Si el Gobierno accede a siete de las múltiples peticiones de reformas al plan fiscal que le presentaron los diputados, podría perder entre ¢115.000 millones y ¢145.000 millones de lo que tiene previsto recaudar con el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Es decir, hasta un 23%.
Así se lo explicó, este lunes, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, a las fracciones legislativas durante la segunda mesa de diálogo sobre la reforma fiscal que tuvo lugar en el Castillo Azul, sede de la presidencia del Congreso.
Los cálculos de Hacienda corresponden, particularmente, a las propuestas para reducir del 4% al 2% las tasas del impuesto al valor agregado (IVA) en medicamentos, salud y educación privadas, así como el cobro de ese mismo impuesto a los servicios, solamente sobre el exceso del tope en servicios como agua, electricidad y alquileres.
También hay un cálculo para lo que se dejaría de percibir en recursos frescos provenientes del IVA del 2% sobre la canasta básica.
Específicamente, bajar del 4% al 2% la tasa del tributo a los medicamentos y la compra de insumos implicaría un 0,06% del producto interno bruto (PIB) menos; reducir el tributo en salud privada al 2%, sería un 0,03% del PIB menos, y la reducción del impuesto a la educación privada, también a una tasa del 2%, implicaría perder 0,08% del PIB.
Además, modificar la propuesta para que el IVA se pague solamente sobre el excedente del consumo de electricidad mayor a 250 kilovatios/hora, de agua superior 30 metros cúbicos y los alquileres mayores a ¢430.000 le quitaría a la recaudación un 0,09% del PIB.
Solo esas seis propuestas implicarían una pérdida del 0,26% del PIB, o sea, ¢85.000 millones.
Pero, además, Hacienda estima que cada punto porcentual que se le quite al impuesto previsto para la canasta básica (para la cual se propone un 2% del IVA) se perderían ¢30.000 millones.
En ese caso, si la tarifa del impuesto se reduce a la mitad, tal como propone el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), en total se recaudarían ¢115.000 millones menos.
Pero si, como quiere el Partido Restauración Nacional (PRN), la canasta básica se queda en una tasa cero, entonces el plan se debilitaría al punto de recibir ¢145.000 millones menos de lo previsto, o sea, casi medio punto porcentual del PIB (0,44%).
Estas son apenas siete de las peticiones de los legisladores para modificar el plan fiscal, en medio de una lista tan variada que implicaría reducir tarifas a una gran cantidad de sectores y modificar la propuesta del impuesto sobre la renta, también.
Según el viceministro de Ingresos, Nogui Acosta, lo que el Gobierno tiene previsto recaudar con esta reforma fiscal, como mínimo, es un 1,9% del PIB, o sea, ¢623.000 millones. Entre el plan fiscal y una serie de medidas administrativas anunciadas por Rocío Aguilar desde finales de mayo, el Ejecutivo calcula un rendimiento que va del 3% al 4% del PIB.
Ministra: bajar canasta básica es ‘inconveniente’
Luego de presentarles estos cálculos a los diputados, la ministra de Hacienda explicó que hay varios puntos que resultaría inconveniente negociar a la baja, en particular el de la canasta básica, no solo porque se perderían ingresos, sino porque se beneficiarían sectores con muchos ingresos.
“La discusión, hoy, se centraba en la inconveniencia, desde todo punto de vista, de una canasta básica exenta, porque habría que tomar decisiones, de qué pasaría con los insumos. Si los insumos se mantienen con un gravamen, al final van a perjudicar al consumidor”, comentó la jerarca.
Agregó que mantener la tasa del 2% a la canasta básica “permite controlar la evasión, o sea, aumentar la formalidad de los contribuyentes y combatir la evasión”. Esto, porque se le da trazabilidad a todos los que participan en la cadena.
Aguilar afirmó que controlar la evasión ha sido una exigencia, no solo de los políticos, sino de todo el mundo y explicó que el impuesto al valor agregado es una de las herramientas para combatir la evasión “por excelencia”.
“Si empezamos a renunciar del IVA para una serie de actividades, renunciaríamos implícitamente al control de la evasión”, manifestó la jerarca de la hacienda pública.
“Si bien hay un grupo poblacional que tiene un efecto negativo, también una canasta de cero hace que grupos de muchísimos ingresos tengan el mismo beneficio, lo cual no tiene sentido”, insistió Aguilar, para quien es preferible buscar medidas de compensación para los grupos de menores ingresos, que renunciar al impuesto del todo.
En cuanto a la norma de subcapitalización, para limitar la cantidad de intereses que los empresarios pueden deducir de sus declaraciones de renta a modo de gastos de operación, Rocío Aguilar dijo que es factible aumentar el techo a un 30%, tal como lo plantea el Partido Liberación Nacional (PLN), pero irlo bajando a un 20% gradualmente, a dos puntos porcentuales por año, durante un lapso de cinco años.
Aunque la negociación está en ciernes, aún, para el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, hay buen ambiente y ya se tienen avances.
“Estamos en ese proceso, en estos días, esta semana y quizá principios de la próxima estamos en esa tarea. Hay otras solicitudes, de propuestas intermedias que se deben calcular”, dijo Piza.
Además de la mesa de diálogo que reúne a varios partidos políticos, el ministro de la Presidencia comentó que se hacen citas individuales con cada agrupación política.
De hecho, la noche de este lunes, Restauración Nacional sostenía un encuentro con Rocío Aguilar en el Ministerio de Hacienda.
Otras peticiones de los diputados
Aparte de las siete peticiones de los diputados ya mencionadas, en la primera cita con el Gobierno plantearon otros cambios, como bajar el IVA a las primas de seguros de riesgo, del 13% al 4%; eximir las primas de seguros agropecuarios y los arrendamientos de inmuebles que paguen las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
También hay planteamientos para bajar la tarifa de seguridad privada, la de actividades agrícolas y otros bienes, como maquinaria y equipo agrícola, reencauches de llantas y productos veterinarios.
Liberación y la Unidad quieren que se graven los premios de la lotería. Los socialcristianos hablan de eximir de la renta los beneficios y prestaciones del sistema de pensiones, así como excluir las pensiones de las rentas de capital mobiliario e incluir como deducibles de renta las contribuciones especiales y parafiscales.
Igualmente, el PUSC plantea que se les baje el impuesto a las utilidades del 15% al 7% a las mutuales y cooperativas.
En cuanto a empleo público, esos dos partidos solicitan aclaraciones sobre los años de cesantía, además de que se unifiquen los 14 regímenes de empleo y se aplique el salario único.