Siete organizaciones, integradas en el Foro de Justicia, fustigaron a diputados y diputadas por los bochornosos hechos del lunes pasado, en torno al proceso de votación legislativa sobre la reelección o no del magistrado constitucional y presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz.
En el pronunciamiento público que dieron a conocer las organizaciones de juristas y de análisis de la realidad del país, clamaron por que el Congreso realice modificaciones inmediatas al proceso de selección de los magistrados, sobre todo para que sea un proceso de votación pública y no secreta, como actualmente.
La manifestación del Foro se centró en criticar la entrada irregular al plenario que realizaron Gustavo Viales y Franggi Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN); así como el independiente Erick Rodríguez Steller, cuando ya el presidente legislativo, Eduardo Cruickshank, había ordenado el cierre de las puertas.
Además, los tres congresistas no solo ingresaron de forma ilegal al salón del pleno, ya convocada la votación, sino que lo hicieron por una puerta de acceso al plenario que no está habilitada para ello, ubicada en el primer piso del edificio principal de la Asamblea, que a través de unas escaleras conduce a un pequeño salón donde suelen reunirse las fracciones parlamentarias, en particular el PLN.
Dicha puerta sólo se puede abrir desde dentro, como reconoció públicamente el presidente del Congreso, el lunes, durante la sesión del plenario.
El foro de juristas alegó que ese ingreso de los tres parlamentarios empañó el acto formal de votación sobre la reelección o no de Cruz para su tercer periodo de ocho años como magistrado constitucional.
“Debilita la confianza de la ciudadanía en el órgano legislativo.
“Como bien lo mencionó el diputado presidente Cruickshank, el país merece que sus representantes se comporten a la altura del crítico momento histórico que vive, en particular en decisiones de trascendencia nacional”, reclamó dicha organización.
El Foro de Justicia está integrado por la Asociación Costa Rica Íntegra (CRI), la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés), la Facultad de Derecho y la Maestría en Ciencias Penales, ambas de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional y el Programa Estado de la Nación.
Después del caos que generó el ingreso de esos tres parlamentarios de forma irregular en el plenario, Cruickhank aseguró que esa acción borraba toda la gestión que han realizado los actuales congresistas.
“Hoy, hemos borrado con el codo lo que hemos venido haciendo con la mano. Este es un acto, este es un acto sumamente grave. No hay excusas, no hay excusas. Hay que reconocer y aceptar que se cometió un error”, aseguró el restauracionista.
El jerarca de la Asamblea alegó ese día, después de que la verdiblanca Franggi Nicolás reconoció su error y salió del plenario, que él habría querido oír a las otras personas, Viales y Rodríguez Steller, que pidieran perdón a los diputados y a los costarricenses. Pero no lo hicieron ni salieron del recinto.
LEA MÁS: PAC fue clave para permitir reelección de Fernando Cruz
“Aquí yo veo que muchos están preocupados por qué dirá la prensa por cuatro días que el plenario acordó para hacer un traslado. ¿Qué van a decir de nosotros? Pero no se preocupan por qué van a decir los costarricenses por un acto de esta naturaleza. No se preocupan del ejemplo que les estamos dando a nuestros nietos", dijo Cruickshank ese día en el plenario.
Al día siguiente, la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) en pleno solicitó al presidente parlamentario que realizara una investigación sobre el ingreso irregular de los tres congresistas, cosa que hasta hoy no ha sucedido.
LEA MÁS: Fernando Cruz: ‘Mi respeto a los que no votaron por mí’
Marcia Aguiluz, integrante del Foro de Justicia, explicó en declaraciones a La Nación, que ellos consideran que la presidencia legislativa podría haber ejercido alguna acción, pero que se cae en un callejón sin salida, porque no hay normativa que indique cómo actuar cuando los diputados actúan contra las normas.
“La intención del Foro es que esa conducta no pase desapercibida. Esa conducta de los diputados deriva de esa opacidad de un sistema poco transparente de votación. Esperaríamos que los legisladores no recurrieran a esas prácticas”, indicó.
Claman por votación pública
Aguiluz, por su parte, explicó que la principal preocupación del conjunto de organizaciones es que se siga manteniendo el mecanismo de votación secreta para un proceso tan fundamental como el nombramiento de magistrados y magistradas de la Corte Suprema.
En el comunicado difundido temprano, el viernes anterior, alegaron que es inaceptable que una vez más se votara “de manera secreta y sin fundamentación” la reelección de una magistratura.
Igualmente, consideran que es reprobable la práctica legislativa de utilizar los procesos de reelección de magistrados para ajustar cuentas con esos altos jueces, por las votaciones que hayan emitido en casos determinados.
De hecho, ocho años antes, la fracción del PLN había promovido que no se reeligiera a Cruz como una forma de mandar una señal al Poder Judicial y, si bien lo lograron en una votación en el plenario, la Sala Constitucional determinó, en mayo del 2013, que dicho proceso se realizó de forma extemporánea, cuando ya en para noviembre del 2012 se había reelegido automáticamente a Cruz Castro.
Aguiluz relató que el Foro de Justicia nació como un espacio de respuesta a los diagnósticos sobre el Estado de la Justicia que venía analizando el trabajo del Poder Judicial desde el Programa Estado de la Nación (PEN).
Relató que, pese a que las votaciones para magistraturas siguen siendo secretas, han logrado que se utilicen metodologías en los últimos tres procesos para selección de magistrados, con el fin de transparentar los criterios que emplean los diputados para nombrar miembros de la Corte Plena.
Aun hay preocupación en esa organización respecto a vacíos importantes en la metodología, por ejemplo cuando se otorgan las puntuaciones máximas en las entrevistas a candidatos cuya puntuación en atestados es realmente baja.