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Ni el IAFA ni el Cosevi ni la Oficina de la Defensa Pública del Poder Judicial encontraron necesario o urgente un plan para establecer la cero tolerancia de alcohol cuando se conduce.
El proyecto 19.270, impulsado por el diputado de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, que consume el trabajo de la Comisión de Niñez, Juventud y Adolescencia, pretende establecer en 0,2 gramos por litro de sangre el máximo de alcohol permitido a los conductores.
El límite vigente en la ley de tránsito es de 0,5% gramos y se estableció así de acuerdo con el parámetro mínimo aceptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Para el médico y director del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Luis Eduardo Sandí, el límite de 0,2% de alcohol por litro de sangre es más agresivo que el de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es del 0,5%.
En criterio de Sandí, hay otras prioridades en el tema del control de alcohol en las carreteras, como, por ejemplo, facilitar la gestión de los oficiales de tránsito, quienes con la ley actual se ven obligados a acompañar a choferes a centros médicos para que se hagan pruebas de sangre.
Pese a que la iniciativa es conocida en la Asamblea como el plan de “cero tolerancia al alcohol al volante”, el director del IAFA consideró que llegar a ese punto es prácticamente “un mito”, pues el cuerpo humano produce niveles bajos de azúcar al descomponer los alimentos en el proceso digestivo.
Coincidentes. Un criterio similar sostiene el director jurídico del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), Carlos Rivas, quien señaló que aumentar límites en este apartado no tiene sentido si los oficiales de Tránsito no disponen de las herramientas para castigar a los choferes ebrios.
“El frío no está en las cobijas. Se puede poner cualquier porcentaje, que, si no se pone en práctica, de nada vale. El problema es lo engorroso para el tráfico del control en carretera”, dijo Rivas.
Este recalcó que el problema real es que los oficiales de tránsito están obligados a acompañar a los conductores detenidos por ebriedad a hacerse exámenes de sangre, lo que los saca de circulación y entorpece su trabajo. Para Rivas, el Congreso y el Cosevi deberían enfocarse en resolver estos inconvenientes.
La directora de la Oficina de la Defensa Pública del Poder Judicial, Marta Iris Muñoz, alertó a los diputados sobre los riesgos, que, a su criterio, plantea la propuesta de ley.
La funcionaria cuestionó a los legisladores sobre los resultados de una medida de este tipo, así como el impacto del alcohol en los accidentes de tránsito, donde, según el plan de ley, solo en el 6% de los percances mortales, está presente el nexo conductor-alcohol.
En medio de la discusión, los diputados plantearon consultas a órganos técnicos del Estado, municipalidades, colegios profesionales y el sector privado.
En este apartado, resaltó la posición de Marta Iris Muñoz, quien enfatizó en que una propuesta así solo vendría a sobrepoblar más las cárceles del país, sin que se perciba un cambio positivo.
Prohibición. “Me pregunto si estamos dispuestos a prohibir totalmente el uso del licor, porque sería olvidarnos en actividades oficiales de los poderes supremos, donde ustedes ya han visto en algunas informaciones, sobre la compra de licor que se hace para brindis”, razonó Muñoz.
Ella planteó su posición en una audiencia que le concedió la Comisión Legislativa de Juventud, Niñez y Adolescencia, el 21 de abril, una semana antes de que finalizara el periodo extraordinario pasado.
Aun así, el diputado Alvarado, defiende el plan y asegura que su partido seguirá impulsando la iniciativa, a pesar de que, según dijo, hay grupos económicos beneficiados con la venta de alcohol que están en contra.
“La ciencia ha advertido de que el riesgo se genera con una concentración de etanol en sangre de 0,3 a 0,5 gramos por litro de sangre, lo que produce excitación emocional, reducción de la agudeza mental y de la capacidad de juicio, relajación y sensación de bienestar”, manifestó Alvarado.
