El informe final del caso del cemento chino golpea las papeletas diputadiles de dos partidos: el evangélico Renovación Costarricense y el gobernante Acción Ciudadana (PAC).
Los diputados de la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios le solicitaron renunciar a quien ocupa el primer lugar de la papeleta de Renovación en San José, Daniel Gallardo.
A su vez, trasladarán a la Procuraduría de la Ética al candidato en el primer lugar de la papeleta por Heredia del PAC, el exministro de Economía Wélmer Ramos.
En el caso de Daniel Gallardo, le cuestionan actuaciones provenientes de su paso, como presidente ejecutivo, por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) durante el segundo gobierno de Óscar Arias.
Según el informe, en aquella época, el empresario Juan Carlos Bolaños le agradeció a Gallardo el haber modificado requisitos en los concursos de la CNE, de manera que se benefició la participación de una de sus empresas.
“Empresas que tenían relación directa o indirectamente con Daniel Gallardo, previo a que este fuera presidente de la CNE, resultaron beneficiadas con adjudicación de licitaciones”, añade el informe.
Los legisladores también consideraron que el político de Renovación mintió al negar que cambió requisitos en concursos en los que participaron empresas relacionadas con él, así como al decir que su relación con Bolaños obedeció a asuntos técnicos, puesto que un informe del OIJ reveló 565 contactos telefónicos entre ambos.
El único que votó en contra de esta conclusión fue Abelino Esquivel, diputado de Renovación, quien dijo que la Comisión "comprobó que el señor Daniel Gallardo no tuvo ni tiene ninguna relación con el objeto de la investigación".
Mediante un comunicado de prensa, casi de inmediato a la divulgación del informe, Daniel Gallarado informó de que no va a renunciar a su candidatura.
Caso del PAC
En cuanto a Welmer Ramos, la mayoría de los legisladores concluyó que este “aceptó presiones de la Casa Presidencial para que, en el proceso de apertura del duopolio que él venía impulsando, se tomaran acciones que terminaron beneficiando los intereses del empresario Juan Carlos Bolaños”.
“Además habiendo otras alternativas para beneficiar al consumidor como la aplicación del artículo N°5 de la Ley de la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor que permite la rebaja de los precios del cemento, optó por una ruta más larga que fue la de favorecer las importaciones que no ha sido la tesis económica de la administración Solís Rivera, la cual ha tendido a favorecer el proteccionismo”, dice el informe.
Por tanto, remitieron el caso a la Procuraduría de la Ética “para que se valoren estos hechos y determinar si el Señor Welmer Ramos incurrió en alguna violación al deber de probidad”.
Los legisladores Nidia Jiménez (del PAC) y José Alberto Alfaro (del Libertario) salvaron el voto.
La primera dijo que “no hubo presiones de parte de Presidencia ni de parte de ningún empresario privado para la elaboración del reglamento (de comercialización del cemento), puesto que no se tiene en el expediente ningún documento que evidencie lo contrario".
"No se tienen audios, ni documentación y el exministro Ramos afirmó en la Comisión Investigadora bajo juramento que eso nunca se había dado”, agregó la congresista del PAC.