“No voy a dar declaraciones por consejo de mis abogados, lo único que quiero decir es que estoy preparado para probar de manera contundente que yo no recibí ningún beneficio indebido. Me parece que no tiene ninguna explicación este proceso, pero estoy preparado para demostrar que no recibí ningún beneficio indebido”.
Así reaccionó el alcalde de San José, Johnny Araya Monge, luego de conocer que el Ministerio Publico interpuso el 9 enero una acusación en su contra por un aparente tráfico de influencias, según dio a conocer, la mañana de este viernes, el portal de noticias CRHoy y posteriormente, fue confirmado por la oficina de prensa del ente acusador.
En noviembre del 2017, a él se le abrió una investigación judicial luego de que La Nación revelara que funcionarios de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción habrían incurrido en presuntas anomalías. Según describió este viernes la Fiscalía, ellos habrían“desvirtuado la información de que Araya Monge –en ese momento candidato a alcalde de San José– figuraba como persona imputada en una causa penal".
Asimismo se investiga, "el uso que Araya dio a la información obtenida de esa forma”.
En ese proceso también figuraban otras tres personas, por un supuesto delito de influencia contra la hacienda pública. No trascendieron las identidades.
En la supuesta modificación del expediente del entonces candidato a la Alcaldía josefina habrían intervenido el fiscal adjunto de aquel momento, Celso Gamboa, y el asistente de la Fiscalía General, Justo Pastor López, así como la otrora fiscala adjunta de Probidad, Berenice Smith.
Esos hechos se remontan a diciembre del 2015, cuando este medio pidió al Ministerio Público corroborar si Johnny Araya y los otros 604 candidatos a alcaldes tenían investigaciones abiertas.
Gamboa, ahora exmagistrado de la Sala Tercera, y Berenice Smith también figuran como imputados en la causa penal por la la cual se presentó acusación este mes. Esta se tramita bajo el expediente N°. 17-000039-033-PE.
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Sobreseimiento. Según Johnny Araya, el Ministerio Público carece de pruebas para comprobar su presunto tráfico de influencias y, en su criterio, eso se comprobará en la audiencia preliminar, en la cual se decidirá si el caso se eleva a juicio o no.
“Estamos esperando que nos notifiquen la audiencia preliminar y tenemos la esperanza de que en esa audiencia preliminar vamos a lograr que se dicte un sobreseimiento, porque no hay ninguna justificación de elementos que lleven a formular una acusación en mi caso.
"Repito, no hay ningún beneficio indebido de mi parte, absolutamente ningún beneficio de parte mía. Todo gira alrededor de una simple aclaración que en su momento le hice a una periodista del periódico La Nación”, agregó el alcalde capitalino, quien pidió contactar a su abogado, Alfonso Ruiz, pues no iba a dar más detalles.
Contactado por este medio, Ruiz insistió en que la acusación no tiene sustento probatorio, que pedirán el sobreseimiento definitivo y que no es cierto que el nombre de Johnny Araya haya desaparecido del expediente judicial como se le ha querido decir a la opinión pública, que solo hubo una solicitud de corrección, normal como la que puede hacer cualquier ciudadano.
"Don Johnny simple y sencillamente hace una gestión como la puede hacer cualquier persona, fundamentada en resoluciones de la Sala Constitucional, pidiéndole al Ministerio Público, para no afectar su derecho a la imagen, que corrija su estatus jurídico y aclare dentro del sistema del Ministerio Público si es imputado, si es ofendido, si es denunciando o en qué condición figura dentro del expediente.
"(...) Se ha dicho que a don Johnny se le excluyó del expediente judicial y eso es, y quiero expresamente que se ponga así, es contundentemente falso. Se ha manejado de una manera a la opinión pública diciendo como que había un montón de nombres en un expediente y que a don Johnny alguien le ayudó para que metiera mano y sacara su nombre y se acabó su participación en la causa y eso no es así.
“Y se lo reitero contundentemente, eso es falso, don Johnny siguió figurando como interviniente en el proceso, como denunciado, tanto es así, que meses después su situación jurídica se resolvió mediante una orden de desestimación por parte del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, a solicitud de la propia Fiscalía y con el visto bueno de la Procuraduría, a la cual le dieron audiencia y no contestó absolutamente nada y no hizo ninguna gestión procesal al respecto”.
“Eso no hubiese podido pasar si don Johnny no figurara como interviniente en el expediente, la única diferencia es que a don Johnny se le corrigió el asiento informático, dejó de ser imputado para pasar a ser denunciado, que es la verdadera condición procesal en la que él figuró dentro de la causa”, expresó Ruiz, ante una consulta de este medio.