Un proyecto de ley les permitiría a las personas altamente endeudadas refundir sus préstamos y obtener una cuota mensual más baja para mejorar sus condiciones de liquidez.

Se trata de una iniciativa llamada Crédito de Salvamento, impulsada por el Gobierno, que ofrecerá una tasa de interés del 12%. Es decir, posibilitaría pagar unos ¢12.000 por cada millón refundido.

Podrán optar por este programa de préstamos blandos, con mejores tasas de interés y plazos, los asalariados del sector público y privado que tengan comprometido más del 40% de su salario.

Por ejemplo, si su sueldo es de ¢1 millón y sus deudas mensuales superan los ¢400.000, usted sería candidato.

Para evaluar la idoneidad del aspirante, se hace una sumatoria de todas sus deudas, ya sean de consumo como compra de vehículo o con tarjetas de crédito, y también los préstamos de vivienda.

Posteriormente, se saca un promedio de los créditos y todos los préstamos se convierten en una sola operación crediticia.

Los trabajadores independientes no pueden optar por el beneficio.

El próximo martes 15 de octubre, el Ejecutivo presentará el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, informó este viernes el presidente Carlos Alvarado.

La iniciativa pretende que todas las entidades del sistema financiero y reguladas por la Superintendencia General de Entidades Finacieras (Sugef) se sumen al programa.

De momento, la próxima semana, el gobierno publicará una directriz para la banca estatal (Banco Nacional y Banco de Costa Rica), invitando al Banco Popular, como ente público no estatal, para que ofrezcan esta posibilidad, explicó Pilar Garrido, ministra de Planificación.

La idea es que luego se incorporen la banca privada, las cooperativas y demás entes financieros.

Por ejemplo, hoy, por una deuda de ¢5 millones, en promedio, la cuota mensual es de ¢130.000, a una tasa de alrededor del 20%. Con el Crédito de Salvamento, el pago por mes bajaría a ¢60.000, comentó Garrido.

Los plazos de los préstamos con esta modalidad serían hasta por 15 años, y si el deudor aporta garantía hipotecaria, este se extiende a 20 años.

Actualmente, por un préstamo personal de refundición de deudas, la banca ofrece plazos de alrededor de 8 años.

La garantía para quienes se acojan al Crédito de Salvamento será el salario, razón por la cual será obligatorio para los patronos, tanto públicos como privados, aplicar la deducción por planilla.

Asimismo, los beneficiarios no podrán endeudarse con ninguna otra entidad financiera mientras no hayan amortizado al menos el 50% del préstamo de salvamento, o mientras no haya trascurrido la mitad del plazo del crédito; lo que ocurra primero.

Programa de educación financiera

A cambio de optar por los beneficios del Crédito de Salvamento, las personas estarán obligadas a llevar un programa de educación financiera durante tres años.

Este consistirá en una serie de módulos sobre finanzas saludables, los cuales serán impartidos en horarios apropiadas para los usuarios, destacó la ministra de Planificación.

Asimismo, dijo la jerarca del Mideplán, al finalizar el programa educativo, se recompensará el compromiso de quienes lo cumplieron a cabalidad.

Por ejemplo, la tasa de interés podría bajar hasta en dos puntos porcentuales.

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Más medidas

El programa de Crédito de Salvamento viene acompañado de una serie de medidas que el Ejecutivo echará a andar con el fin de bajar los niveles de endeudamiento de los costarricenses.

Por eso, el proyecto de ley buscará reformar la Ley Orgánica del Banco Central (N° 7558), para que se permita crear una base de datos adicional a la que maneja el Centro de Información Crediticia (CIC) de la Sugef.

El CIC es una plataforma que reúne la información sobre el desempeño crediticio de cada uno de los deudores dentro del sistema financiero nacional.

Sin embargo, tiene la limitante de que solo deja ver el nivel de endeudamiento que tienen las personas en las entidades financieras reguladas por la misma Sugef.

Esa falta de información representa una brecha para generar una adecuada capacidad de gestión de riesgos derivados de la cartera crediticia, expresó la ministra Garrido.

Entonces, la propuesta dentro del proyecto de ley es la creación de un módulo o base de datos adicional al CIC, donde se incluya información sobre la totalidad de las deudas de las personas.

Por ejemplo, las que tienen con compañías telefónicas, con empresas de servicios públicos y con casas comerciales de electrodomésticos, entre otras.

“Se tiene el mapa completo de qué tan endeudadas están las personas. Con base en eso se refunden y se deja una sola operación crediticia. Las entidades financieras y las personas corren menos riesgos”, aseguró la Ministra.

Adicionalmente, el proyecto de ley modificaría una limitación que impide a los bancos estatales ampliar sus opciones para captar recursos del exterior.

De esta manera, ese ingreso fresco podrían utilizarlo las entidades financieras para prestarlo a los beneficiarios del Crédito de Salvamento.

Esto implicaría un segundo cambio en la normativa. En este caso, el artículo 4 de la Ley Orgánica Sistema Bancario Nacional (N° 1644).

Endeudamiento al tope

La iniciativa es del Ejecutivo, en momentos en que el endeudamiento en el país presenta un récord histórico, afirmó Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central.

Esa situación se traduce en la desaceleración del consumo y la inversión, lo cual afectada directamente la actividad económica general del país.

En menos de 10 años, el crecimiento de los préstamos para consumo de los hogares hizo que sus deudas crecieran más rápido que sus entradas económicas.

En junio del 2018, el ingreso promedio se ubicó en ¢1 millón, pero la deuda promedio fue de ¢8,5 millones, es decir 8,4 veces superior.

En el 2011, esa misma comparación fue de ¢859.000 en ingresos promedio y de ¢4,4 millones en deudas, lo cual significaba una razón de endeudamiento de 5,2 veces por encima de las entradas de dinero de los hogares.

Según la Sugef, la razón del aumento en la deuda de los hogares es la cantidad de préstamos de consumo a los que acceden. Estos son, principalmente, prendarios y por tarjetas de crédito.

De hecho, hoy, los préstamos de consumo superan los de vivienda, según lo reflejan cifras de esta entidad.

En el 2018, los préstamos solicitados por las personas representaron el 35,3% del producto interno bruto (PIB). De estos, el 19% fueron de consumo, mientras que el 16,3% correspondió a vivienda.