Los diputados aprobaron este lunes, en segundo debate y definitivo, el proyecto de Ley de Educación Dual.

La iniciativa, bajo expediente legislativo 20.786, recibió el apoyo de 49 legisladores, mientras que dos votaron en contra de la iniciativa.

Votaron a favor 16 diputados de Liberación Nacional (PLN), nueve de Acción Ciudadana (PAC), siete de Nueva República (PNR), seis de Restauración Nacional (PRN), cinco de la Unidad Social Cristiana (PUSC), tres de Integración Nacional (PIN), dos del Republicano Social Cristiano (PRSC) y el independiente Erick Rodríguez Steller.

Votaron en contra Shirley Díaz, del PUSC, y José María Villalta, del Frente Amplio.

No estuvieron presentes Franggi Nicolás, del PLN; Erwen Masís, Pedro Muñoz y María Vita Monge, del PUSC; y Floria Segreda, de Nueva República. En tanto, Víctor Morales, del PAC, tiene permiso para ejercer como ministro de la Presidencia.

El presidente Carlos Alvarado agradeció la votación. Según dijo, este proyecto permitirá generar mayores opciones de empleo, en momentos en que casi 300.000 personas (un 11,9% de la población activa) están desempleadas.

El plan busca que colegiales mayores de 15 años, si lo desean, matriculen en una modalidad de estudios dual, con teoría y aplicación práctica de los conocimientos en centros de trabajo, con opciones de acceder a becas y a un reconocimiento económico.

Se trata de un tipo de educación para formarse en dos ámbitos del aprendizaje: uno de ellos se hace en una institución de educación y formación técnica profesional (EFTP) en una empresa o centro de formación para la empleabilidad.

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Según la propuesta, se garantiza que los jóvenes puedan obtener más de 1.000 horas de experiencia profesional que funcione para obtener, con mayor eficiencia, su primer empleo.

La nueva legislación busca crear programas educativos para que los estudiantes aprendan la teoría en las aulas y, luego, las apliquen en prácticas técnicas y profesionales en empresas públicas o privadas.

A la vez, el estudiante podría obtener un reconocimiento económico otorgado por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para transporte, alimentación y vestimenta.

La nueva ley ordena al INA a asignar el 1% de su presupuesto ordinario anual para crear un fondo de becas, al cual también deben contribuir las grandes empresas incluidas en el convenio de educación dual. El aporte de esas empresas tendría que ser de ¢120.000 por cada aprendiz que reciban.

Cuando concluyan con el programa dual, los jóvenes podrán obtener un título de práctica profesional, que se puede tomar en cuenta como experiencia profesional, cuando salgan a buscar empleo.

El acuerdo para tomar ese programa como experiencia laboral se dio entre el Gobierno y el sector empresarial privado.

El presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, el liberacionista Wagner Jiménez, aseguró que nada malo le pasó a él ni a nadie que, durante su infancia y adolescencia, se haya acostumbrado al trabajo.

“Mis vacaciones las pasaba en cafetales, potreros y en el trapiche de mi abuelo. El trabajo siempre ha estado vinculado a mi personalidad”, dijo el verdiblanco, quien aseguró que su formación tuvo mucho que ver en la intención de impulsar fuertemente la educación dual.

“Solo a través de la práctica, el estudiante logra descubrir sus insuficiencias y preparar el camino para su transformación”, dijo Jiménez.

En este tipo de programas de formación, podrán participar estudiantes de colegios técnicos del Ministerio de Educación Pública (MEP), el INA, las universidades públicas, las privadas y los institutos parauniversitarios.

Por la contraparte del sector privado, participarán grandes y medianas empresa, solo si tienen la capacidad instalada para recibir aprendices y brinden la seguridad a los estudiantes durante las prácticas.

Por otra parte, el oficialista Enrique Sánchez apuntó que, para el avance del proyecto legal, se pudo superar una discusión de muchísimos años y que fue totalmente infructuosa durante todo el periodo anterior.

Ese debate estuvo centrado, recordó Sánchez, en debatir si la relación entre estudiantes y empresas era laboral o no.

“Tomamos la decisión de salirnos de esa educación de tanto tiempo y que no iba a llegar a ningún lado. Buscamos fórmulas alternativas para que sea un modelo atractivo para que los centros de trabajo tengan más espacios”, dijo el congresista.

María Inés Solís, jefa de la Unidad Social Cristiana, aseguró que la educación dual es una opción importante para salir del colegio con experiencia y que les daría la posibilidad de conseguir empleo más fácilmente.

“Sabemos la situación económica y el nivel de desempleo que hay. Esa ayudita no le cae nada mal a las familias”, dijo la socialcristiana.

Mileidy Alvarado, de Restauración Nacional, también destacó que el programa de educación dual les va a dar experiencia a los estudiantes. “Pretende ayudar con el problema del desempleo y es una modalidad voluntaria”, comentó.

Agregó que ese proyecto de ley traerá oportunidades a muchos estudiantes que hoy no las tienen.

La socialcristiana Shirley Díaz se pronunció en contra de la iniciativa de ley. Aseguró que le queda un sinsabor en la boca porque dijo que el proyecto tiene un articulado ambiguo y débil.

Alegó que se le deja la responsabilidad a los representantes del sector privado quienes, en el consejo rector, tomarían las decisiones principales y no un jerarca del Gobierno, como el ministro de Educación o el de Trabajo.

Afirmó que se aprueba la educación dual en el “contexto país” que no es el ideal, y apuntó que defiende más los intereses de los empresarios que los de los estudiantes de secundaria.

El exdiputado Óscar Campos, quien ha movilizado y asesorado a los colegiales que este lunes llegaron al Congreso, intentó que varias fracciones legislativas firmaran una consulta de constitucionalidad del plan sobre educación dual.

Sin embargo, fracasó en el intento de lograr las 10 firmas requeridas para frenar el segundo debate del expediente legislativo durante el mes que se analice en la Sala Constitucional.

En tanto, José María Villalta, del Frente Amplio, alega que la ley tiene vacíos importantes y desconoce la necesaria protección de los estudiantes en condición de personas trabajadoras.

“Las y los estudiantes participan del proceso productivo, no son simples observadores ni es una simple pasantía. Deben contar con una protección en condición de trabajadores”, dijo el frenteamplista.

Cámaras empresariales satisfechas

Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), dijo que ya era hora de aprobar esa iniciativa y afirmó que eso tendrá un impacto en la generación de empleo en el país.

"Es un arma muy poderosa para brindar a nuestros jóvenes y trabajadores un sistema educativo que permita su rápida inserción laboral a las dinámicas y cambiantes necesidades del mercado", comentó Egloff.

La Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham) también aplaudió la aprobación legislativa del proyecto.

Según Elías Soley, presidente de la AmCham, la nueva ley garantiza la formación de un mayor número de técnicos en áreas estratégicas con el perfil requerido por las empresas.