Silvia Artavia. 7 agosto
El 27 de mayo, un colectivo de alumnas de la UCR, el Tec y la UNA se declaró en estado de emergencia por los casos de violencia sexual ocurridos en las universidades públicas. Foto Jorge Castillo.
El 27 de mayo, un colectivo de alumnas de la UCR, el Tec y la UNA se declaró en estado de emergencia por los casos de violencia sexual ocurridos en las universidades públicas. Foto Jorge Castillo.

El Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) afirmó que son “de evidente interés público” los expedientes de los casos en que las universidades públicas han amonestado, suspendido o despedido a funcionarios por acosar sexualmente a alumnas o compañeras.

La entidad emitió la opinión este martes 7 de agosto, luego de que los rectores de las universidades de Costa Rica (UCR) y Técnica Nacional (UTN), Henning Jensen y Marcelo Prieto, respectivamente, respondieran a La Nación que solo entregarían esos documentos si un juez se los ordena.

"Para el Inamu, la ciudadanía tiene derecho a conocer qué sucede en los casos de funcionarios declarados culpables de agresiones sexuales. Por esto, el Inamu hace un llamado a las universidades públicas para que faciliten la información de las denuncias de acoso sexual.

“La única información que no debe revelarse es el nombre e información de las víctimas denunciantes, para no revictimizarlas, así como de los testigos. Datos como el nombre de quien ha sido hallado culpable, un resumen de los hechos y las sanciones aplicadas, son de evidente interés público”, dicta el pronunciamiento de esta entidad.

Sola la UNA accedió

Desde hace más de dos meses, este medio solicitó a los líderes de las cinco universidades públicas del país, la UCR, la UTN, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED), que entregaran los expedientes de los casos de hostigamiento sexual sancionados en cada una de las instituciones que representan.

En las peticiones, La Nación aclaró que solo precisaba los documentos en los que se hubiera encontrado un culpable y enfatizó que estos debían venir sin los nombres de las víctimas.

Sin embargo, la única casa de enseñanza que accedió a la solicitud fue la UNA. La universidad entregó 54 expedientes que revelaron tocamientos, proposiciones sexuales y comentarios sexualizados, entre otras situaciones, entre 1997 y 2019.

En el caso del rector de la UCR, pese a que había dicho a este medio que otorgaría los documentos, luego cambió de criterio. Él se había comprometido a brindarlos el pasado 5 de junio, cuando participó como invitado del programa Matices, dirigido por el periodista Randall Rivera y transmitido por radio Monumental.

Incluso un día después, por correo electrónico, Jensen le confirmó a La Nación que facilitaría los expedientes.

Sin embargo, el 1° de agosto, el rector de la UCR cambió de criterio y, por medio del departamento de prensa de la Rectoría, comunicó que no entregaría la información.

Incluso, argumentó que el Inamu había recomendado no suministrar los datos.

"No los entregaremos, a menos que haya orden de un juez o Sala Constitucional, ya que tanto la Comisión contra el Hostigamiento Sexual (de la UCR) como el Inamu nos han recomendado no hacerlo”, indicó la Rectoría.

El rector de la UTN objetó lo mismo: "Solo que un juez nos indique que debemos entregarlos, entregaríamos los expedientes, e incluso los nombres de los hostigadores, pues nos parece que darlos a conocer no ayuda en nada a mejorar la situación en el país”.

El líder de esta universidad defendió su decisión aduciendo que revelar esos datos expondría al bullying y al escrutinio público a los familiares de los acosadores.

En cuanto al Tec y la UNED, las instituciones comunicaron que esperarían a que la Sala IV resolviera un recurso de amparo presentado por el abogado y activista Yashin Castrillo, quien pidió al máximo ente constitucional conocer los nombres de las personas funcionarias que tuvieran procesos administrativos finalizados por hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, luego de que se los negaron a La Nación.

Así lo informó el Tec el 17 de junio, mediante un correo electrónico enviado por la oficina de prensa. La UNED lo hizo dos días después. La respuesta la remitió, también vía electrónica, el rector Rodrigo Arias.

Sin embargo, la Sala Constitucional rechazó de plano el rescurso de amparo de Castrillo desde el 7 de junio, según consta en la resolución nº 10469-2019, porque no fue él quien solicitó los expedientes a las universidades.

Información pública

La postura de que las sanciones administrativas impuestas a funcionarios estatales son de interés público, la comparte el exmagistrado de la Sala Constitucional, Ernesto Jinesta.

Él participó en la edición del 5 de junio del programa Matices, junto a Henning Jensen, Alberto Salóm, rector de la UNA, y Julio Calvo, rector del Tec en ese momento. Hoy, la rectoría de esta última universidad la asume Luis Paulino Méndez.

"Por supuesto que una vez terminado ese expediente es de absoluto interés público, sobre todo si se ha cometido una falta con ocasión del ejercicio del cargo, ahí no hay la menor duda”, afirmó Jinesta en el programa radial.

El exmagistrado reclacó que, en más de 250 sentencias, la Sala Constitucional ha señalado que los expedientes administrativos son de acceso público, por tratarse de funcionarios y recursos estatales.

En tanto, la Defensoría de los Habitantes también ha expresado que se trata de documentos que deben ser de dominio público, siempre que se cuiden la identidad y la intimidad de las víctimas.

Las publicaciones de La Nación forman parte de la cobertura mediática que empezó en el país desde el pasado 27 de mayo, cuando un colectivo de alumnas de la UCR, ITCR y la UNA se declararon en estado de emergencia por los casos de violencia sexual ocurridos en las universidades públicas.