Juan Diego Córdoba.   17 junio
La CCSS, cuya sede central está en San José, administra el seguro de salud y las pensiones del IVM. Foto: Rafael Pacheco

Un proyecto del diputado del PUSC, Pedro Muñoz, abriría un periodo de seis meses de amnistía para que se pongan al día los trabajadores independientes que arrastran deudas con el pago de sus cuotas a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

En caso de que la iniciativa de ley llegue a aprobarse, la CCSS le perdonaría los intereses y las multas a todos los trabajadores por cuenta propia que lleguen a ponerse al día, durante ese plazo.

Según el proyecto del legislador de la Unidad Social Cristiana (PUSC), con el perdón de intereses y multas, los deudores tendrán que alcanzar un arreglo de pago para pagar a la CCSS, en un plazo máximo de un año, todas las cuotas dejadas de pagar en los cuatro años anteriores a la publicación de la ley.

De acuerdo con Muñoz, la amnistía permitiría reducir la informalidad laboral y mejorar los ingresos financieros de la aseguradora social, la cual administra tanto el seguro de salud como las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

“Definitivamente, la Caja está ahuyentando a un montón de profesionales y está peleándose con la plata y siempre es un mal negocio pelearse con la plata”, argumentó el legislador.

De acuerdo con la ley, todos los trabajadores independientes deben cotizar a la seguridad social. Sin embargo, en el país hay un millón de trabajadores informales, de los cuales poco menos de la mitad son independientes, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Asimismo, la Encuesta Continua de Empleo del INEC reveló que, al primer trimestre del 2019, solo uno de cada diez trabajadores independientes que ofrecen servicios profesionales cotiza para la CCSS.

Dicha situación afecta la recaudación de la Caja para darle sostenibilidad financiera a sus servicios a lo largo del tiempo, pero además, si estas personas necesitaran atención médica de urgencia, tendrían que pagarla si no están asegurados. Tampoco tendrían acceso a pensión en un país que envejece cada vez más.

La investigadora del Estado de la Nación, Natalia Morales, afirmó, en un artículo anterior de La Nación, que mucha de esta población podría formalizarse con incentivos como cargas sociales graduales.

Del total de empleos en nuestro país, el 46% permanece en la informalidad. Ese es el punto más alto desde el 2010 desde que la Encuesta Continua de Empleo del INEC mide este indicador.

La iniciativa de ley de Muñoz también igualaría la cuota que deben pagar los trabajadores independientes a la CCSS, con el monto que deben aportar los asalariados en sus cargas sociales.

El proyecto eliminaría el mecanismo que actualmente implementa la CCSS para fijar el cobro a los trabajadores por cuenta propia, los cuales deben desembolsar entre 10,5% y 18,5% de sus ingresos. El monto exacto lo fija la entidad tras el estudio de cada caso.

Los trabajadores asalariados, en cambio, aportan siempre el 10,3% de su salario, lo que incluye el seguro de salud y los aportes para las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).

El proyecto también propone un cambio en la forma de calcular el aporte de los trabajadores independientes. La iniciativa plantea que el 10,3% de cuota se calcule sobre la renta neta y no la bruta.

Esa disposición permitiría que, antes de calcular el aporte a la CCSS, los trabajadores por cuenta propia deduzcan de sus ingresos totales los gastos conforme los mismos principios que se aplican para estimar el impuesto sobre la renta.

“Los trabajadores (independientes) pagan cuotas sumamente elevadas respecto de los trabajadores asalariados, a pesar de que unos y otros tienen los mismos derechos según la Constitución, los principios y las leyes en materia de seguridad social”, argumenta el proyecto denominado Ley del Trabajador Independiente.