Por unanimidad, los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminaron un proyecto de ley que permitiría otorgar 3.500 nuevas pensiones, por año, a adultos mayores pobres.

Se trata del expediente 21.403, cuya propuesta es destinar al financiamiento de esas jubilaciones una parte de la recaudación del 1% del impuesto al valor agregado (IVA) que se cobra a los bienes de la canasta básica.

La iniciativa de ley, impulsada por el liberacionista Gustavo Viales, girará esos recursos al Régimen No Contributivo (RNC) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que otorga pensiones de ¢82.000 mensuales a adultos mayores en pobreza y en pobreza extrema.

Con ese dictamen, el proyecto avanzará al Plenario Legislativo para su aprobación.

Ubaldo Carrillo, director de Pensiones de la CCSS, recibió la acción de los legisladores con gran entusiasmo.

“Es una gran noticia, porque todos los recursos que se puedan asignar el Régimen No Contributivo tienen el claro propósito de mejorar la cobertura del régimen, pues los recursos actuales no nos permiten llevar adelante el programa hacia todos los adultos mayores que están en condición de pobreza o pobreza extrema”, expresó Carrillo.

Según el jerarca, por año, el presupuesto que recibe el RNC permite otorgar 5.000 nuevas pensiones a adultos mayores necesitados.

Sin embargo, para llegar a los 40.000 adultos mayores en pobreza o pobreza extrema que hoy no tienen una pensión en Costa Rica, es necesario aumentar la cobertura a 10.000 nuevas pensiones al año.

De aprobarse el expediente 21.403, sería posible aumentar la cobertura a 8.500 nuevas jubilaciones, pero todavía haría falta financiar otras 1.500.

Cada uno de esos estipendios le cuesta al Estado, anualmente, alrededor de ¢1 millón.

Para otorgar los 3.500 nuevos subsidios que propone el proyecto de ley, la transferencia anual del Ministerio de Hacienda a la CCSS deberá ser de, al menos, ¢3.500 millones.

“Esta propuesta permite abatir el estado de pobreza extrema en que se encuentran nuestros adultos mayores, que son la gente más vulnerable entre la más vulnerable. Este proyecto tiene un altísimo interés social que no debe ser postergado, para lo cual deben destinarse los recursos que sean necesarios para atacar este flagelo con urgencia, pues la situación se ha agravado con la pandemia”, comentó el diputado Viales.

Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC), dijo que es un reto para los diputados idear “mecanismos de devolución” para los estratos más bajos con el dinero que se recaude en impuestos; por ejemplo, esta iniciativa de dar ayuda social a adultos mayores pobres.

La también liberacionista Silvia Hernández destacó el logro de los diputados, al consensuar que una parte del 1% del IVA sobre la canasta básica —instaurado por la ley 9635 o reforma fiscal— se destine a una población vulnerable.

“Si hay un espacio de política pública con enfoque social, es el Régimen No Contributivo porque, además, es uno de los espacios de menor filtración; prácticamente, nula la filtración, y ahí nos estamos asegurando que recursos asignados están llegando a personas que genuinamente tienen una necesidad”, afirmó Hernández.

Carlos Avendaño, del Partido Restauración Nacional (PRN) manifestó que, a pesar de la lucha que dio su fracción para que no se gravara la canasta básica, “están totalmente de acuerdo con el proyecto del diputado Viales, ya que devuelve esos recursos a las personas más necesitadas”.

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Régimen urgido de recursos

Por año, el área de Gestión de Pensiones de la CCSS maneja un promedio de 20.000 casos pendientes, o sea, personas que sí califican, pero que para obtener su pensión, tienen que esperar a que el RNC reciba recursos frescos.

Actualmente, 126.300 personas reciben una pensión del RNC. De ellas, 122.000 (90%) son adultos mayores pobres. A ellos se les otorga un estipendio de ¢82.000 al mes.

El otro 10%, 4.300 beneficiarios, recibe ¢300.000 mensuales. Se trata de personas con discapacidad, por ejemplo, parálisis cerebral profunda y autismo, entre otros padecimientos, así como viudas y huérfanos en pobreza.

Hoy, de las 545.000 personas mayores de 65 años que hay en Costa Rica, el 45% no tiene pensión de ningún tipo; ni contributiva, ni no contributiva.

De hecho, la cobertura en pensiones para adultos mayores es del 64%, tomando en cuenta regímenes contributivos y no contributivos. “Un porcentaje que está entre regular y bueno”, considera el director de Pensiones de la Caja.

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