falta de revelación sobre el tratamiento de los recursos remanentes al 15 de diciembre de 2020”, debido a que el dinero no utilizado volverá al Ministerio de Hacienda para usarse de forma inmediata al pago del servicio de la deuda.

De igual forma, la CGR explicó que faltan detalles confiables sobre la forma en que se preparó la información, y detalló algunas inconsistencias en los datos presentados.

Por ejemplo, “se indica erróneamente que, para el caso del IMAS, de los recursos ejecutados solo quedan como disponible el 0,003% del ‘Presupuesto Asignado’. De acuerdo con lo indicado en el informe al 15 de setiembre de 2020, se revocaron resoluciones por motivo de impedimentos de pago y cambio de situación de pobreza, por lo que el saldo disponible se incrementó a 2,37% del ‘Presupuesto Asignado’”.

Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista de Actualidad. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Cubre servicios, transportes y judiciales.