Por: Sofía Chinchilla C..   26 diciembre, 2017

Incopesca descalificó los argumentos de los opositores a que se reactive la pesca de camarón con redes de arrastre, por considerarlos motivos "más de corte ideológico que técnicos y jurídicos".

El calificativo lo usó el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) en su respuesta al recurso de amparo que interpuso en su contra el abogado ambientalista Álvaro Sagot, luego de que la entidad anunciara la creación de un nuevo tipo de licencias con las cuales se reactivaría la técnica de captura de camarón que suspendió la Sala Constitucional en el 2013.

"El recurrente trata de generar confusión y división en los criterios del colectivo, que se han manifestado de manera abundante en programas de radio y redes sociales, con posiciones alejadas de la realidad que vive el sector pesquero y que son más de corte ideológico que técnicas y jurídicas ante las actuaciones de la institución competente", dice el descargo de Incopesca, presentado ante la Sala IV el 15 de diciembre.

En el documento, la institución insiste en que con los nuevos permisos se instaurará "un nuevo tipo de pesca de camarón, con características muy diferentes" a las que presentaba el arte de pesca prohibida en 2013, cuando los magistrados constitucionales determinaron que las redes de arrastre ocasionan un grave daño ambiental, debido a la cantidad de especies marinas que incidentalmente se capturan y no se utilizan.

La emisión de las nuevas licencias se encuentra suspendida, como medida cautelar mientras la Sala Constitucional resuelve el recurso de amparo de Sagot.

"Son licencias para pesca de camarón con técnica de arrastre, pero a la cual se han adicionado los elementos técnicos y normativa necesaria para regular la actividad y garantizar la sostenibilidad del recurso pesquero en cumplimiento al principio de acceso democrático al desarrollo sostenible", señaló Incopesca en el documento .

El Gobierno argumenta que la pesca de arrastre es necesaria debido a que 3.750 habitantes de la costa Pacífica dependen de esa actividad económica.

Incopesca aduce que hay un estudio científico de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) que justifica su decisión de crear nuevas licencias.
Incopesca aduce que hay un estudio científico de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) que justifica su decisión de crear nuevas licencias.

Las medidas del Gobierno para contrarrestar ese impacto contemplan la definición de zonas de exclusión para el uso de redes, la exigencia de usar sistemas de localización, el empleo de dispositivos que reduzcan la captura de peces y tortugas, así como la definición de horarios y lugares para la descarga del producto.

Incopesca también aduce que hay un estudio científico de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) que justifica su decisión de crear nuevas licencias. Sagot, no obstante, rebate ese argumento y asegura que no existe evidencia de que la pesca de arrastre se pueda practicar sin dañar el ecosistema marino.

"Ahí no le está diciendo a los magistrados de ningún estudio ni nada por el estilo, y desde ese punto de vista precisamente la gente de la Universidad de Costa Rica, así como la gente de la Universidad Nacional, que son autoridades científicas en la parte marina de Costa Rica, han dicho que no existen estudios", dijo Sagot.

En la respuesta al recurso de amparo, el Incopesca asevera que es "temerario" considerar que se debe ceder "ante la observancia radical de personas que no les importa el desarrollo social económico de los habitantes de la República en armonía con la protección del medio ambiente".

"Desde el momento en que organizaciones ambientalistas y algunos pescadores artesanales se levantan de la mesa de diálogo sin poder entrar en toda la dinámica para poder fijar los parámetros, se ha ideologizado", aseguró Meneses.

De acuerdo con Incopesca, la emisión de las nuevas licencias también evita que el Estado deba desembolsar "pagos millonarios" a las personas que ostentaban los permisos que la Sala IV prohibió en el 2017, los últimos de los cuales vencerán el próximo año.