El país se ahorrará casi ¢11.500 millones ($20 millones) anuales por la reducción en el pago de los intereses de la deuda pública, si el Congreso aprueba el préstamo por $500 millones suscrito a finales de mayo entre el gobierno y el Banco de desarrollo de América Latina (CAF) para sostenibilidad fiscal.
El ahorro obedecería a que, con el crédito, el Ministerio de Hacienda se libraría de deudas adquiridas en el mercado local que cobran un interés del 8% y, en su lugar, le pagaría un 4% al CAF.
Así lo aseguraron la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, y el director de Crédito Público, Melvin Quirós, quienes acudieron este miércoles a la Comisión de Hacendarios a explicar la necesidad de que el Congreso apruebe el empréstito.
“Es una matemática. Si usted tiene un préstamo de $500 millones y pasa de una tasa del 8% a una tasa del 4%, se ahorra un 4% que, multiplicados por $500 millones, da $20 millones (¢11.463 millones)”, explicó Aguilar.
El empréstito, suscrito entre Hacienda y el CAF el pasado 24 de mayo, tendrá un plazo de 18 años y con dos de gracia. Servirá para pagar intereses de la deuda y bonos de deuda con vencimiento para los próximos meses.
La jerarca alegó que el destino de ese crédito no se traduce en más endeudamiento, sino en tasas más bajas y a más largo plazo para pagar otras deudas suscritas en el mercado local con intereses más elevados y en periodos más cortos.
Es decir, el préstamo del CAF tendrá un uso similar a los $1.500 millones aprobados para una emisión de eurobonos, los cuales serán colocados en el mercado externo para refinanciar deuda interna.
Con ello, según Aguilar, se reduce de manera importante el riesgo de financiamiento del país por la flexibilidad de estos nuevos créditos, que permitirá a Hacienda tener una estructura de pagos durante 15 años, en condiciones más favorable para el presupuesto y con cuotas de pago más programables.
Aguilar les recordó a los diputados que la ruta de consolidación fiscal inició a finales del año pasado, cuando el Congreso aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con la cual se prevé recaudar ¢422.400 millones más por año.
Mencionó que dicha ley contiene herramientas para contener el gasto público, como la regla fiscal que limita el aumento del gasto corriente en las instituciones y regula los excesos en los pluses salariales.
“La regla fiscal será satisfecha. El 1.° de setiembre presentaremos el presupuesto de la República y de acuerdo con la Ley y su reglamento, la posibilidad del incremento del presupuesto en el gasto corriente será del 4.67%. A nivel del gobierno central no tengo ninguna duda de que la Contraloría General de la República será vigilante de que esta regla también se pueda cumplir”, explicó la jerarca.
La segunda parte de la ruta, mencionó la jerarca, la compone el plan de financiamiento externo integrado por la colocación de eurobonos y $850 millones de préstamos a organismos internacionales como el CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Una tercera parte de esa ruta, recordó la ministra, la componen proyectos de ley que se tramitan en el Congreso como el de reforma al empleo público, que propone crear salarios competititovs en el Estado sin necesidad de los pluses que crecen exponencialmente y disparan el gasto.