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Texto original publicado por La Nación el 4 de mayo de 1973
Nueva York. Un juez federal ordenó el arresto del financiero Robert Vesco para forzarlo a comparecer ante un gran jurado que investiga sus negocios y su donación de $250.000 a la campaña para la reelección de Richard Nixon en 1972.
El juez federal del distrito, Edmund Palmieri, firmó la orden de captura de Vesco tras subrayar que Vesco no había acatado una citación que se le envió el 18 de diciembre de 1972 y mencionó que el financiero podría estar en Costa Rica.
El abogado de Vesco, Edward Bennett Williams, dijo nuevamente que su cliente rehusaría aparecer ante el gran jurado a menos de que se le diera inmunidad de persecución. Además, dijo que los abogados del gobierno habían rehusado anteriormente darle tal inmunidad.
En otras noticias:
Jóvenes sin interés por sacar cédula
“En nuestras visitas a los colegios de enseñanza media, nos hemos dado cuenta de que los jóvenes están un poco reacios a obtener su cédula de identidad”, dijo el licenciado Rafael Villegas, inspector electoral, en una conferencia de prensa.
Villegas manifestó que “en algunos colegios, hemos tenido que usar la autoridad del director para que los jóvenes vayan a una aula donde están nuestros delegados con los papeles necesarios para sacar su cédula”.
Además, dijo que habrá que hacer una campaña sistemática ante el público para lograr la meta de tener inscritos a 880 mil electores para los próximos comicios.
Nixon busca eliminar límites a venta de armas en Latinoamérica
Washington. El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, instó hoy al Congreso norteamericano a eliminar los límites sobre las ventas de armamento de Estados Unidos a Latinoamérica.
En cuanto al asunto de la venta de armas, el gobernante dijo al Congreso: “Nuestros esfuerzos unilaterales en restringir las ventas de armamento han contribuido al surgimiento de sentimientos nacionalistas y al creciente resentimiento contra los remanentes del paternalismo norteamericano”.
Este Congreso había impuesto hace varios años un límite de $100.000.000 a las ventas militares a América Latina. A petición de la Casa Blanca, este límite fue aumentado hasta $150.000.000.
