Sofía Chinchilla Cerdas. 1 junio
Luis Fernando Chacón considera que los hechos ameritan que la defensora Catalina Crespo sea llamada a comparecer ante la comisión legislativa que investiga la UPAD. Foto: Mayela López.
Luis Fernando Chacón considera que los hechos ameritan que la defensora Catalina Crespo sea llamada a comparecer ante la comisión legislativa que investiga la UPAD. Foto: Mayela López.

Luis Fernando Chacón, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), exigió que la Defensoría de los Habitantes explique cómo extravió una parte del audio de la entrevista que le realizó al presidente Carlos Alvarado, ministros y asesores, el 24 de febrero, sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

El diputado verdiblanco pide que la Defensoría aclare cómo se pudo perder parte de un archivo grabado y custodiado por la defensora Catalina Crespo, así como por qué la institución tardó al menos dos meses en revelar el extravío.

Chacón dijo a La Nación que las respuestas son urgentes pues, durante la época de crisis por el covid-19, es muy peligroso que empeore la confianza de la población en las instituciones, golpeada en febrero cuando surgió el caso de la UPAD.

“La inquietud es que siendo Casa Presidencial un ente del más alto rango, y estando el presidente de la República en medio de una investigación, que la Defensoría de los Habitantes haya perdido esos 80 minutos de audio es generar mucha desconfianza”.

“Porque uno no quisiera pensar que fue una pérdida conspirada, uno quisiera que el día de mañana demuestren que fue una falla técnica o no intencional”, afirmó Chacón.

Crespo reveló el extravío del audio el miércoles, más de dos meses después de que la Auditoría Interna corroborara el incidente y recomendara informarlo al Ministerio Público.

El anuncio público se dio luego de que Luis Salazar, uno de los investigados por la polémica de la UPAD, presentara un recurso contra la Defensoría de los Habitantes porque no le entregó el expediente del caso.

El jefe liberacionista señaló que el extravío pudo ser accidental, así como cabe la posibilidad de que, en un segmento de la grabación, no se haya dicho nada relevante para la investigación.

Sin embargo, según el diputado, incluso si ese fuera el caso, la Defensoría debería explicar por qué hizo público el incidente hasta finales de mayo, si, según Crespo, notó la ausencia de una parte del archivo después de la entrevista en Casa Presidencial, hace tres meses.

“Eso genera mucha desconfianza, precisamente. Si estaba la grabación y ya no está, ¿cómo se dan cuenta de que no fue un fallonazo desde el principio? O sea, si ellos dicen que la grabación ya no está, es porque de alguna manera ya alguien la había escuchado”.

“Puede ser que llegaron inmediatamente a la oficina, quisieron ponerla y dicen, ‘qué torta, esta grabación no se hizo’. Entonces, en ese momento hubieran dicho, ‘mire, se detecta que la grabación que le hicimos al presidente no se realizó por una falla técnica’, y no cuentan con ese elemento, pero cuando salen haciendo la denuncia, es porque ellos mismos se dan cuenta de que hay un error interno y que los expone como institución”, señaló Chacón.

Para el verdiblanco, también Casa Presidencial debería ser proactiva y buscar que las dudas se despejen cuanto antes.

“Casa Presidencial, por un tema de confianza, debería exigir a la Defensoría que aclare los hechos, con el más alto sentido de responsabilidad, para que no quede absolutamente ninguna duda de que no fue un acto provocado por el presidente de la República”, afirmó Chacón.

El diputado considera que los hechos revelados públicamente, así como los que aún se desconocen, ameritan que la defensora sea llamada a comparecer a la comisión legislativa que investiga la UPAD, en la que ya comparecieron varios exasesores de Casa Presidencial vinculados al caso, así como Víctor Morales Mora y los exviceministros Juan Alfaro y Luis Daniel Soto, de Ingresos y Planificación, respectivamente.

A finales de febrero, la Defensoría realizó una investigación sobre el funcionamiento de la UPAD.

En este documento, la institución argumentó que la UPAD pudo conocer datos sensibles de los habitantes debido a que tuvo acceso a las bases de datos del Sistema Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

Además, señaló que no hubo análisis de riesgos en protección de datos, incluyendo protocolos de actuación, de seguridad, custodia de datos, protocolo de identificación y manejo.

El 29 de ese mes, el órgano envió un informe al Ministerio Público, en el que solicitó un análisis pericial técnico para determinar si hubo o no acceso a información y uso de datos sensibles o de acceso restringido de los habitantes.