Josué Bravo. Hace 3 días
Yorleny León, diputada del PLN. Foto: John Durán
Yorleny León, diputada del PLN. Foto: John Durán

Una reforma de ley obligaría a los órganos colegiados de la Administración Pública, como juntas directivas de las instituciones autónomas o comisiones, a grabar sus sesiones en audio y video en aras de reforzar la transparencia y fidelidad en la reproducción de las mismas.

Las grabaciones deberán ser respaldadas en un medio digital que garantice su integridad y archivo de acuerdo con la legalidad, pero también los integrantes del cuerpo colegiado deberán garantizar el cumplimiento del proceso.

Si no lo hacen, incurrirían en una falta grave y podrían ser inhabilitados del cargo y ser denunciados penalmente.

Así lo ordenaría una reforma de ley presentada por la congresista de Liberación Nacional (PLN), Yorleny León, la cual fue dictaminada afirmativamente por ocho diputados de la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios.

Como su texto incluye reformas a la Ley General de Administración Financiera, abarcaría a todos los entes públicos, desde el Gobierno Central hasta las instituciones autónomas y empresas públicas, explicó la proponente.

El texto acoge una recomendación de la Contraloría General de la República (CGR), incorporada en el informe legislativo sobre el hueco fiscal de ¢600.000 millones del Presupuesto Nacional del 2018.

Durante la revisión de actas en ese caso, la CGR encontró que los cuerpos colegiados consignaron de diferentes maneras el contenido de las sesiones, pues, en muchas ocasiones el contenido del acta no era fiel ni literal con lo ocurrido en determinada sesión.

Lo mismo encontró la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa que indagó el caso y rindió un informe.

“Una de las dificultades que encontramos cuando investigamos el hueco fiscal es que se dan reuniones de alto nivel con funcionarios de Hacienda (Tesorería, créditos públicos, viceministro, otros) y no habían actas o grabaciones. Evidenciamos esas reuniones por medio de correos electrónicos que fuimos conectando”, agregó León.

Por ello, la Contraloría recomendó a los diputados incorporar la obligatoriedad de las grabaciones en una reforma a la Ley General de la Administración Pública que regula esas sesiones.

La CGR aclaró que “no se trata de la regulación de la publicidad de las sesiones, sino de fortalecer la transparencia y fidelidad en la reproducción de las mismas”.

“Recomendamos la grabación íntegra de las reuniones de los órganos colegiados, respaldo que estaría a disposición de toda institución legitimada para acceder a su revisión, incluso cuando las sesiones fueran declaradas secretas mediando orden de juez”, agregó el ente contralor.

El plan también obligaría incorporar al expediente administrativo los correos electrónicos de importancia en la toma de decisión del órgano colegiado.

La Contraloría señaló que, por ahora, la Ley General de la Administración Pública solo pide el levantamiento de un acta que recoja una especie de resumen de los hechos principales de la sesión.

“Lo cual da lugar para la discrecionalidad de cuáles hechos asentar o de omitir detalles importantes, como la identificación y criterio de cada miembro en el proceso de deliberación, aspectos que se resolverán con la grabación íntegra de la sesión”, señaló el ente contralor.

La reforma aplicaría un año después de haber entrado en vigencia la ley, según el texto dictaminado en Hacendarios.

“En ningún caso debería de generar ninguna contratación. Las instituciones tienen departamentos de prensa o prensa y protocolo que perfectamente pueden asumir esa labor”, subrayó León.

Votaron a favor las liberacionistas Ana Lucía Delgado y Silvia Hernández, los socialcristianos María Inés Solís y Oscar Cascante; Carlos Avendaño y Giovanni Gómez, de Restauración Nacional, Laura Guido, del PAC; y Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano.

Por otra parte, el proyecto de León también contempla una prohibición para que el Tesorero Nacional de Hacienda ocupe, al mismo tiempo, otro cargo en la Administración Pública.

Propuesta adicional

La medida recoge otra recomendación de la CGR, pues, durante la administración de Luis Guillermo Solís, la tesorera nacional, Martha Cubillo Jiménez, también fungía como viceministra de Egresos cuando ocurrió el hueco fiscal.

“Es prohibido a quién ocupe el cargo de Tesorero Nacional desempeñar cualquier otro cargo o empleo público”, reza parte del texto.

Hernández, presidenta de la comisión de Hacendarios, dijo que la idea es que “el rol de tesorero nacional nunca más sea ocupado o recargado por funciones políticas, como ocurrió con el viceministerio de Egresos en su momento”.

“Esas debilidades llevaron a la comisión investigadora del hueco fiscal a denotar que, en los momentos que se cometieron mayores vicios, fue cuando ese recargo de funciones en la Tesorería Nacional se cumplía”, agregó la verdiblanca.

Cubillo renunció a la Tesorería Nacional en abril de este año, luego de que la CGR recomendara a Hacienda despedirla sin responsabilidad patronal por su implicación en el hueco fiscal.

El ente contralor exigió, además, que se le inhabilitara para ejercer cargos públicos por tres años, pues, le atribuyó “culpa grave” en el caso.

El hueco fiscal es el faltante de ¢600.000 millones al plan de gastos del 2018 elaborado por el Gobierno de Luis Guillermo Solís.

Esos recursos servirían para pagar deuda pública pero no se presupuestaron, lo que obligó a la administración Solís y a la de Carlos Alvarado, honrar esos compromisos sin autorización de los diputados.

Durante la investigación en la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, los diputados verificaron cancelaciones de deuda por unos ¢182.000 millones hasta del 2018, cuando llegó el primer presupuesto extraordinario de la administración Alvarado.

La comisión determinó que Solís y su ministro de Hacienda, Helio Fallas, no presupuestaron los ¢600.000 millones.

En el informe, los diputados recomendaron a la Fiscalía General investigar al exmandatario por “posibles actuaciones u omisiones”. La CGR también abrió una investigación interna.