Antes de asumir como diputado del Frente Amplio el 1.° de mayo del 2014, Jorge Arguedas Mora enfrentó un proceso en el ICE, en el que la entidad le cobró ¢20,6 millones por faltar a su trabajo de forma irregular para dedicarse a sus funciones como sindicalista a tiempo completo.
Consultado sobre el tema, Arguedas dijo en pocas palabras que ese caso “estaba ganado” por prescripción. Durante el proceso, el sindicalista se acogió a la movilidad laboral, y se fue del ICE para ser legislador.
Pero ¿qué pasó en el ICE para que se permitiera que un empleado, líder sindicalista con un proceso de despido sin responsabilidad patronal, no solo ganara el caso por prescripción, sino que se acogiera a la movilidad laboral para ser diputado?
Las respuestas están en el informe de la Auditoría Interna del ICE y las explicaciones que dieron sobre el caso a La Nación tanto el jefe de Capital Humano, Roberto Chacón, como el director de Procesos Disciplinarios, Roberto Aguilar.
Aferrado a un acuerdo del 2008 para dedicarse a tiempo completo como sindicalista, el hoy congresista evitó presentarse en su centro de trabajo dentro del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Arguedas intentó, mediante notas a los presidentes ejecutivos de turno del ICE, obtener su permiso con goce de salario para dedicarse a labores sindicales de forma permanente. Sin embargo, tanto Eduardo Doryan como Teófilo de la Torre le aclararon al dirigente que el permiso con goce de salario para actividades sindicales no sobrepasa los seis días al mes.
A pesar de las aclaraciones, Arguedas seguía sin presentarse a trabajar. Hasta que el 12 de mayo del 2010, su jefe, Carlos Marín Hernández, le ordenó volver a su plaza como técnico en telecomunicaciones.
Pero Arguedas no hizo caso de las advertencias, y en lugar de ir a su puesto, se dirigía a la Asociación Nacional de Técnicos en Telecomunicaciones (Anttec).
Durante ese tiempo, el líder gremial se limitó a emitir informes de su labor como sindicalista, a pesar de que eso no era lo que le pedían las autoridades de la entidad estatal. Marín elevó la queja al subdirector de Desarrollo de Proyectos de Telecomunciaciones del ICE, Mayid Halabí Fauaz.
No obstante, el funcionario no le dio asesoramiento ni tomó medidas. La situación se mantuvo así hasta el 2012.
Investigación. La Auditoría Interna de la institución empezó a investigar el ausentismo prolongado de Arguedas hasta el 25 de mayo del 2013, tras recibir un oficio de la Contraloría General de la República, en la cual solicitaba revisar el caso.
Para entonces, el daño a la institución provocado por el ausentismo del hoy diputado ya alcanzaba los ¢20,6 millones, según determinó la Auditoría a través de la investigación y reflejada en el informe AEES/DBA/EE03-2013.
La revisión determinó que Arguedas faltaba a su puesto de trabajo pese a las órdenes de su jefe directo, ya que se le había aclarado por escrito que el permiso sindical que obtuvo en el 2008 ya no tenía vigencia.
El informe señala que tanto Arguedas como sus jefes pudieron incurrir en faltas con responsabilidad administrativa y civil.
La Auditoría solicitó que se procediera a la apertura de un proceso administrativo, no solo contra Arguedas, sino contra toda la cadena de jefaturas por encima suyo.
Fracaso. Todo apuntaba a que Arguedas tendría que enfrentar las consecuencias de su ausentismo, pero un atraso en el proceso se trajo al suelo la solicitud de la Auditoría Interna del ICE.
En julio del 2013, cerrada la investigación, la Auditoría dirigió una nota al entonces gerente de Telecomunciaciones, Carlos Metcuchen, en la que le pedía abrir el proceso administrativo de despido en contra de Arguedas y el cobro de los ¢20,6 millones.
Sin embargo, Metcuchen se tardó hasta noviembre de ese año en solicitar la apertura del procedimiento. Dicha tardanza significó el fracaso del proceso disciplinario.
Roberto Chacón, jefe de la Dirección de Capital Humano de la entidad, afirmó que Metcuchen estaba enterado del caso, pero tal y como hizo la cadena de jefaturas de Arguedas desde el 2010, no actuó conforme a lo establecido en los estatutos del ICE.
“Evidentemente, el gerente del sector estaba enterado, él mismo abrió el procedimiento. Jorge Arguedas no era un funcionario cualquiera”, destacó Chacón.
A pesar de que las causas de prescripción están señaladas en el ordenamiento interno del ICE, el gerente de Telecomunicaciones Carlos Metcuchen, no solicitó en tiempo la apertura del proceso contra Arguedas.
El mismo Metcuchen fue quien encabezó el órgano decisor que estableció la prescripción de la causa.
En resumen, a Metcuchen se le fue el tiempo y permitió la prescripción por un lado, y por el otro, decretó que el proceso había prescrito y se dio por cerrado.
Tal decisión salvó no solo a Arguedas de ser procesado con causa de despido y de pagar los ¢20,6 millones, sino que también salvó a la cadena de jefaturas de ser eventualmente sancionadas.
No fue posible conversar con Metcuchen, quien dejó de laborar para el Instituto el año pasado.