Un informe de minoría de la comisión legislativa que investigó en secreto a la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, recomienda su destitución con base en 11 hechos que dieron por probados.
El documento lo firman los diputados Otto Roberto Vargas, del partido Republicano Social Cristiano (PRSC), y Nielsen Pérez, de Acción Ciudadana (PAC).
Luego de escuchar testimonios y de revisar documentos, ellos concluyen que Crespo generó un ambiente hostil en la Defensoría de los Habitantes tanto para funcionarios como para activistas de derechos humanos.
El informe de mayoría, firmado por cinco legisladores, exime de toda culpa a Crespo y recomienda mantenerla en el puesto.
Estos son los 11 hechos del informe de minoría:
Supresión del Consejo: Realizó “cambios arbitrarios, indebidos y sin rigor técnico” en el Estatuto Autónomo de Organización de la Defensoría de los Habitantes, para poder suprimir el Consejo de Directores, figura que existe desde hace 27 años.
La acción fue hecha a espaldas del personal de la Defensoría y sin consulta jurídica, como aparente respuesta a la solicitud de renuncia realizada por dicho los directores.
Comunicación con jerarca del PANI: Luego de que una funcionaria de la dirección de Niñez y Adolescencia de la Defensoría fue nombrada por el Gobierno en el puesto de presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Catalina Crespo ordenó limitar la comunicación entre esa dirección y dicha funcionaria.
Aparentemente, Crespo aludió conflictos de interés sin contar fundamento técnico, legal ni procedimental, lo que a la vista de los diputados evidencia desconocimiento de la ley 8292 e impericia en su accionar.
Contratación: Nombramiento interino de una funcionaria mediante un concurso expedito, la cual solo tres semanas antes iba a ser contratada por la defensora en un puesto de confianza, como asesora de su despacho.
“Ha habido un intento orquestado desde el despacho de la señora defensora de los Habitantes por nombrar de manera irregular a la señora Tirza Cháves Valdivia, conocida de la Defensora y esposa del exdefensor y exdiputado, José Manuel Echandi, en un puesto a lo interno de la Defensoría, el cual se logra materializar posteriormente en un puesto de la dirección de Admisibilidad”, señala el informe minoritario.
Exceso de potestades: Al parecer la defensora tomó el control del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, aunque se trata de un órgano de desconcentración máxima, únicamente adscrito a la Defensoría de manera administrativa por el tema presupuestario
Con esta acción, sostienen los dos diputados firmantes, Crespo excedió sus potestades e incurrió en una obstaculización de las funciones que ejerce dicho órgano relacionadas con la protección de los derechos de los privados de libertad.
Desinterés: Según los diputados, Catalina Crespo ha estado marcada por un desinterés por la promoción de los derechos humanos. Señalan que no ha implementado un mecanismo en pos de las personas con discapacidad, pendiente en la Defensoría.
Además, sin criterios internos, emitió una campaña contra la violencia de género que debió ser sacada del aire por el mensaje que transmitía, pues parecía pedirle a las mujeres contar hasta diez y aguantar la violencia en época de pandemia.
Procesos de investigación: Promulgó una reforma al macroproceso de investigación de la Defensoría sin el aval y conocimiento de la comisión revisora, atribuyéndose funciones que no le corresponden y debilitando el sistema de control interno.
Documentos confidenciales: Declaró confidencial documentación emitida de manera interna sin contar con resoluciones técnicas que la respaldaran, de manera contraria al principio de publicidad, transparencia y rendición de cuentas de la Defensoría.
Privacidad: El informe de minoría dice que Crespo aparentemente violentó la privacidad de los expedientes personales y datos sensibles de funcionarios de la Defensoría, debido a que permitió a su asesor, Fabricio Chavarría, realizar estudios con información confidencial, todo “sin acto administrativo" que autorizará manipular los datos sensibles.
Caso de Rodolfo Piza y UPAD: El informe señaña que manejó de forma “negligente” la investigación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) y violando “gravemente” el ordenamiento jurídico mediante un encubrimiento del señor Rodolfo Piza Rocafort, exministro de la Presidencia, a través de la eliminación de su nombre del informe final.
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Pérdida de audio: Sostienen los diputados que hubo un manejo “totalmente negligente” por parte de Crespo de la investigación interna realizada tras la pérdida del audio de la reunión que sostuvo con el señor Presidente de la República por el caso UPAD el 24 de febrero de 2020.
Asegura el informe que esto ha provocado que, luego de meses, no se logren concretar los procesos para investigar y determinar a las personas responsables.
Magistratura: El informe señala que Crespo ha deteriorado la magistratura de influencia mediante la cual actúa la Defensoría de los Habitantes, coartando la credibilidad ante la ciudadanía, rompiendo relaciones con organizaciones de la sociedad civil y fallando en el ejercicio básico de sus funciones.
Como pruebas, citan las quejas de diputados de las diferentes bancadas cuando, en el mes de junio, Catalina Crespo rindió informe de labores, así como una carta enviada al Congreso por 138 personas y organizaciones de la sociedad civil advirtiendo del debilitamiento de la magistratura.