Sofía Chinchilla C., Esteban Oviedo.   23 mayo
Otto Guevara declaró el 7 de febrero en la Fiscalía. Fotografía: José Cordero

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ordenó entregarle al Estado los ¢42 millones encontrados en un allanamiento a una oficina de abogados, vinculada al exdiputado Otto Guevara, por falta de una “justificación lícita” para la posesión y titularidad del dinero.

Consultado por La Nación, Guevara afirmó que la orden judicial no lo afecta, pues sostiene que el dinero nunca le perteneció y que hasta el momento del allanamiento desconocía su existencia.

Los recursos fueron decomisados por la Fiscalía General el 23 de marzo del 2018, cuando allanó las oficinas del bufete Grupo Jurídico Especializado, en Los Yoses, como parte de una investigación contra Guevara por el presunto delito de falsedad en la declaración jurada.

“Que vayan a buscar de quién es, pero yo no soy, que hablen con los dueños del edificio porque esa cuestión no tiene nada que ver conmigo, yo era un simple arrendatario de un espacio de este bufete”, dijo Guevara.

En aquel momento, el abogado y político era diputado y disponía de inmunidad parlamentaria.

Después del allanamiento, la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales interpuso un proceso de capitales emergentes y, el 22 de mayo de este año, el Juzgado ordenó la pérdida inmediata del dinero, compuesto por ¢39,4 millones y $4.900, en favor del Estado costarricense.

No obstante, en el fallo, emitido a las 4 p. m. del lunes, el juez indica que no quedó demostrado que Guevara fuera el dueño del dinero. Por el contrario, el Juzgado consideró que el efectivo estaba guardado en un sitio que era de acceso común para todos los ocupantes del edificio. Por ese motivo, la condena se giró contra persona ignorada.

El dinero se encontraba en una caja fuerte en la planta baja del edificio, “detrás de las escaleras de acceso al sótano, específicamente en una caja de cartón color morado oscuro", dice la resolución del juez Alcevith Godínez Prado.

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“Al no existir, al momento de la diligencia, una justificación lícita para la tenencia del dinero, eso motivó el inmediato decomiso y la apertura de la causa penal 18-000066-033-PE, por el delito de legitimación de capitales”, infirmó el Ministerio Público en un comunicado.

La Fiscalía solicitó al Juzgado que se declarara la pérdida definitiva del capital y que se asignara al Estado, concretamente al Instituto Costarricense sobre Drogas.

“Se llega a la convicción que existe base suficiente para formular una hipótesis en el sentido que el dinero bajo examen carece de causa lícita que justifique su tenencia. Capitales emergentes es una figura que permite la ley costarricense, mediante la cual, si el titular de los bienes o valores no logra justificar o demostrar la procedencia lícita, corresponde, previo un debido proceso jurisdiccional, la declaratoria de pérdida de los mismos a favor del Estado”, explicó la Fiscalía.

En los últimos 12 meses, la Fiscalía de Legitimación de Capitales ha analizado 16 casos en condiciones similares, de los cuales ha iniciado 11 procesos para que se declare la pérdida del patrimonio que fue incautado.

‘Yo no tengo vela en ese entierro’

El exdiputado libertario afirmó a este medio que no ha sido notificado de la resolución judicial. No obstante, aseguró que el dinero nunca fue suyo, por lo que procuró desvincularse del proceso judicial desde hace aproximadamente medio año.

“Desde un inicio nosotros le hicimos ver a la Fiscalía que yo desconocía que, en ese oficentro, donde alquilaba un espacio de 16 m², había una caja de seguridad. Y si no sabía que había una caja de seguridad, mucho menos el contenido y lo que había en esa caja de seguridad no tiene que ver absolutamente nada conmigo. Yo no tengo vela en ese entierro”, afirmó Guevara.

El exlegislador afirmó que la oficina que arrendaba era la más pequeña entre las aproximadamente 12 que había en el lugar, y que nunca tuvo acceso a la caja de seguridad.

“Lo encontraron en una sección cercana a unas gradas, pero no tiene nada que ver con mi oficina ni con el alquiler que tenía ahí, a mí no me la alquilaron con posibilidad de usar una caja de seguridad”, afirmó Guevara.

El libertario dijo que su abogado envió un documento a la Fiscalía hace aproximadamente seis u ocho meses, en el que pidió ser excluido del proceso judicial por considerarse ajeno a la situación. Según afirmó, desde entonces, no ha tenido ninguna participación en el proceso.

Trámite de devolución del dinero

En abril del 2018, Federico Campos, entonces defensor de Guevara y de Jorge Ross Araya –abogado, excuñado de Guevara y dueño del edificio, según el libertario– solicitó la devolución del dinero decomisado.

Para fundamentar la solicitud, el representante argumentó que la orden de allanamiento, emitida por la Sala Tercera, delimitó cuales eran los recintos que debían ser inspeccionados, y que la fiscal Emilia Navas revisó sitios que no se habían contemplado.

El exdiputado negó que, con el trámite, él estuviera reclamando la propiedad del dinero.

“En aquel momento, Federico Campos fue el abogado de los dos: del dueño del inmueble, Jorge Ross Araya, y mío. Entonces él presenta esa actividad procesal defectuosa señalando que ustedes, Fiscalía, abusaron de sus competencias, se fueron a hacer allanamientos por todo lado, lo que corresponde es que devuelva las cosas a como estaban”, dijo Guevara.

“No se estaba reclamando la titularidad del dinero, se estaba reclamando la actividad procesal defectuosa", reiteró el exlegislador.

Según el exdiputado, la versión de Ross es que los fondos eran de un cliente.

“Aparentemente, era de un cliente que había tenido don Jorge durante algunos años, él le prestó la caja de seguridad, es lo que él me contó a mí, yo no pongo las manos al fuego, pero es lo que él me contó, el cliente estuvo depositando durante varias visitas que hizo al bufete (...) a final de cuentas el cliente este no apareció”, relató el libertario.

Guevara afirmó que, como Ross era el dueño de la caja fuerte, él decidió separar su defensa, a fin de desligarse del asunto.

“Ya luego la defensa la separamos, Jorge Ross buscó la defensa por su lado. Nosotros siempre mantuvimos la defensa y desde el principio el argumento fue que el dinero no era mío y que como no era mío, se me tenía que sacar del proceso de extinción de dominio”, declaró Guevara.

La solicitud de devolución planteada inicialmente por Campos fue rechazada en una etapa previa del proceso y, según consta en la resolución judicial de este lunes, ni Guevara ni Ross reclamaron el dinero.