Silvia Artavia.   26 junio, 2018
El pago de incentivos a los empleados representa el principal gasto de la entidad: ¢155.000 millones de los ¢474.800 millones de presupuesto para este 2018.

A la hora de decidir en dónde recortar dinero para el 2019, la cúpula del Poder Judicial dejó intactos los pluses salariales que reparte entre sus funcionarios, los cuales consumen la mayor parte de los gastos en una entidad que desembolsa, en promedio, ¢1 millón mensuales por empleado solo en incentivos.

El gobierno de Carlos Alvarado limitó el pago de pluses en los ministerios para evitarle una crisis económica a la población, y les solicitó a los demás poderes de la República imitar sus medidas de ahorro.

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Sin embargo, la Corte no tocó los ¢155.000 millones que gasta en sus beneficios salariales, los cuales se comen una tercera parte de su presupuesto anual (de casi ¢475.000 millones).

Ese dinero, transferido por el Gobierno a la Corte para su funcionamiento, proviene de los impuestos cobrados a los contribuyentes.

Por ahora, el logro de la entidad es haber mantenido el presupuesto para el 2019 en el mismo monto estimado para el 2018 (¢474.800 millones).

La Corte proyectaba gastar ¢485.000 millones en el 2019, pero se comprometió con Hacienda a presupuestar los mismos ¢475.000 millones de este año, evitando un crecimiento de unos ¢10.000 millones.

La directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero, declaró que la Corte tiene autonomía y cuenta con una ley de salarios propia por ser un poder de la República, por lo que no está obligada a acatar las medidas de restricción del gasto del Ejecutivo.

Por su parte, Nacira Valverde, directora de Planificación, afirmó: “No se pueden acatar (todas las medidas de reducción de gasto del Ejecutivo) porque somos un poder de la República. El poder de la República tiene independencia y necesita analizar su entorno”.

Dedicación exclusiva

En el caso de la dedicación exclusiva, el Ejecutivo redujo a un 10% y un 25% los porcentajes del salario base que se pagarán a nuevos bachilleres y licenciados, por este plus, en vez de un 20% y un 55%.

No obstante, el Poder Judicial paga más, entre un 20% y un 65% según el grado académico y la clase de puesto profesional.

Al consultársele si imitará la medida tomada por el Gobierno, la entidad respondió que se rige por su propio Reglamento del Régimen de Dedicación Exclusiva. Añadió que es independiente en esta materia porque también "su propia legislación en cuanto a Ley de Salarios".

La Corte no se ha sumado a esta medida, pero afirma que está revisando este plus internamente.

Este 2018, la Corte pagó ¢37.500 millones en dedicación exclusiva y prohibición, convirtiéndose en el segundo rubro de mayor tamaño.

Anualidades

Dado que su ley de salarios no es específica con respecto al pago de anualidades, la Corte paga este plus de acuerdo a las directrices de la Dirección General del Servicio Civil.

Por ello, concede a sus empleados entre un 1,94% y un 2,56% del salario base, adicional, por cada año laborado.

Sin embargo, el Gobierno solicitó al Servicio Civil cambiar de este pago, de manera que ya no sea un porcentaje del salario, sino un monto fijo. La idea es evitar el crecimiento exponencial del gasto en este plus.

Sin embargo, ahora que las reglas están por cambiar, la Corte no está segura de adaptarse al cambio. La decisión queda en manos de la Corte Plena, dijo la entidad.

Francisco Chang, subdirector de del Servicio Civil, afirmó que si el Poder Judicial decidiera apelar a su autonomía y no frenar el crecimiento en anualidades, está facultado para hacerlo.

“Las anualidades están contempladas en la Ley de salarios de la administración pública. El tema de si la Corte se separa de los contenidos de la escala de sueldos de esa normativa, es un tema que la Corte analiza desde su facultad jurídico-administrativa. Ellos son los que deciden si lo hacen o no”, explicó Chang.

Sin embargo, el funcionario advirtió de que el Poder Judicial reporta salarios mucho más altos en comparación con el resto de funcionarios públicos. “En la Corte ganan como tres veces más”, recalcó Chang.

Las anualidades son uno de los incentivos que más recursos demandan al Estado. Este 2018, el gasto de la Corte en este rubro es de ¢36.200 millones.

‘Otros incentivos’

El mayor gasto en pluses del Poder Judicial lo constituyen los “otros incentivos”, que son 21 beneficios específicos para los funcionarios judiciales y que cuestan casi ¢60.000 millones anuales. Estos no fueron tocados, se mantienen intactos.

Estos pluses podrían modificarse en cualquier momento, pues no tienen rango de ley, sino que fueron creados por la cúpula.

Desde agosto del 2017, la Corte Plena ordenó a las direcciones Jurídica y de Gestión Humana estudiar posibles ajustes en los porcentajes y montos que se paga a los empleados por incentivos como zonaje, dedicación exclusiva, disponibilidad, reajustes salariales por horas extras, ascensos, vacaciones profilácticas y otros.

“Estamos en un proceso de revisión de toda la normativa para que se tomen medidas de ajuste en esa línea (de restricción del gasto que plantea el Gobierno)”, afirmó Romero.

Por su parte, la directora de Planificación, insistió en que no es posible adelantar criterios de qué pasará. “Es un análisis que, conscientemente, se pidió desde el año pasado, adelantándose a las medidas de contención del gasto que ya sabíamos que se requerían”, aseveró Valverde.

Ajuste salarial

La única medida del Gobierno que la Corte imitará, por ahora, es el aumento salarial de ¢3.750 por semestre para todos los empleados.

Desde el 2005, la institución venía aplicando el mismo incremento salarial por costo de vida que daba el Gobierno a los funcionarios públicos, el cual se regía como un porcentaje y no como un monto fijo.

Sin embargo, una reciente directriz del Ejecutivo ordenó pasar el aumento a ¢3.750 para todos los empleados, medida que será acatada por la Corte.

“El mensaje del presidente de la Corte (Carlos Chinchilla) es de que nos vamos a sumar (a las medidas de restricción del gasto). No se trata de entrar en un conflicto de que tenemos la obligación, porque hay un tema de independencia, sino de que nos vamos a sumar”, argumentó Romero.

El nuevo aumento salarial regirá para todos los colaboradores, a excepción de la clase gerencial, un grupo de 46 personas que ostenta los sueldos más elevados en el Poder Judicial. A estos últimos no se les hará incremento para cumplir con la petición gubernamental de no subir los salarios a los altos jerarcas, aseguró la directora ejecutiva.

Consultada sobre las medidas de restricción del gasto tomadas por el Poder Judicial, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, afirmó que se trata de “un esfuerzo importante”

“Yo no quisiera que se vea como que se limita (la Corte) a hacer el ajuste salarial. Realmente, es un esfuerzo importante que yo creo que vale la pena reconocerle. No es tan sencillo mantener un presupuesto en los mismos términos que el año anterior, sobre todo cuando hay disparadores automáticos en algunos elementos de gasto”, comentó la Ministra.