Sofía Chinchilla C.. 18 julio, 2018
El restauracionista Eduardo Cruickshank fue el único diputado que habló en contra de apurar reformas legales "apagaincendios" al Poder Judicial, las cuales considera "irresponsables". Foto: John Durán.

Este miércoles, el plenario legislativo se convirtió en el escenario de múltiples manifestaciones de crítica contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por la forma en que sancionaron a los magistrados de la Sala III.

En un debate reglado, los diputados utilizaron múltiples calificativos para el proceso que culminó con la suspensión por dos meses de los cuatro altos jueces que desestimaron una causa penal contra los exdiputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata, relacionada con el caso del cemento chino.

‘Vergonzoso’ e ‘inaceptable’ fueron palabras reiteradas por los legisladores, quienes, en su mayoría, llamaron a reformar con urgencia distintos ámbitos del Poder Judicial, como los de selección y sanción de magistrados.

“Lo que ha sucedido es una vergüenza nacional. En el país no reconocen el respeto, para quienes tienen la obligación de cumplir con lo dispuesto en la ley. Recordemos que estos señores se van para la casa y no hubo mayor consecuencia. Es más, se van para la casa a disfrutar de una pensión, mientras los costarricenses debemos vivir con las consecuencias de tan penosas acciones”, dijo la restauracionista Mileidy Alvarado, la primera en tomar la palabra.

En el mismo sentido se pronunció Shirley Díaz, de la Unidad Social Cristiana.

“¿Cómo se le pide decencia a la gente si un grupo de magistrados se encierra a sesionar a deshoras para disponer sanciones espurias para actos cargados de corrupción?”, dijo Díaz.

“En estos días, el desempeño de algunos magistrados causa pena, desesperanza, enojo y mucha frustración”, añadió la socialcristiana.

Otros legisladores se concentraron en las reformas que consideran necesario apurar.

Fue el caso de las legisladoras del Partido Acción Ciudadana (PAC) Nielsen Pérez y Paola Vega, quienes se refirieron a la propuesta para que los magistrados se puedan reeligir por una única ocasión, y hablaron de la necesidad de transparentar la toma de decisiones en la cúpula del Poder Judicial.

El republicano socialcristiano, Otto Roberto Vargas, llamó a aprobar reformas para que las votaciones disciplinarias en la Corte se hagan públicas, y se decidan por mayoría simple.

Vega también dijo que los legisladores deberían comprometerse a suspender los nombramientos de las magistraturas vacantes hasta que se resuelvan las reformas pendientes.

“Requerimos una reforma profunda al Poder Judicial, las curitas son necesarias como una medida inmediata y a corto plazo, pero las cirugías también son necesarias para poder tener un Poder Judicial legitimado y robustecido”, dijo Pérez.

Eduardo Cruickshank, de Restauración Nacional, difiró con ella. El legislador limonense dijo oponerse a aprobar leyes “apagaincendios”, las cuales considera irresponsables.

“No es el mecanismo de elección, quiero que eso quede claro. El problema principal radica en que el Poder Judicial ha estado inmerso en una burbuja de inaccesibilidad, y lo que se requiere es convertirlo en un Poder Judicial de cristal”, manifestó Cruickshank.

La renuncia del presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, también fue objeto de críticas. La liberacionista Franggi Nicolás tildó esa decisión de “cobardía".

“Es muy lamentable que los costarricenses tengamos que pagarle ¢8 millones de pensión a una persona que realmente ultrajó el sistema del Poder Judicial, pero si lo quiere hacer, que ni un segundo más esté como presidente de la Corte Suprema de Justicia”, reprochó Nicolás.

Lo mismo expresó Carmen Chan, de Restauración.

“Es inaceptable que después de tantos cuestionamientos de parte de los propios funcionarios del Poder Judicial y gracias a la labor ejemplar y diligente de la prensa nacional, el primer magistrado abandone el barco y se acoja a la pensión de lujo. Increíble, evadiendo el proceso de la justicia y no dando la cara”, criticó Chan.

La Corte Plena primero dictó una amonestación escrita a los magistrados Carlos Chinchilla (presidente del Poder Judicial), Jesús Ramírez, Doris Arias Madrigal y María Elena Gómez Cortés por una “aflta grave”, pero este martes rectificó y dictó una suspensión de dos meses. Horas antes de que se emitiera el nuevo castigo, Chinchilla anunció su jubilación inmediata.

Este miércoles se conoció que el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en un lapso de tres horas, acogió una solicitud de Arias para que se suspendiera sanción. Por la tarde, además, la alta jueza anunció que se jubilará en noviembre.