Molestos por no haber sido llamados a negociar los proyectos de ley para las sesiones extraordinarias de agosto, con el presidente Carlos Alvarado, diputados independientes practican bloqueos, en el plenario legislativo, al avance de la agenda consensuada por el resto de partidos.
Así quedó demostrado dos veces esta semana, cuando un grupo compuesto por los fabricistas y otros independientes, así como algunos legisladores de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y de Liberación Nacional (PLN), votó en contra de discutir las agendas de consenso propuestas por los jefes de fracción.
Para las sesiones de agosto, el Gobierno negoció una agenda con Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Acción Ciudadana (PAC), Restauración Nacional (PRN), Integración Nacional (PIN) y Republicano Social Cristiano (PRSC).
Los independientes reclamaron haber sido excluidos.
Este jueves, un grupo de ocho congresistas votó en contra de avanzar anticipadamente a la segunda parte de la sesión, para ver proyectos de ley, lo que obligó a la presidencia legislativa a dar un receso hasta que se cumpliese el momento reglamentario que permitía pasar a esa parte de la sesión.
Como solo había 40 diputados a la hora de votar la propuesta de suspender la primera parte y pasar a la segunda, la moción fue rechaza con estos ocho votos en contra, pues no se alcanzaron los 38 votos necesarios.
Esos ocho parlamentarios fueron, este jueves, Carmen Chan, Harllan Hoepelman, Nidia Céspedes, Marolin Azofeifa e Ignacio Alpízar, del bloque fabricista Nueva República; los independientes Erick Rodríguez Steller y Dragos Dolanescu, y la liberacionista María José Corrales.
Dos días antes, un grupo similar, pero de 12 legisladores, logró bloquear la agenda en una primera votación, en la que solo había 37 diputados de acuerdo con la agenda de expedientes para ese día.
Ese día también estaban en el grupo, por ejemplo, Jonathan Prendas, Shirley Díaz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y José María Villalta, del Frente Amplio.
El martes, al repetirse la votación de la agenda de proyectos, un grupo mayoritario sí logró superar los 38 votos y finalmente se avaló la agenda para ese día, en que se aprobó el proyecto para suplir las necesidades de financiamiento de la Cruz Roja Costarricense.
“Nos parece insensato e irracional que, si hay una agenda con ocho proyectos, se quiera aprobar una posposición para ver solo cinco. Se supone que ahí está el acuerdo de jefaturas y no se tendría que hacer esta agenda”, dijo Prendas.
El fabricista también alegó que, en las agendas, no aparecen planes para atención de la pandemia de covid-19, ni proyectos solicitados por ellos, como la exención del impuesto al valor agregado a los medicamentos y la canasta básica “que no están convocados”.
“Esta agenda no resuelve los problemas de los costarricenses, no resuelve la falta de trabajo ni genera reactivación económica, no resulta en acciones pertinentes para resolver los problemas del país”, dijo.
Prendas alegó que no se trata de un bloqueo, sino de “claridad de lo que sí debería tener la agenda del Gobierno para las sesiones extraordinarias”, que solamente duran un mes, durante agosto.
“Nosotros ya le dimos la carta al jefe de fracción del PAC (Enrique Sánchez) con la lista que sí tiene proyectos sociales y de reactivación económica, pero no se reflejan en la convocatoria”, añadió.
Erick Rodríguez, por su parte, enfatizó que a él nadie lo invitó a ser parte de ninguna agenda y que el Gobierno no lo ha convocado a él ni a los otros nueve independientes.
“Hay proyectos más urgentes, como el IVA a canasta básica, que debería verse, pero al Gobierno no le interesa. Obvio nuestro voto va a ser negativo”, dijo el independiente.
Añadió que las agendas solo se consensuan entre los partidos que critican al Gobierno, pero “sí le votan absolutamente todo a la hora de llegar este tipo de agendas”.
Rodríguez apuntó que él no es un empleado de Carlos Alvarado ni del Ejecutivo y dijo que “se está constituyendo un grupo”, porque “nos excluyeron a 10, pero somos más”.
Respondió que, a su gusto, no es bloqueo porque ya aprobaron la reforma fiscal (en diciembre del 2018) e insistió en que él y los demás no son empleados de Alvarado.