La presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social (JPS), Esmeralda Britton, consultará a la Procuraduría si procede el pago de anualidades distintas a la establecidas en la reforma fiscal, pese al llamado del presidente de la República para ajustarse a lo dispuesto en la ley que él mismo impulsó.
Así lo confirmó Pedro Muñoz, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), luego de una reunión que sostuvo con Britton el jueves pasado.
La presidenta ejecutiva promovió este encuentro luego de enterarse de que Muñoz hizo gestiones ante la Contraloría General de la República (CGR), para que se investigue y anule el acuerdo que mantuvo las anualidades de lujo en esa institución.
En enero, la junta directiva de la JPS defendió las anualidades de hasta 6% que reciben sus más de 400 empleados, en contraposición a lo que ya ocurre en la mayoría del sector público, que ajustó este beneficio a los montos nominales de entre 1,94% y 2,54%, según lo exige la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Hasta ahora, la CCSS y las universidades públicas también se oponen a rebajar sus anualidades.
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Tampoco se eliminaron los quinquenios de hasta 12% en la JPS, aunque esta ley los deroga.
El diputado dijo a La Nación que en su reunión con Britton se acordó que se consultaría a la PGR, a la CGR (a partir de su denuncia) y al Ministerio de Planificación (Mideplán) y que hasta aclarar sus dudas el acuerdo se mantendría en firme.
“Ambas partes reconocemos que toda actuación debe realizarse a la luz de la legislación vigente y que las aclaraciones que provengan de la PGR y Mideplán, instancias ante las que la JPS presentará consultas, así como de la CGR y otras de procedencia judicial que pudieran venir, podrán aclarar esas diferencias de criterio técnico”, señala el acuerdo entre el congresista y la presidente ejecutiva.
Previo al acuerdo de junta directiva, la JPS no sometió a consulta la aplicación de la ley a estas autoridades y solo se tomaron en cuenta las respuestas que dio la asesoría jurídica a una serie de consultadas planteadas.
La Nación solicitó a la JPS si existía algún criterio de análisis de la ley; sin embargo, la respuesta fue que no existió una revisión integral de la reforma fiscal.
La semana pasada, el presidente de la República aseguró a los medios, que instruyó a los jerarcas a acatar la nueva legislación.
“Nosotros mantendremos lo que está en la ley y eso es lo que haremos que prevalezca. Esa ha sido nuestra instrucción”, dijo el mandatario.
Procuraduría se pronunció
El argumento de la JPS es que prevalece lo que establece la convención colectiva por encima de esta ley, a pesar de que la PGR confirmó en un criterio jurídico que las convenciones colectivas están por debajo de las leyes de la República, aunque tengan “fuerza de ley”.
“Es frecuente que entre los intérpretes del Derecho, y sobre todo entre algunos operadores jurídicos, se produzca una especie de deslumbramiento que les lleve a pensar que debe prevalecer la eficacia de los convenios, incluso sobre las leyes ordinarias; lo cual es jurídicamente inadmisible, porque en realidad el convenio colectivo es una norma que solo tiene fuerza vinculante y despliega su eficacia en el campo de juego que la Ley señala, jamás al contrario”, señala la PGR.
Precisamente, el Mideplán asumió, a partir de este criterio, que todas las convenciones colectivas deben ajustarse a la nueva ley, por lo que dio por abolidas las anualidades de lujo.
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De hecho, así lo entendieron otras instituciones como el Instituto Nacional de Seguros (INS), que antes de la ley reconoció anualidades de hasta 10%.
En un criterio legal interno, los abogados del INS determinaron que, “para efectos del pago de anualidades, el INS debe ajustarse a los dispuesto en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y su reglamento, lo cual debe hacerlo de forma inmediata”, según se lee en un documento facilitado por la institución.