Josué Bravo. 5 enero
Paola Mora Tumminelli, durante una entrevista con La Nación el 4 de marzo del 2016, mientras era presidenta del BCR. Fotografía: Marcela Bertozzi.
Paola Mora Tumminelli, durante una entrevista con La Nación el 4 de marzo del 2016, mientras era presidenta del BCR. Fotografía: Marcela Bertozzi.

El Ministerio de Hacienda le cobra ¢11,2 millones en impuestos a la expresidenta del Banco de Costa Rica (BCR), Paola Mora Tumminelli.

Así lo informó en un correo electrónico enviado ante una consulta de La Nación, en el que precisó que el monto responde al impuesto sobre la renta más intereses.

“La deuda corresponde al impuesto sobre la renta, del período fiscal 2016 , por la prestación de servicios profesionales”, explicó Hacienda.

Hacienda envió la información luego de que este medio le consultara si, aparte del caso de la exministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, tenía abierto algún otro proceso de cobro contra exjerarcas del gobierno anterior.

El mes pasado el medio digital CRHoy divulgó que Sánchez acudió a tribunales para no tener que devolver ¢28 millones correspondientes a un sobresueldo que fue calificado como indebido durante el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018).

En tanto, tras ser consultada por La Nación, este jueves 3 de enero, Paola Mora dijo desconocer el cobro.

“Desconozco de lo que habla por completo”, reaccionó la expresidenta del BCR en un mensaje de texto por Whatsapp. “Yo lo desconozco por completo”, añadió.

Mora explicó que se encontraba de vacaciones y que este lunes 7 de enero indagará sobre la deuda con Hacienda.

Ella asumió como directiva del BCR al inicio de la administración Solís Rivera (2014-2018).

El BCR la eligió oficialmente como presidenta de su junta directiva el 25 de mayo de 2015, cargo que ostentaba desde el 07 de abril de ese mismo año tras la renuncia de Rónald Solís Bolaños.

Su periodo como presidenta del banco se extendió hasta el 2017.

Mora renunció al puesto en julio de ese año alegando que los demás miembros de la Junta Directiva la presionaron, en medio del escándalo por el préstamo otorgado por el BCR para que el empresario Juan Carlos Bolaños importara cemento chino.

No obstante, ella siguió como miembro de ese órgano hasta que fue suspendida el 3 de octubre del 2017 junto con otros cuatro directivos de la institución, como medida cautelar, mientras el Consejo de Gobierno investigaba un supuesto mal manejo del Gobierno Corporativo del BCR.

A su vez, el Ministerio Público investiga a Mora como sospechosa de los delitos de peculado (sustracción de bienes públicos) y tráfico de influencias (interceder para beneficiar a otra persona) por dos asuntos: uno vinculado con el caso del cemento chino y otro por supuestamente favorecer a una asociación relacionada con el equipo de fútbol de la Universidad de Costa Rica (UCR).

El 18 de agosto de 2018, fue detenida durante un allanamiento realizado por fiscales y policías judiciales en su vivienda en La Unión de Cartago.

Un día después, el Juzgado Penal de San José la dejó en libertad pero le decomisó el pasaporte y le dictó impedimento de salida del país por seis meses.

Además, debe firmar cada 15 días en un despacho judicial y se le prohibió tener contacto con testigos de la causa penal.

El pasado 18 de diciembre, el Gobierno la destituyó al encontrarla responsable de un mal manejo del gobierno corporativo y de haber promovido la alteración del acta de la sesión de Junta Directiva del BCR del 26 de abril del 2017.

En aquella ocasión, Mora era presidenta del banco y, según el Gobierno, ella promovió el cambio del punto VIII del acta 16-17.

Ella es licenciada en derecho y notaria pública. Cuenta con una maestría en Administración de Negocios con énfasis en Finanzas y ha dado consultorías a empresas nacionales e internacionales en materia civil, ambiental, empresarial y municipal.