Esteban Oviedo, Carlos Arguedas C..   28 febrero
Al fondo, de saco, el magistrado Gerardo Alfaro. Fotografía: José Cordero

Los cinco magistrados en ejercicio de la Sala III, máximo juzgado penal del país, participan en el allanamiento a la Casa Presidencial por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Así lo habían acordado, previamente, los altos jueces por tratarse de la primera vez en la historia que se realiza una diligencia judicial de este tipo en la sede principal del gobierno.

Entraron a la Presidencia los magistrados Álvaro Burgos, Sandra Zúñiga, Gerardo Alfaro, María Elena Gómez (suplente en ejercicio) y Rafael Segura (suplente en ejercicio).

Los cinco firmaron la orden de allanamiento solicitada por la fiscala general, Emilia Navas Aparicio. El magistrado instructor es Álvaro Burgos.

Álvaro Burgos, magistrado de la Sala Tercera (de frente), lee la orden de allanamiento al presidente Carlos Alvarado (izquierda, de espaldas) y a su abogado, Róger Guevara. Foto: Cortesía.

Este viernes, el Ministerio Público desarrolla diez allanamientos en oficinas de la Presidencia, el Ministerio de Planificación (Mideplán) y cuatro casas de habitación.

La diligencia pretende determinar si una oficina asesora de Presidencia accedió o no a datos confidenciales de los habitantes, luego de que un decreto, publicado el 17 de febrero y derogado el día 21, estableciera que la UPAD tendría acceso a datos confidenciales en manos de instituciones públicas.

La Fiscalía precisó que investiga los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.

Según la hipótesis de la Fiscalía, al parecer dos analistas de datos se desempeñaron como asesores de la Presidencia desde mayo del 2018 hasta octubre del 2019 “y, en apariencia, conformaron una unidad gubernamental para compilar y analizar datos para la supuesta ejecución de políticas públicas, sin ningún respaldo legal”.

“Se presume que, entre las labores de este grupo, se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y se cree que (Carlos) Alvarado tenía conocimiento de esto”.

“Al parecer, (Carlos) Alvarado, (Víctor) Morales (ministro de la Presidencia) y (Daniel) Soto (viceministro de Planificación) emitieron un decreto para que se continuara desarrollando esa actividad, a pesar de que, presuntamente, conocían que infringían la ley. No obstante, ante distintos cuestionamientos, el 21 de febrero anterior, la Presidencia de la República habría informado sobre la derogadora de este decreto”, añadió un comunicado del Ministerio Público.

En el operativo, también participan 250 oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). A diferencia del allanamiento en Casa Presidencial, las diligencias en los otros puntos están a cargo de jueces penales.