Natasha Cambronero, Gerardo Ruiz Ramon. 9 noviembre, 2017

Un informe de solo una página de la Auditoría Interna del BCR, con siete páginas de anexos, sirvió de base para que la Fiscalía General pidiera desestimar el 30 de enero una denuncia contra dos diputados por el préstamo otorgado para importar cemento chino.

Esa es la dimensión del documento con que el fiscal general suspendido, Jorge Chavarría, solicitó la desestimación a la Sala III el 30 de enero de este año.

En octubre, la Sala III ordenó la reapertura de esa causa contra los diputados Víctor Morales Zapata (ahora independiente pero antes del PAC) y Otto Guevara (del Movimiento Libertario), quien también es candidato presidencial. A ellos se les atribuye la presunta comisión de hechos en perjuicio de la función pública.

El auditor general corporativo del BCR, José Manuel Rodríguez, compareció este jueves ante los diputados de la Comisión Especial Investigadora de Créditos Bancarios.
El auditor general corporativo del BCR, José Manuel Rodríguez, compareció este jueves ante los diputados de la Comisión Especial Investigadora de Créditos Bancarios.

El informe de la Auditoría del BCR, del cual La Nación tiene copia, data del 18 de noviembre del 2016 y fue remitido por el auditor general corporativo a. i. del BCR, José Manuel Rodríguez Guzmán, a la ahora exfiscala subrogante Berenice Smith.

Allí, Guzmán concluye que no existía ninguna anomalía en el otorgamiento de dos líneas de crédito, con un tope de hasta $30 millones, a la empresa Sinocem para la importación de cemento desde China, a finales del 2015. Sin embargo, advierte de que se trata de un informe preliminar.

"A la fecha no hemos detectado ni tenido conocimiento de algún aspecto o irregularidad que afecte de manera ilegal la estabilidad financiera del Banco", redactó el auditor general del Banco.

Como sustento para llegar a esa conclusión, el auditor adjuntó un memorando del 14 de setiembre del 2016, en el que expuso los resultados "satisfactorios" del análisis hecho a las líneas de crédito de Sinocem, uno de los 42 financiamientos más grandes que entonces tenía el BCR.

En esas páginas enviadas por la Auditoría del BCR a la Fiscalía, no se menciona ninguno de los cuatro correos electrónicos que las funcionarias del Banco, Adriana Castro y Bettina Rivero, enviaron a sus superiores alertando sobre incongruencias entre el dinero que el Banco le había girado a Sinocem y la cantidad de cemento que ingresaba al país procedente de China.

Solo se menciona que se hizo una revisión de los procedimientos definidos para el control de inventario y calidad de cemento por parte de la empresa fiscalizadora Novatecnia, así como de las condiciones definidas en la comisión de confianza para el control de los dineros producto de las ventas de cemento.

El auditor, quien comparece este jueves ante los diputados, declaró que conoció las alertas de las ejecutivas Castro y Rivero, pero no pudo precisar si eso ocurrió antes o después de enviar su informe a la Fiscalía.

Agregó que, un mes después de remitir el documento al Ministerio Público, en diciembre, emitió el primer documento en el que cuestionaba la forma en que se manejaba el crédito.

En sus palabras, el informe enviado a la Fiscalía solo se refería a una revisión de la "normativa aplicable" al préstamo y que es hasta ahora que se revisa una cantidad mayor de documentación.

Según dijo, el Ministerio Público no le pidió un informe exhaustivo.

Cuando el diputado Ronny Monge le preguntó por qué no invirtió más tiempo en la investigación, el funcionario se defendió con el argumento de que la Fiscalía solo le pidió que le remitiera un documento que él ya había enviado a la Junta Directiva y a la administración del BCR.

Añadió que, en adelante, la Auditoría hizo varios informes y que los miembros del Comité de Crédito fueron informados.

En cuanto al documento enviado a la Fiscalía, este solo resalta la decisión del BCR de contratar una firma externa para fiscalizar los inventarios del cemento importado y la participación de dos subgerentes en el proceso de autorización de los desembolsos.

Al cierre del 2016, el BCR le había girado casi $39 millones a Sinocem aunque la compañía solo importó $9,7 millones en cemento.

Según José Manuel Rodríguez, el informe se hizo tras un análisis técnico y en cumplimiento del marco normativo en el otorgamiento de los financiamientos, al tiempo que se hizo una actualización de información financiera y capacidad de pago del deudor, calificación de riesgo emitida por la Sugef, morosidad e inscripción de garantías, entre otros aspectos.

Sin embargo, aclaró que para ese entonces todavía faltaba conocer el resultado de unos análisis de seguimiento que estaban en marcha en las áreas comerciales, al tiempo que faltaba actualizar las valoraciones financieras y de capacidad de pago de Sinocem y del resto de empresas que conforman el Grupo JCB, ya que figuran como codeudoras (Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB, JCB Constructora y Alquiler y JCB Distribuidora).