EscucharLas fracciones legislativas de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Nueva República (PNR) bloquearon el avance de un proyecto de ley para reducir la contribución estatal a los partidos políticos en las elecciones nacionales y municipales del 2026 y el 2028. El texto bajaría el aporte a las campañas de un 0,19% a un 0,085% del producto interno bruto (PIB).
La medida bajaría la deuda política de ¢93.000 millones a ¢30.000 millones, generando un ahorro de ¢53.000 millones para el Estado.
26 diputados de estos partidos rechazaron una moción del diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), que habría dispensado de trámites la iniciativa 24.337. Al igual que en procesos anteriores, este plan introduciría una medida transitoria en el Código Electoral.
En la mañana, por votación de mayoría, las jefaturas de fracción habían acordado no votar aún la moción de orden, aunque ya tenía casi 10 días de presentada y ese tipo de mociones exige una votación inmediata.
Luego de los reclamos de Acuña y con el aval de los demás voceros partidarios, la dispensa se puso a votación, pero solo recibió 17 votos a favor provenientes del Frente Amplio, Progreso Social Democrático (PPSD) y el Liberal Progresista (PLP).
La reforma se debe realizar a más tardar en diciembre, pues el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) define entre enero y febrero la contribución política para la campaña 2025-2026.
En una ocasión anterior, el Frente Amplio había igualmente promovido la dispensa de trámites de esta iniciativa, pero tampoco recibió el apoyo del PLN, el PUSC y el PNR. En aquel momento, Fabricio Alvarado, de Nueva República, dijo que el plan era innecesario porque se estaba tramitando otra iniciativa similar en la Comisión de Reformas Electorales del Congreso.
No obstante, apenas se puso a votación ese texto en ese foro, fue sepultado por votación de mayoría; el propio Alvarado votó en contra.
Por su parte, el socialcristiano Carlos Felipe García dijo a la vocera oficialista, Pilar Cisneros, que si el gobierno y su partido están a favor, debieron convocar la iniciativa durante el periodo de sesiones extraordinarias, de mayo a julio, en que el Ejecutivo mantuvo el dominio de la agenda parlamentaria.
Eliécer Feinzaig, del PLP, enfatizó que la reforma hace exactamente lo mismo que han aplicado otros transitorios durante los últimos procesos electorales, por lo que no veía ningún problema en que se dispensara de trámites, máxime que se pueden establecer acuerdos a través de mociones, en el plenario, para hacer las modificaciones que los partidos consideren pertinentes.
En tanto, Óscar Izquierdo, jefe del PLN, adujo que el proyecto de ley no es tan sencillo, sino bastante complicado. “Se requiere hacer bastantes números, porque hemos venido viendo cómo el narcotráfico ha intentado penetrar las diferentes esferas de la sociedad costarricense”, alegó.
Sin embargo, Jonathan Acuña reclamó que no se han presentado mociones a la ligera, sino que, desde agosto del 2022, había presentado la primera reforma, que fue archivada bajo el liderazgo de Fabricio Alvarado en la Comisión de Reformas Electorales.
