El Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José determinó la ilegalidad de la huelga en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), con lo cual suman ocho las declaratorias de ese tipo en distintas instituciones desde el viernes 21 de setiembre.
El más reciente pronunciamiento fue emitido este jueves 27 de setiembre, a las 3:05 p. m., por el juez Rudy Enrique Araya Jiménez, según consta en el expediente 18-002835-1178-LA – 9.
La sentencia condena a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) al pago de ¢500.000 por las costas procesales.
El juzgado consideró ilegal la huelga debido a que los sindicalistas no realizaron una asamblea general, como era debido, sino que únicamente presentaron un acta notarial en la cual indicaban que se sumarían a las manifestaciones en contra de la reforma fiscal.
“...no quedó demostrado que se cumpliera con el procedimiento para constatar el porcentaje de apoyo mínimo requerido”, dicta la sentencia.
El pronunciamiento prosigue: “...al tratarse de un sindicato con una gran cantidad de seccionales, como la ANEP, cuenta precisamente con los suficientes afiliados, afiliadas y personal, para convocar a una asamblea general y constatar el apoyo requerido de la norma citada”.
Desde el pasado 21 setiembre, diversos juzgados de trabajo han declarado la ilegalidad de la huelga en ocho entidades distintas.
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La primera fue en el Consejo Nacional de Producción (CNP), seguida por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), la Municipalidad de Santa Ana y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah).
Este miércoles también se declaró ilegal la huelga en el Banco Central de Costa Rica (BCCR), la Junta de Protección Social (JPS) y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
El caso más reciente fue el de este jueves en el IMAS.
El movimiento de huelga, promovido por la Unión Sindical contra la reforma fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa y que impulsa el Gobierno de Carlos Alvarado, suma ya tres semanas.
Desde entonces, 32 instituciones públicas han solicitado declaratorias de ilegalidad.