Informe pide retomar reformas políticas como reelección presidencial y crecimiento de la Asamblea

Con el fin de mejorar la gobernabilidad y buscar el desarrollo, un estudio del PNUD y del CIEP sugiere a Costa Rica retomar la discusión de un conjunto de reformas políticas que han sido dejadas de lado, las cuales van desde la aprobación de la reelección consecutiva de un presidente hasta aumentar el númerno de diputados, pasando por reformar la Sala Constitucional y la Contraloría General de la República.

Dichas medidas buscarían soltar a un Poder Ejecutivo ingobernable, un Poder Judicial que no ofrece justicia pronta y cumplida y un Poder Legislativo devorado por un reglamento que premia el bloqueo de reformas urgentes.

El diagnóstico de ineficiencia en el Estado costarricense tiene una serie de tratamientos postergados los últimos 30 años y que podrían reactivarse con voluntad política. Ese es el criterio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.

Tanto el PNUD como el CIEP promueven en su informe, "Reformas políticas para fortalecer la capacidad del Estado costarricense para cumplir la agenda 2030 para el desarrollo sostenible", que se reactiven reformas propuestas para eliminar o bien atacar los cuellos de botella que, en su criterio, impiden al país alcanzar sus metas de desarrollo.

El análisis abarcó propuestas, estudios, diagnósticos, informes de juntas de notables y demás instrumentos técnicos que, ya sea por coyuntura o por razones políticas, se quedaron en el papel durante las últimas tres décadas.

De ahí que, luego de busear, literalmente, en el cementerio de las buenas intenciones de 21 estudios de órganos públicos y privados, los técnicos y especialistas del CIEP y el PNUD identificaron una serie de propuestas que deberían reactivarse para que el país pueda cumplir, o acercarse al cumplimiento, de las metas de desarrollo sostenible a las que el Gobierno se comprometió a cumplir antes del 2030, en el marco del programa de las metas de desarrollo sostenible que suscribió Costa Rica en el 2015.

Alice Shackelford, representante residente del PNUD y máxima jerarca de Naciones Unidas en Costa Rica, así como Felipe Alpízar, director del CIEP, conversaron con La Nación sobre el proceso de maduración del informe, el cual viene a complementar otros esfuerzos políticos en busca de acuerdos de gobernabilidad y gobernanza, que en sus criterios permitan reducir la cifra de 20% de pobreza en la que se ha estancado el país.

Ambos consideran que el informe permite acceder a una ruta crítica para desentrabar al Estado, en procura de "una sociedad más justa e igualitaria, con mayores oportunidades. Una sociedad donde no dejemos a nadie atrás", afirma Shackelford.

¿Cómo hacer esto?

Alpízar asegura que no se trata de ninguna fórmula mágica ni de generar nuevos diagnósticos, sino que se deben poner en práctica acciones ya diagnosticadas durante los últimos 30 años, detalladas en informes y estudios previos que no se pusieron en marcha.

Así, por ejemplo, el informe llama a "valorar la viabilidad y asumir la osadía de acordar como país reformas que implican apostar a más democracia y, a la vez, más dinamismo y agilidad en los procesos de toma de decisiones".

En el campo del Poder Ejecutivo, el informe propone que se discuta en serio la reelección consecutiva de la Presidencia de la República, "como una medida para mejorar la capacidad de gestión pública al brindar mayor tiempo para la implementación de prioridades políticas de quienes asumen el poder, y generar incentivos para un mayor control ciudadano sobre sus representantes y mayor rendición de cuentas".

Además, plantea que se les dé mayor poder a las vicepresidencias, y también reforzar las rectorías políticas de los ministros en sus sectores.

Con estas propuestas se busca ir más allá de la limitada visión de un plan nacional de desarrollo para cada Gobierno, que a lo sumo tiene una vida útil de cuatro años, de manera que se fortalezcan los procesos de programación y presupuestación basados en resultados, con instrumentos de planificación de mediano y largo plazo más allá de una administración.

El informe también insta a fortalecer la evaluación de instituciones y programas, así como el control de las finanzas. En esta línea, se llama a una reforma fiscal progresiva que dé sostenibilidad fiscal a los logros sociales, económicos y ambientales, "que se complemente con medidas para ampliar la base tributaria, reducir la evasión y flexibilizar el gasto público".

Otra medida en lo Ejecutivo, pero que toca la administración territorial, implicaría el uniformar la clasificación de las regiones, "para facilitar la coordinación interinstitucional y fortalecer las capacidades de los gobiernos locales con el objetivo de mejorar la oferta y la calidad los servicios públicos para las personas a nivel local y cerrar las brechas entre zonas urbanas y rurales".

El informe llama a valorar "reformas que agilicen y hagan más eficiente el sistema administrativo, evitando la fragmentación de los distintos esquemas de contratación y gestión de recursos humanos.

Mejoras en el Congreso

En lo tocante al Poder Legislativo, el estudio plantea aumentar a 82 el número de diputados, a ritmo de uno por cantón, así como la elección de al menos nueve legisladores nacionales.

Este ajuste busca incentivar una mayor participación y fiscalización de lo que promueven los congresistas.

En este sentido, Alpízar destacó que Costa Rica es uno de los países con menor representación legislativa en proporción a su población.

"Debe fortalecerse el control de la ciudadanía sobre quienes resultan electos", dice el documento.

Además, plantea la posibilidad de reelección consecutiva de diputados como una forma de promover la carrera parlamentaria, sin que esto excluya un mayor control ciudadano sobre las decisiones de los legisladores.

Otra medida urgente es limitar la posibilidad de que los diputados consulten sus proyectos de ley ante la Sala Constitucional, para evitar erosionar la capacidad de toma de decisiones del Congreso, así como los retrasos que esta consulta implica.

En cuanto al accionar de los legisladores, el informe señala que “es necesario valorar seriamente los tiempos de intervención en las discusiones parlamentarias; lo mismo en relación a los tiempos para la presentación de mociones, así como su cantidad”.

“Un ejemplo abordado en el análisis comparado permitía ver la viabilidad de reducir el Quorum (en Chile se puede empezar a sesionar con un tercio de los diputados y en España se conforma con una quinta parte del total), los periodos de discusión (en Chile son de máximo 15 minutos y en Perú solo se autorizan 5 minutos, en comparación con los 30 minutos para los debates de fondo y 15 para mociones que se aplican en Costa Rica)”, apunta el estudio.

Por otra parte, el informe hace un llamado a que se garantice el cumplimiento de normas de paridad de género.

Un Poder Judicial menos administrativo

El informe del PNUD y el CIEP plantea, tal y como lo hizo la Comisión Presidencial Sobre Gobernabilidad Democrática (Notables), que se creen tribunales de amparo y habeas corpus como una forma de descongestionar la Sala Constitucional, y eliminar la suspensión automática de pleno derecho de la ejecución de los actos administrativos y de la aplicación de las leyes impugnadas.

También sugiere que los magistrados se ocupen únicamente de impartir justicia “y no se involucren en temas de administración”; además, que los jerarcas del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) presenten informes a la Corte Plena regularmente.

Asimismo, llama a establecer la carrera profesional para fiscales, defensores públicos y demás funcionarios del Ministerio Público y el OIJ.

Por otro lado, se sugiere retomar el principio del juez natural en todas las actividades jurisdiccionales del Estado, sin perjuicio de los mecanismos alternativos de conflictos.

Finalmente, sobre la Contraloría General de la República, el informe refuerza la necesidad de que la fiscalización deje de ser a priori y pase a ser a posteriori, y que se refuerce la asistencia técnica especializada para apoyar al Poder Legislativo en la valoración de proyectos de ley mediante dictámenes no vinculantes.